Página del lector_20120405

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SEÑALES CONTRADICTORIAS

En la vía Israel, esquina con la calle 74 Este, hay dos señales de tránsito contradictorias. La primera indica que está prohibido doblar a la derecha, mientras que la segunda –a pocos metros de la primera– indica que se debe doblar en esa dirección, si se quiere llegar a la avenida Cincuentenario por Calle 50.

La pregunta es: ¿Se prohíbe o se permite? Ambas señalizaciones se encuentran en ese punto desde hace ya más de dos años, creando confusión entre los automovilistas.

Sobre la encuesta de los tránsfugas

La Prensa, en su edición del 30/3/2012, publicó una encuesta, de la empresa Unimer, que indica que la gran mayoría de los panameños rechazan a los diputados que se cambian de partido políticos, a los que denomina como “tránsfugas”.

Al respecto, estimo necesario hacer algunas consideraciones. El vocablo tránsfuga, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, significa “persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”. De la manera como se utiliza este vocablo en Panamá, es para denigrar a los políticos de oposición, especialmente que ostentan cargos de elección popular, que se inscriben luego en los partidos del Gobierno; es decir, es la forma común de calificarlos como “traidores”. No obstante, poco o nada se dice, quizás porque no es común, de aquellos políticos de gobierno que se cambian a partidos de oposición.

Posiblemente, lo que se cuestiona de estos cambios sean sus motivaciones; sin embargo, aunque guste o no, toda persona tiene derechos constitucionales, humanos y políticos con respecto a profesar las ideas políticas que quieran y ser miembro o no de un determinado partido político.

Y qué decir de otros derechos como el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, es censurable que los partidos políticos pretendan ser los dueños de las conciencias de sus miembros, como también gran parte de las críticas vertidas contra aquellos que deciden ejercer libremente sus derechos políticos son descomedidas.

En todo caso, el análisis y la discusión debe concentrarse en hacer reformas constitucionales y legales que fortalezcan la lucha contra el clientelismo político y la corrupción, que flexibilicen los requisitos para ostentar cargos de elección popular para todos los partidos políticos, así como también para aquellos que opten por la libre postulación, y que estas reformas permitan que las opiniones de aquellos que no son miembros de los partidos políticos sean tomadas más en cuenta en las decisiones que tengan incidencia en la población en general.

Gabriel D'Annunzio Rosania Villaverde

Abogado y locutor


Ley de protección a las víctimas

No entendemos cómo el Ministerio Público puede pedir el archivo del expediente de Raúl Leis sin siquiera notificar a las víctimas.

La esposa de Raúl [Mariela Arce] se ha enterado por los medios de comunicación, cuando la ley de las víctimas dice que estas personas deben ser tomadas en cuenta en el proceso.

La ley de protección a las víctimas parece que es letra muerta en este país y que está prohibido investigar la negligencia médica.

Magaly Janneth Castillo

Directora Ejecutiva

Alianza Ciudadana Pro Justicia


Tratamiento especial de diputados tránsfugas a CD

Hay una nueva modalidad de soborno estilo Martinelli: Si saltas a CD, pongo dos millones a tu disposición. Así logra que se le destinen 64 millones. Ahora tiene asegurado el control de la Asamblea a precio de oro, pagado por el Estado con nuestros impuestos.

Tenemos un presidente que se ocupa, principalmente, de hacer negocios; ya consiguió que la Contraloría no se meta con sus arreglos y tiene frenado al fiscal electoral, quien dijo a los medios que él no puede investigar este asunto, pues le compete a la Corte Suprema de Justicia. Como ya sabemos, las fichas que Martinelli tiene en esa institución le aseguran buena recepción y mejor resultado.

Con la mayor parte de la costa libre de moros, podrá terminar de vender Atlapa, los terrenos en las orillas del Canal, dar concesiones para minas de oro (con la tasa de contribución al Estado más baja del mundo), comprar corredores por mil millones (lo que pudo lograrse por una décima parte de ese monto), vender los terrenos de la Zona Libre y otros, como el caso de Juan Hombrón y de las hectáreas de Paitilla, regaladas a sus gestores, para que le ayuden en quién sabe cuántos otros casos ya en marcha.

