Página del lector_20120131

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SACRIFICADOS EN ARAS DEL PROGRESO

Los árboles que se encontraban plantados en una isleta de la Avenida José Domingo Díaz (Vía Tocumen), a la altura del Centro Femenino de Rehabilitación, fueron talados para permitir el ensanche de la avenida, como parte de los proyectos de reordenamiento vial que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas.

Para una verdadera independencia de la Asamblea

La percepción entre los ciudadanos sobre la independencia de la Asamblea Nacional es negativa, pero eso no es nada nuevo. La forma en que sus miembros manejan, debaten y aprueban las leyes ha contribuido a su progresivo desprestigio, todos recordamos la discusión de la leyes de las privatizaciones, la del Cemis, las reformas fiscales, la ley del Seguro Social, la ley del APP y, hoy, la de la Sala V.

En los últimos 20 años, los gobiernos han procurado, con diferentes métodos, tener la mayoría de diputados a su lado para pasar sus leyes sin problemas. Para ello se ha ensayado por medios electorales (sacar el número mayor de legisladores en el día de las elecciones), por pactos (La Pintada y Mami) y por transfuguismo.

Tras esto, los diputados de la Asamblea Nacional se alinean en gobiernistas y “opositores”. Este último grupo ha estado en gobierno y ha asumido y avalado lo que hoy rechazan. ¿Entonces, cuándo tendremos una Asamblea realmente independiente? Cuando tengamos un número considerable de diputados independientes o de libre postulación (no que se postule dizque independiente para, luego prostituir su voto al gobierno).

Ellos serían realmente el peso y el contrapeso de las discusiones.

Pero en el fondo la composición de la Asamblea Nacional es producto de la voluntad de la mayoría de los habitantes de este país y el sistema vigente de la repartición de las curules.

Para que esto llegue a ser realidad, el ciudadano tiene un rol fundamental que asumir y debe tener en cuenta tres derechos:

1. El derecho de elegir. El Estado, por medio de la Carta Magna, consagra el derecho que tiene cada ciudadano de elegir al mejor candidato.

2. La responsabilidad de elegir. El día en que los ciudadanos comprendan cuan importante es la configuración del Órgano Legislativo, entonces, asumirán con responsabilidad y con patriotismo la elección de los mejores hombres y mujeres, sin depender de su filiación partidista. Mientras más diputados independientes se eligen, será más positivo para nuestra democracia; esto lo alcanzaremos con una buena formación educativa.

3. Los resultados de la elección. Nuestros actos conllevan consecuencias, por lo tanto, si continuamos eligiendo a diputados miembros de partidos políticos, seguiremos viendo estos espectáculos mediáticos entre miembros del gobierno y de la oposición.

El día en que elijamos más diputados independientes que pongan freno a estas leyes impopulares que promueven los partidos políticos, entonces, diremos que, por fin, la Asamblea Nacional es independiente.

Rodelick Valdés R. educador


¿Emprender o aprender?

Emprender, aprender haciendo, llevar ideas a la acción son motores necesarios para enfrentar los desafíos que tiene todo joven en el inicio de su vida adulta. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que no tienen estas habilidades o no las han adquirido aún? Entrarán a formar parte de las largas filas de espera en una agencia de empleo, universidad, construcción u oficina de ayuda social; esperar esa ayuda que casi nunca llega y si llega viene comprometida. Esto se convierte en sinónimo de desvivir.

Nosotros, los de espíritu joven sin importar la edad, debemos dejar de esperar, allí está la clave del éxito: ser impaciente positivamente y sentarnos a pensar, a producir nuevas ideas, y empezar a tomar parte en la acción, en la solución de los problemas. Solo aquel independiente de ataduras económicas, sociales, políticas, puede brindar su apoyo para construir una sociedad más justa y con más tranquilidad económica y social.

Entonces, joven, es tu oportunidad de desarrollar ideas emprendedoras como parte del desarrollo personal y del país.

Bolivia Barrera de Gonzálezes capacitadora laboral


Comentan artículo de opinión

Carlos Alberto Montaner (“En mi cuerpo mando yo”, La Prensa, 23 de enero 2012) opina: “La función del Estado no es protegernos de nosotros mismos. Esa es una tarea de los padres de la familia, quienes deben enseñar sentido común, prudencia y valores adecuados”.

Esto último es cierto; pero la forma en que Montaner plasma lo que no debe ser la función de un Estado, me hace recordar el dicho: “Amarre su perra, porque mi perro anda suelto”.

Parafraseando lo anterior así: “Padres de familias, cuiden a sus hijos; porque mis empresarios que comercializan con la vida humana andan sueltos”, es como si se tratara de justificar el pragmatismo puro (como lo llamaría Andrei Sajarov) que debe regir la actuación de los Estados en relación a la salud de sus ciudadanos.

La función de un Estado no es limitarse a lanzar un “sálvese quien pueda, porque mi perro anda suelto”. Woodrow Wilson dijo en su discurso de primera toma de posesión: “La base firme del Gobierno es la justicia”. Y un Estado imparte justicia a través de las leyes. Y el primer deber de la ley, según Wilson, es “mantener saludable la sociedad a la cual sirve”.

