Página del lector_20121109

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LA PRENSA/Eric Batista LA PRENSA/Eric Batista
LA PRENSA/Eric Batista

PELIGRO DE ALTO VOLTAJE

Justo en la entrada de la marina de Amador, en la calzada, un panel de control de alto voltaje tiene la puerta abierta, sin llave. Esto es un peligro y podría ocasionar un accidente a los muchos visitantes nacionales y extranjeros que van al lugar para ejercitarse o pasear.

Embajador hace aclaración

En su edición del domingo 28 de octubre de 2012, La Prensa publicó un artículo [en la sección de Economía (“Nueva regulación genera dudas en los agroexportadores locales”, página 36A)], el cual contenía varios errores acerca de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

El artículo dice: “Hasta 2012 un agente designado en el país norteamericano funcionaba solamente de intermediario entre la entidad y el productor para cualquier consulta, pero desde el 1 de octubre de este año, la FDA exige que dicho agente cuente con una cartera de crédito de $60 mil en caso de una inspección por parte de un agente de esta entidad, que tiene un costo de $25 mil”. Eso no es correcto.

En realidad, la FDA no exige que los agentes tengan ningún seguro o línea de crédito ni tampoco cobrará por una primera inspección a las instalaciones de un productor. El único cambio que introduce la ley es que le da responsabilidad al agente en Estados Unidos (EU) de ser necesaria una segunda inspección en los casos en que la primera inspección reveló grandes defectos en el cumplimiento de la ley. En tales casos, la FDA se reserva el derecho de cobrar por esas reinspecciones.

El artículo dice: “Todos los productores de cualquier país que pretendan exportar a EU tienen que estar registrados ante la FDA o, en su defecto, deben hacerlo al final de cada trimestre del año”. Eso tampoco es correcto. En realidad, las instalaciones de alimentos deben registrarse ante la FDA una vez y renovar su registro cada dos años a partir de octubre de 2012.

El artículo dice: “Este costo es por cada visita que un agente de la FDA hace a cualquiera de las 186 mil empresas extranjeras que actualmente están registradas en la entidad, visita que no excluye la posibilidad de recibir otra en cualquier momento”.

Hay que indicar que eso tampoco es correcto, pues como se ha indicado, la FDA no cobrará por cada visita, sino que se reserva el derecho de cobrar por reinspecciones que sean necesarias por incumplimiento de los estándares establecidos por la ley.

La Embajada ayuda a los productores y a la agroindustria panameña a prepararse para poder llenar los requisitos que exige la FSMA para vender alimentos a Estados Unidos, requisitos que aplican tanto a productores nacionales como las importaciones. Organizamos en dos ocasiones este año entrenamientos con expertos en la materia.

El más reciente se realizó el 25 de octubre en la ciudad de Panamá, y contó con la participación de aproximadamente 140 participantes de las asociaciones de productores y la agroindustria panameña.

Mantenemos nuestro compromiso de trabajar con empresas panameñas que quieren exportar a Estados Unidos y de proteger a los consumidores de estos productos.

Jonathan D. Farrar

Embajador de Estados Unidos en Panamá


Indignante artículo contra los colonenses

Ha sido indignante el artículo del señor Jaime Correa Morales [“Colón, la ley 72 y las excusas”, publicado en la página de Opinión de La Prensa, 4/11/2012] por la manera racista como cataloga a los colonenses. Y lo peor: llamarlos ignorantes y vagos, cuando la realidad es otra. A pesar de las peripecias que pasan, la gran mayoría de los colonenses mantiene su dignidad en alto, sus principios, sus valores, su nobleza y alegría, y son trabajadores.

Con mucha inteligencia exigieron la eliminación de la ley 72, dado que las ventas de las tierras de la Zona Libre de Colón no traerían beneficios directos a la población colonense como dice Correa Morales; al contrario, eran para lograr tapar un hueco fiscal o pagar algunos proyectos inconclusos. Como empresario, el señor Correa debe saber que si se pierden ingresos por alquileres de los terrenos, se podrían afectar las operaciones comerciales, aumentando las tasas por operaciones para recuperar los ingresos perdidos.

Por su ignorancia en las leyes panameñas, le menciono al señor Correa que la Constitución de Panamá prohíbe la venta de terrenos construidos en fondo de mar. Y el 90% de los terrenos de Zona Libre es, precisamente, fondo de mar.

Además, ha sido el señor Correa el ignorante en pretender apoyar un proyecto nefasto para Colón, y mencionar que el Cemis era otro proyecto beneficioso para Colón, cuando todos sabemos que desde que nació el proyecto Cemis estaba viciado por la corrupción y los seudodirigentes que apoyaron el proyecto y las ventas de los terrenos de Zona Libre de Colón fueron aceitados por el apoyo irrestricto, a sabiendas de que ambos proyectos eran nefastos para Colón. El señor Correa, con un tremendo desconocimiento de los asuntos de esta provincia, hace señalamientos inadecuados de los oponentes del proyecto de la ley 72, cuando menciona que se beneficiaron con las tierras revertidas. También tiene un odio acérrimo a los indígenas por defender parte de su territorio, que con justicia se les devolvió; territorio que siempre fue de ellos y que los colonizadores lo despojaron. El señor Correa defiende los abusos de los policías, las golpizas y la muerte de muchos inocentes. Si tanto temor le tiene a los comunistas, empiece desde sus negocios a cumplir con la responsabilidad social que tienen todos los empresarios y el Gobierno también, de manera que no entren ideas extrañas a nuestro país.

