Oidores y capitulares tras el botín (1501-1821)

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Durante el período colonial, la Corona fracasó en su intento de frenar los abusos de los funcionarios reales quienes, por lo general, encontraban la fórmula de salir airosos de las denuncias en su contra.

Los actos de ilegitimidad en el Istmo comenzaron de la mano de Vasco Núñez de Balboa, en 1510, cuando depuso a Martín Fernández de Enciso y se deshizo del gobernador Diego de Nicuesa para consolidar su poder en Santa María la Antigua del Darién.

Por su parte, Pedrarias (Furor Domini) se caracterizó no solo por el maltrato y exterminio de los indígenas, sino también por dedicarse a actividades lucrativas incompatibles con su cargo. Extorsión, malversación, fraudes, intimidación, tráfico ilícito de indígenas, violación de la correspondencia e incumplimiento de las ordenanzas reales fueron apenas algunas de las denuncias que tuvo que enfrentar en dos juicios de residencia.

Pese a que en 1536 la corona le prohibió a las autoridades en América “tratar y contratar”, la medida no fue efectiva pues los atrasos en el pago de los salarios llevaron a los funcionarios reales a vincularse comercialmente con las elites criollas.

Dos años más tarde, se estableció la Real Audiencia de Panamá, que fue suprimida por los escándalos de sus miembros. Los oidores (jueces) Francisco Pérez de Robles, Lorenzo Paz de la Serna y Pedro de Villalobos se destacaron por sus abusos y actos de corrupción. El primero llegó a utilizar los resortes del poder político para su enriquecimiento personal. Fue dueño de encomiendas y haciendas, de casas que alquilaba al Gobierno, así como también tratante de esclavos indios. Estos abusos llevaron a la eliminación de la Audiencia en 1543.

Entre 1563 y 1751, se restableció la Real Audiencia sin que cesaran los escándalos y las intrigas entre sus miembros. Las pugnas internas enfrentaron a los oidores con los gobernadores y desembocaron en verdaderas crisis de gobernabilidad, como en ocasión de las destituciones de Francisco de Guzmán, Juan Pérez de Guzmán y Dionisio de Alsedo. Este último caso es particularmente interesante porque después de desarticular la red de contrabandistas que operaba en Natá bajo la protección de los oidores, Alsedo fue acusado de extralimitación de funciones y destituido. Doce años le llevó demostrar su inocencia.

Otra institución de dudosa trayectoria fue el Cabildo, controlado, en buena medida, por los comerciantes criollos que llegaron a convertirse en un poderoso grupo de presión que se enfrentó a los oidores y gobernadores. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, ante la ausencia de la Real Audiencia, el Cabildo se fortaleció y dominó los resortes del poder político y económico mediante las prácticas del nepotismo y el contrabando.

En 1812 y 1813, cuando el Cabildo apoyó al virrey Benito Pérez a cambio de privilegios comerciales, los oidores de la restablecida Real Audiencia forzaron su renuncia después de acusarlo de violar las leyes, realizar actos despóticos y tolerar el contrabando. Entretanto, las autoridades metropolitanas declaraban ilegales las elecciones efectuadas por los capitulares en Panamá, al comprobar los nexos de parentesco entre los candidatos.

Otra investigación determinó que estos realizaban un intenso contrabando con Jamaica a través del puerto del Chagres. Fue precisamente este grupo el que encabezó el movimiento independentista del 28 de noviembre de 1821, sobornando a las tropas españolas.

Vale la pena destacar que no todos los funcionarios reales participaban de los actos de corrupción.

Hubo funcionarios bienintencionados que trabajaron por el bien común, así como existen hoy políticos honestos que no utilizan el poder para su propio beneficio. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, sus figuras han quedado opacadas frente a un abigarrado grupo para el cual la política era y es un vehículo para la adquisición de riquezas y poder.

FUENTES

Editor: Ricardo López Arias

Textos: Celestino Araúz y Patricia Pizzurno

Fotografías:Colección RLA/AVSU

Comentarios:vivir+@prensa.com

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