Entre todos esos negociados está el de tratar de desplazar el sistema dolarizado por el “martinellizado”, sin que nadie parezca darse cuenta de que el banco central futuro será el propio Martinelli, quien ya ha tomado decisiones bancarias que, solapadamente, empiezan con el acuñamiento de monedas de un balboa, tratándola como fraccionaria, y se prepara la emisión de cortes mayores, con lo que terminará de destruir el sistema monetario panameño que pasará a ser tan malo, como el de Venezuela, Argentina, Nicaragua y, por supuesto, Cuba.

Juan Manuel Handal

Reasegurador jubilado


Sobre rellenos en la Zona Libre de Colón

Ante la aparente intención del Gobierno Nacional de vender terrenos de la Zona Libre de Colón, parece que no se ha tomado en cuenta si éstos son rellenos realizados sobre el mar territorial. Porque de serlo, no podrían ser objeto de apropiación privada por mandato del artículo 258 de la Constitución.

Según fallo de 30 de diciembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia expresó que solo se pueden desafectar los bienes de uso público a través de una reforma constitucional por haber sido nuestra Carta Política la que les dio tal calidad, y recalcó además, la imposibilidad de que fuesen objeto de apropiación privada.

También aclaró que la transformación del mar territorial en propiedad privada, a través de un relleno, haría perder al Estado parte de su patrimonio y elemento constitutivo. E incluso afirmó que todo relleno realizado sobre el mar territorial debe revertir al Estado, como parte de un bien principal (el mar territorial) que es de uso público y no se puede traspasar a manos privadas.

Ese fallo de 2004, unánime, declaró inconstitucional la frase e inciso final del artículo 2 de la Ley No. 5 de 15 de abril de 1988, que permitía la enajenación de bienes del Estado en el caso de concesiones, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes, convirtiéndose los rellenos sobre el mar territorial en bienes patrimoniales del Estado, los cuales sí serían objeto de disposición o traspaso a terceros.

Norma que facultó la expedición del Contrato No. 70-96 de 5 de agosto de 1996 por el cual el Estado panameño le otorgó concesiones a ICA, incluyendo la adquisición de rellenos al mar. Pero cuando se solicita, posteriormente, la inconstitucionalidad de los artículos del contrato que facultaban el traspaso a ICA de esos rellenos, en una sentencia que provocó tres salvamentos de voto, la Corte da un giro completo a lo decidido solo dos años antes y el 11 de diciembre de 2006, declara que no son inconstitucionales las cláusulas del contrato suscrito entre el Estado panameño e ICA, afirmando ahora que el traspaso de los rellenos era totalmente legítimo.

Se basó para ello en un lejano fallo de 1970 que, aparte de transcribirlo en la sentencia de 2006 y utilizarlo como pretexto para supuestamente probar la existencia de la figura de la desafectación de bienes de uso público desde entonces, no realiza una explicación técnica ni con mínima profundidad sobre el porqué impone, según nuestra humilde opinión, un criterio erróneo esgrimido hacía casi 40 años, sobre un desarrollo correcto y objetivo de lo que dispone la Constitución Política vigente (no la de 1946 que regía en 1970). Inconcebible además, que si la ley que autorizó disponer rellenos del Estado sobre el mar territorial fue declarada inconstitucional, el contrato que se basó en dicha ley para precisamente, disponer de esos rellenos, no lo fuese.

¿Qué criterio debe prevalecer entonces en el caso de los rellenos en la Zona Libre de Colón? De presentarse un recurso sobre el particular ante la realidad de la venta, la Corte de una vez por todas debería dejar de utilizar criterios políticos y convertirse, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, en guarda de la integridad de ésta. Y ante esta obligación constitucional, debe basarse en el fallo de 2004 que sí fue jurídicamente sustentado. No el de 2006, el cual irrespetó no solamente nuestra Carta Magna, sino que derribó el bloque constitucional erigido en 2004 por motivos políticos del momento.

Julio E. Linares Franco

Abogado


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