Para terminar, le menciono que hay muchos colonenses profesionales de primera línea, tanto en el campo de la medicina, el arte, la cultura, la abogacía, los deportes y otras ramas.

Si desea apoyar y adular por intereses personales a este gobierno autocrático, además de indolentes violadores de la Constitución, de los derechos humanos, con una cadena de escándalos de corrupción que cargan a sus espaldas, además de muertos, ciegos y heridos por los abusos de las fuerzas policiales sin sensibilidad social, ¡hágalo!, pero sin denigrar a los colonenses y a las clases indígenas de nuestro país.

Alexis Alvarado Jutting

Jubilado colonense


El ocaso del sadócrata

No me interesa analizar la catadura axiológica del ciudadano Ricardo Martinelli, elegido en mayo de 2009 presidente de la República de Panamá. Para algunos políticos de la oposición, el presidente Martinelli carece de aptitudes y valores democráticos; para otros ciudadanos, el Presidente no dignifica la primera magistratura del país, ya que algunos de sus comportamientos y opiniones quebrantan el civismo requerido en una sociedad institucionalizada.

Si bien el término sadócrata no es reconocido en la literatura politológica, no me inhibo de emplearlo para dilucidar y definir el gobierno de Ricardo Martinelli. Podríamos enunciar que sadócrata es el gobernante que siente placer por causar dolor y humillación a los ciudadanos o súbditos bajo su égida; para la Real Academia Española de la Lengua, sadismo es “la crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta”.

La gestión gubernamental de Ricardo Martinelli se ha caracterizado por hacer del panameño un ser estresado y atolondrado, producto del incremento especulativo de los alimentos, arcas del Estado colapsadas, embotellamientos vehiculares sin precedentes en la historia urbana de la ciudad de Panamá, superlativos escándalos de corrupción, sobrecostos en los megaproyectos, crisis institucionales recurrentes, sin dejar de mencionar el cinismo con que el Presidente y su equipo de gobierno se conducen, sumiendo al panameño en angustias y perplejidades; fomentando en la ciudadanía una paranoia hacia el Estado.

Pero las actitudes sadocráticas de Martinelli se han evidenciado aún más en las poblaciones aborígenes y negras de nuestro país, ciudadanos que han soportado y defendido heroicamente la distorsión humana del Presidente. Desde el inicio de su gestión gubernamental, el presidente Martinelli ha procurado insistentemente la explotación del yacimiento cuprífero cerro Colorado en la provincia de Chiriquí, hecho que ha costado al pueblo ngäbe la vida de dos seres humanos, niños en situación de orfandad e innumerables heridos y lisiados; ha pretendido y logrado la merma de los derechos sindicales de las poblaciones autóctonas en la provincia de Bocas del Toro, suceso que produjo la abominable masacre en julio de 2010, en donde perecieron dos valientes ciudadanos ngäbes y dejó cientos de heridos, algunos de los cuales padecen ceguera en uno o ambos ojos.

Pero la anomalía sádica de Martinelli no se circunscribe a las poblaciones indígenas, los ciudadanos de piel negra que habitan las zonas de playa y pesca de la provincia de Coclé han afrontado el despliegue despreciativo de la administración Martinelli; elocuentes son las escenas de amenazas y expulsiones fraguadas por el gobernador de Coclé, Fernando Núñez Fábrega, quien sin sustento ético y legal argumenta que los humildes pescadores son invasores de terrenos privados, ignorando que las áreas pacíficamente explotadas por los pescadores son terrenos inadjudicables.

Todo este escenario de desprecio humano e institucional del gobierno Martinelli alcanza su cúspide en octubre de 2012 en la ciudad de Colón. Producto de la aprobación de la ley 72, surgió la posibilidad de vender las tierras de la Zona Libre de Colón para el beneficio crematístico del Presidente. El pueblo de Colón, conformado mayoritariamente por negros y mestizos, sale pacífico, pero resueltamente a defender su legítimo patrimonio; y el sadismo de Martinelli vapulea inmisericordemente a los manifestantes, cobrando la vida de dos seres humanos totalmente inocentes. Al margen de las legítimas reivindicaciones del pueblo colonense, nuevamente cientos de heridos y tullidos deja la acción represiva del gobierno de Martinelli, pero el pueblo afrontó con hidalguía la persecución y desveló la generalizada animadversión que cunde en Panamá con respecto a la gestión del Presidente.

El pueblo de Colón le ha hecho saber a Martinelli que su gobierno, a año y medio de concluir, es un árbol caído y que un árbol caído puede estar a merced de muchas hachas.

Ornel Sánchez Aparicio

Abogado


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