Página del lector_20120306

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MANEJE CON CUIDADO

Parte de la baranda de protección del puente vehicular, cercano a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el corregimiento de Ancón, se encuentra en mal estado. Esto representa un peligro para los cientos de automovilistas que utilizan diariamente este puente, ubicado en uno de los puntos más transitados de la ciudad capital.

¿No se informa o no se quiere estar informado?

Me pregunto cómo es posible que muchos compatriotas no sepan que la represa en conflicto con los indígenas no está dentro de la comarca Ngäbe Buglé, que la zona en conflicto consiste en 6.68 hectáreas (que solo representa el 2% del embalse) y que la comarca Ngäbe comprende el 10% de todo el territorio nacional, lo que indica que ellos tienen, per cápita, más del doble de las tierras que tiene el resto de los panameños.

Me pregunto por qué no fue de conocimiento general la información que publicara La Prensa el día de hoy [29 de febrero], titulada “Genisa e indígenas se ven las caras”, en la que un representante de la concesionaria que construye la represa, informa que entre 2007 y 2009 realizaron 62 reuniones con los indígenas; que se firmó con las autoridades locales un acuerdo con 64 votos a favor, 35 en contra y una abstención, en el que Genisa aportaría a Kädriri 2 millones de balboas y que dicho acuerdo tuvo el refrendo del cacique de entonces.

¿Por qué Genisa no dio esa información con anterioridad? La respuesta es muy sencilla. Es la misma actitud de los gobernantes soberbios que siempre hemos tenido. Me imagino que los encapotados de Genisa pensaron que no era necesario “rebajarse” hablando con “indios”. Pues... ahora la están pagando. ¿Qué tanto costaría sacar una cuña publicitaria dando a conocer los acuerdos antes citados? No tengo la menor duda de que si esa información fuera extensamente divulgada este asunto tuviese otros ribetes.

Es obvio ahora preguntarse, si la dirigencia actual dice que nunca se les consultó, ¿quién dice la verdad? ¿Por qué no se publican esos acuerdos para desenmascarar al mentiroso? ¿Por qué la actual dirigencia indígena no reconoce dichos acuerdos?

Sobre la última pregunta, soy un convencido de que la dirigencia indígena se está aprovechando de que el mencionado acuerdo no contó con el apoyo de un número apreciable de la comunidad. Recordemos el conflicto que, recientemente, hubo entre ellos por las elecciones pasadas. Tampoco me sorprendería que en ese ambiente se refleje lo que ocurre con cada cambio de gobierno, cuando los gobernantes entrantes no reconocen lo realizado por las autoridades anteriores. Finalmente, a la pregunta ¿por qué los indígenas no renegocian el acuerdo de 2009?, la respuesta se la dejo al lector.

Para concluir, deseo manifestar que considero absurda la propuesta de la Cámara de Comercio de Chiriquí, al proponer –según la publicación citada– bajar el nivel del embalse para que el área en conflicto no se inunde. Reducir la altura del embalse reduciría su capacidad. Eso sería como sugerir que un hotel en construcción diseñado para 20 pisos se haga para 15 pisos.

Sebastián Vásquez Bonilla Docente universitario


Fondo soberano y oro

Sugiero que Panamá negocie con las mineras que extraen oro en nuestro país, para que el pago que nos corresponde en concepto de intereses, regalías, concesiones u otros se nos haga efectivo con el mismo oro que están extrayendo de nuestras minas, en vez de con dinero común (dólares).

Otra alternativa, en adición a la anterior, si es posible pues desconozco el contrato que rige esta relación, sería que el Fondo Soberano de Desarrollo se invierta total o parcialmente en compra adicional de oro, a manera de inversión en vez de invertirlo en acciones y otros documentos financieros extranjeros.

Una tercera opción sería, si alguna de las sugerencias anteriores resultare factible, que Panamá acuñe monedas de oro ya sea puro, en aleación o ambos, las que se podrían poner en venta a coleccionistas numismáticos y particulares del mundo entero, por varias veces su valor intrínseco, con lo cual el país podría, en corto plazo, incrementar, multiplicar, sus activos, su ahorro. Esta tercera opción, además, con toda seguridad resultaría en una tremenda promoción turística y económica, ya que muchos inversionistas y particulares de todo el mundo adquirirían estas colecciones o hasta monedas sueltas para exhibirlas en sus oficinas, residencias o a manera de ahorro y por ello se interesarían aún más en Panamá, en lo que estamos haciendo, y vendrían a visitarnos para conocer nuestro país. Repito que desconozco si los contratos suscritos con las mineras permitirían estos proyectos, pero en realidad no me parece que habría razón para que ellos los rechacen porque es lo mismo pagar en oro por su valor del momento, que pagar en dinero, porque al final ellos venden tal oro. Por esta razón creo que vale la pena estudiar su factibilidad seriamente.

Jaime Correa Morales empresario


Reviviscencia de la sala quinta

En nota fechada 31 de enero de 2012, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia le indica al presidente de la Asamblea Nacional sobre el fallo que declara inconstitucional la ley que revocó la Sala Quinta, que “... en varios puntos del mismo, se indica clara y taxativamente que con dicha sentencia, recupera su vigencia la citada Ley 32 (Sala Quinta)”. En nuestro concepto para que esta recuperación tuviera efecto vinculante, debió manifestarse en la parte resolutiva del fallo del 25 de enero de 2011 de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se debió resolver expresamente que por autoridad de la ley la Sala Quinta recuperaba su vigencia. Y la Corte contaba con precedentes para hacerlo, a saber, los fallos del 27 de octubre de 1993 y del 31 de enero de 1994. Pero esto no sucedió. Solo se mencionó someramente en la parte motiva del fallo del 25 de enero que la Ley 32 de 1999 que creó la Sala Quinta quedaba vigente, lo cual no es suficiente.