Robin Rovira Cedeño Contador Público


Aclaran contenido de una glosa del ´Tal cual´

El pasado jueves 26 de enero del presente año, en la columna “Tal Cual”, escrita por Mónica Palm, fue publicada una glosa bajo el título de “Parlamentario”, en la que señala lo siguiente: “El suplente de Mayín Correa en el Parlacen es nada menos que el fiscal electoral Eduardo Peñaloza. Cuántas cosas empiezan ahora a tener sentido... Falta que Peñaloza reclame para sí la inmunidad, el pasaporte diplomático y la exoneración vehicular”.

Con relación a lo anterior, debo informar que desde el 27 de enero de 2010, el suscrito presentó su renuncia formal a ese cargo ante el Tribunal Electoral, renuncia que se hizo extensiva a la oficina de enlace del Parlamento Centroamericano en Panamá.

Por tal razón y de forma responsable y respetuosa solicito que se haga la aclaración correspondiente. Espero que lo expuesto sirva de constancia de mi renuncia a esta institución política, consagrada a la integración de los países de Centroamérica.

Eduardo PeñalozaFiscal General Electoral


Discrepancias con la opinión de magistrado

En la edición de La Prensa de 19 de enero del corriente, se publicó el artículo de opinión “El nefasto sistema penal acusatorio”, elaborado por Miguel A. Espino G., quien se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia.

Como abogado litigante que soy discrepo de la opinión del articulista, porque considero que el sistema penal acusatorio (SPA), representará grandes avances en la administración de justicia penal panameña, que –como es de dominio público– castiga severamente a los “hijos de las cocineras” y es extremadamente indulgente con los “delincuentes de cuello blanco”, sean éstos delincuentes comunes que tienen mucho poder económico o funcionarios o exfuncionarios públicos corruptos que “trafican influencias”, lo que les garantiza una impunidad absoluta por sus hechos ilícitos, abusos y corrupción pública.

Escribo estas breves líneas no con el fin de enfrascarme en una polémica estéril, inútil y extemporánea sobre el SPA, que ya es ley de la República (que toda autoridad debe cumplir y hacer cumplir, según el Art. 17 de la Constitución), en cuya discusión, aprobación e implementación han participado organizaciones gremiales y el Gobierno Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin que se sepa –hasta ahora– que el magistrado Espino G. haya abierto su boca en contra del SPA, por lo que él no solo se rebela contra una ley de la República e incurre en una insubordinación absurda e injustificada en contra de sus superiores jerárquicos, mismos que han apoyado el SPA, sino que –además– por su criticable posición pública el magistrado Espino está descalificado para seguir siendo magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia, al demeritar –desde su alto cargo público– una ley que es el producto de una política jurídico–penal institucional y oficial del Estado.

Lo cierto es que los comentarios del magistrado Espino merecen ser analizados por todas las personas y sectores involucrados con la administración de justicia, lo que –a no dudarlo– provocará distintas reacciones y sentimientos, en mi caso de carácter amargo, pues me hace recordar aquella frase que dice: “La administración de justicia nuestra haría reír al pueblo, si antes no lo hiciera llorar”; y que, además me llevan a plantear las reflexiones que a continuación expongo.

En el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del cual el articulista se desempeña como magistrado, es de conocimiento de muchos abogados litigantes que hay una morosidad excesiva, inhumana e insufrible en la tramitación de la mayoría de los casos, provocando que los usuarios del sistema y los abogados litigantes tengamos que esperar varios años para que se resuelvan y, peor aún, que –luego de tantos años– las decisiones judiciales resulten absurdas y frustrantes, pues –no pocas veces– tuercen el derecho y la justicia, y siembran una suspicacia decepcionante y nefasta en las partes afectadas, quienes observan que las grandes firmas de abogados y los sectores plutocráticos del país –por regla general– corren mejor suerte en este tribunal. Me niego a creer que este tribunal sea una sucursal de dichas firmas forenses y sectores sociales del país.

Al igual que el magistrado Espino reconozco que la mayoría de los países de Centroamérica “se encuentran sumidos en la pobreza social y económica producto de la delincuencia”; pero, a este respecto valga aclarar que en estos países hay una delincuencia común y una delincuencia de los funcionarios públicos y políticos corruptos que, tanto aquí como afuera, están aniquilando a los hombres y las mujeres decentes, trabajadores y honestos de estos sufridos pueblos.

Critico que el magistrado Espino se haya quedado corto cuando señala: “La función del Estado es mantener la seguridad, la paz, la libertad”, olvidando por completo que su función, también, es garantizar la igualdad, la justicia y el estado de derecho, tarea que corresponde al Órgano Judicial, que representa la más importante instancia del Estado, porque de su buen y recto funcionamiento depende la vigencia de las garantías individuales y sociales (libertad, igualdad, justicia, etc.), elementos esenciales de la democracia.

Finalmente, el artículo del magistrado Espino transmite, básicamente, preocupación o inquietud sobre el hecho de que el sistema penal acusatorio, al “hacer más garante el proceso para el imputado, entregándole la posibilidad de no ser enjuiciado si amenaza a la víctima o mata a los testigos, si amenaza o mata al fiscal, al juez o a los jurados”, lo que me lleva a preguntar: ¿Estará alguien a salvo de la ola de violencia social en que la corrupción pública, la delincuencia común y política han sumergido al país? Nadie, absolutamente nadie, está a salvo, a menos que nuestros gobernantes cambien, radicalmente sus nefastas y reprochables prácticas en el ejercicio de sus funciones públicas.

Pablo Quintero Reyesabogado litigante


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