A pesar del aparente desliz en no resolver expresamente sobre la reviviscencia de la Sala Quinta, se entendería que por el principio de respeto a la integridad de sus propios fallos, la Ley 32 que creó la Sala Quinta revivía de manera automática. Pero hay elementos que hacen dudar la vigencia inmediata de la Sala Quinta.

En primer lugar tenemos el artículo 37 del Código Civil, según el cual una ley derogada solo podrá recuperar su vigencia mediante la expedición de una nueva ley, o si la ley posterior a la derogatoria establece expresamente que recobra su vigencia. Es decir, para revivir la norma derogada no basta abolir la ley que la derogó.

Si bien este artículo no se refiere a los casos de inconstitucionalidad de leyes que derogan, parece señalar un camino. Pero muy claro es el artículo 2573 del Código Judicial cuando señala que los fallos de inconstitucionalidad no tienen efectos retroactivos. Es decir, si los fallos de inconstitucionalidad tienen efectos hacia el futuro (ex nunc) porque así lo establece la ley taxativamente, tampoco podría recuperar su vigencia inmediata aquella legislación cuya ley que la derogó fuese declarada inconstitucional.

Resulta sumamente extraño que en el extenso fallo del 25 de enero de 2011, la Corte no se refiere al artículo 2573 del Código Judicial, tan trascendental para la decisión, ya que por ser una norma sustantiva y vigente, debe prevalecer sobre la jurisprudencia que citó para revivir la Sala Quinta. Adicionalmente, mediante fallo del 4 de junio de 1991, la Corte Suprema de Justicia había señalado que “el fallo de inconstitucionalidad de una norma legal produce una derogatoria por mandato constitucional” y que cuando la Corte “... declara que una norma legal es inconstitucional la deroga constitucionalmente”. Y la razón esgrimida es que la Constitución Política, en su artículo 326 (actual) expresa que “Quedan derogadas todas las leyes y demás normas jurídicas que contraríen a esta Constitución, ...”. Es decir, ante la derogatoria expresa de una ley declarada inconstitucional, según nuestra propia Carta Política, y frente a la irretroactividad de las decisiones de la Corte en materia de inconstitucionalidad que establece el artículo 2573 del Código Judicial, no encontramos como, jurídicamente en Panamá, puede una ley derogada recobrar su inmediata vigencia cuando la ley que la derogó es declarada inconstitucional. En el tema de la reviviscencia la Corte prefirió apoyarse en 1993 y 1994 en la doctrina extranjera y el derecho comparado, y en 2011 en esta jurisprudencia limitada y contraria a la Constitución y las leyes de la República.

Julio E. Linares FrancoAbogado


Déficit fiscal y mora judicial

En vísperas del jolgorio del Carnaval, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó las cifras oficiales del déficit fiscal panameño correspondientes a 2011. La nota de Roberto González Jiménez, “Déficit fiscal: lo que no dijeron las cifras” (La Prensa, 18/2/12) contrasta esa información con las modificaciones realizadas de manera sorpresiva a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) mediante la Ley 31 de 2011. En un hecho sin precedentes, esta ley excluyó injustificadamente del sector público no financiero –y por ende, del cálculo del déficit fiscal– a tres entidades que habían adquirido, o estaban por adquirir, deudas multimillonarias garantizadas en buena parte con el aval del Estado: el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Etesa y Empresa Nacional de Autopistas.

Dicha nota recoge declaraciones del viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, señalando que “estas entidades no tuvieron ningún impacto en el déficit... no se tomó la decisión de excluirlas porque impactaban en el cumplimiento de los límites de la LRSF”.

Sin embargo, las mismas son incongruentes con las declaraciones ofrecidas a otro medio impreso por su superior jerárquico en el MEF. En la nota “Gobierno le haría frente a las deudas” (22/6/11), subtitulada “Maquillaje contable”, el diario La Estrella cita al ahora titular del ministerio: “[Frank] De Lima planteó que de no haberse separado estas instituciones, no se podría cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual pone un límite al déficit fiscal y a la deuda pública que el Estado puede contratar en un año calendario”.

A confesión de parte, los lectores quedamos relevados de demostrar que las cifras oficiales sobre el déficit fiscal de 2011 no son cónsonas con la preocupante realidad de nuestras finanzas públicas.

Con relación a otro asunto, la mora judicial imperante, hago referencia a la carta aparecida en esta página el pasado 14 de febrero del lector Carlos Barsallo sobre un artículo de opinión del suscrito (“Catorce años de un recurso pendiente”, La Prensa, 2/2/12). En la misma se observa que cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la voluntad de evitar la mora judicial, pueden resolver un recurso de inconstitucionalidad sin obstáculos de ninguna clase, e incluso en menos de un año de su presentación. No obstante, en ella se reconoce también que lejos de ser esta la regla en la Corte Suprema, es apenas la rara excepción.

Mi recurso, en espera de la decisión del pleno de la Corte Suprema desde 1998, concierne al vigente Decreto Ley 9 de 1998, sobre la legislación bancaria panameña. Siendo el recurso más antiguo, ha acumulado en su expediente a todos los demás presentados, diferenciándose de éstos en que no denuncia vicios de inconstitucionalidad en el texto de artículos específicos, sino en la adopción misma de todo ese Decreto Ley. Dado que legislaciones posteriores han reformado numerosas disposiciones del Decreto Ley 9, mi recurso es quizá el único que la Corte Suprema no puede dejar de decidir alegando sustracción de materia. De allí que, después de 14 años, los magistrados aún lo mantengan pendiente de resolver, sin viso alguno de decisión.

Fernando Gómez Arbeláez Abogado y árbitro internacional


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