Página del lector_20121130

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CAOS EN LA TUMBA MUERTO

Todos los días vivimos una nueva telenovela de los “automovilistas en su laberinto”. Si usted transita por la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), donde queda el Servicio Nacional de Migración (SNM), observará un caos vial solamente comparable con el “tranque nuestro de todos los días”.

Cientos de personas que acuden diariamente a las oficinas del SNM tienen que utilizar las isletas para estacionar sus autos. Más de un vehículo ha resultado rayado cuando los conductores tratan de incorporarse a la vía principal y los peatones asisten a un safari diario para salir de la selva de hojalata.

Desacuerdo con artículo histórico

En la edición de la sección de Raíces del 18 de noviembre publican un documento que pretende ser histórico sobre “Las Fuerzas Armadas”. En la sección que se refiere a (José Antonio) Remón Cantera, le acreditan a él, con nombre propio, algunos desmanes que cometían los policías, y no es que dude que esa era la realidad, pero cuando saltan a la sección del período posterior a 1968, todos los asesinatos, negociados y enormes abusos de toda índole se los acreditan a “los militares” y no a Omar Torrijos, que ese sí era realmente el verdadero amo de Panamá, mucho, pero mucho más que Remón, quien en comparación con Torrijos era apenas un niño de escuela.

Mencionan el “negocio” del matadero, que si bien era un actividad común y corriente en aquellos tiempos de la patria boba, estaba muy pero muy lejos de ser el gran negocio que se pretende hacer creer pues, además, tampoco era un monopolio forzado, ya que había muchos otros matarifes participando (mi padre era uno de tantos).

De allí saltan a (Manuel Antonio) Noriega y en este caso sí mencionan su nombre. ¿Alguna razón especial para estos “gazapos” históricos?

JAIME CORREA MORALES

EMPRESARIO


Defienden derechos de Prof. Espino

El articulista, periodista y profesor universitario Don Miguel Antonio Espino Perigault es un profesional muy preocupado por el rumbo equivocado que está tomando la sociedad humana. Él, como muchísimos otros, alerta en sus escritos sobre el peligro de la ideología de sexo que busca desestimar las diferencias biológicas naturales de los seres humanos y crear una sociedad a la carta, carente de valores y de principios morales. En eso están basados sus artículos que nunca van dirigidos hacia las personas, sino hacia las ideologías negativas. Sus artículos son publicados en diferentes diarios tanto panameños como extranjeros, y gozan de una gran aceptación. Sin embargo, esos escritos que llevan en sí mucha docencia, no son del agrado de quienes viven dentro de esos parámetros ideológicos.

Un grupo de personas, algunas de ellas que gozan del privilegio de escribir libremente y sin censura en el diario La Prensa, utiliza su derecho a expresarse libremente para injuriar, ofender y desacreditar las creencias y costumbres religiosas de los cristianos, contra los cuales escriben y dicen sin delicadeza alguna las ofensas que se les ocurren. Estas mismas personas han tenido la osadía de firmar una carta dirigida al diario La Prensa para coartarle a don Miguel Espino Perigault el más sagrado de los derechos, el de expresar libremente sus opiniones. Es este un flagrante atentado a la libertad de expresión, derecho humano, baluarte indiscutible en el cual se cimenta la democracia. Es una postura fascista, impropia de quienes presumen apoyar la libertad de pensamiento de las personas. Coartar el derecho a una persona a expresar libremente su pensamiento es propio de grupos totalitarios, antidemocráticos, intolerantes y violadores de los derechos humanos.

Nosotros, los grupos que defendemos la vida y la familia natural, calificamos esta iniciativa como un atentado a la libertad de expresión que no puede ser permitido. Le pedimos, respetuosamente al diario La Prensa, paladín de la libertad de expresión, que no se deje intimidar por estas personas y que no caiga en el juego de quienes levantan la muralla de la intolerancia y el desprecio a quienes no piensan como ellos. Antes, por lo contrario, eleve la bandera que siempre le ha caracterizado como el “diario libre de Panamá”, especialmente en estos días durante los cuales se conmemora el Día del Periodista.

Esta misma nota ha sido firmada y enviada por cerca de 260 personas, pero solo se puede publicar una.

JORGE A. GONZÁLEZ

PUBLICISTA


Protección contra la diabetes

El Gobierno Nacional debe gestar, fortalecer e implementar un programa en las escuelas urbanas con un enfoque preventivo por el consumo indiscriminado de alimentos con alto nivel de azúcar o glucosa, grasa o lípido, el sedentarismo o falta de actividad física.

Nuestros estudiantes están predispuestos a la diabetes. El Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) deben presentar una ley a la Asamblea Nacional para que al inicio del año escolar se realicen pruebas de glucosa en sangre a todos los estudiantes de centros urbanos (de la capital y cabecera de provincias), por los daños que está ocasionando la cultura de consumo de gaseosa, golosinas y comida chatarra, ofrecidas por los quioscos en las escuelas, sin control preventivo.

Las pruebas de glucosa en sangre ayudarán a detectar estudiantes predispuestos a la diabetes por razones genéticas, malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física. Con este programa, el Gobierno a futuro podrá salvar vidas y ahorrar cuantiosas sumas por gastos en los tratamientos, como insulina a los enfermos.

En estos momentos, no se sabe cuántos estudiantes están en riesgo de la diabetes en los colegios públicos y privados de la capital y centros urbanos provinciales. Consejos para erradicar los malos hábitos y vivir sin diabetes: mejorar la alimentación, procurar la ingesta de alimentos sanos, mejorar el índice de masa corporal, esforzarse por perder peso y hacer más ejercicio. Mente sana en cuerpo sano.

ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA

PROFESOR


Consideran ´digna´ una renuncia

¡Qué dignificante el ejemplo de la Dra. Gloria Moreno de López! Y es que en estos tiempos, especialmente en este “régimen de mando personal”, los ministros y altos funcionarios no saben conjugar el verbo “renunciar” sencillamente porque carecen de dignidad para practicarlo. Dignidad sí, como informa el Diccionario de la Real Academia Española: “Calidad de digno”. “Realce, excelencia”. “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”, etcétera.

Gloria Moreno de López, hasta el día lunes 19 de noviembre de 2012 administradora de la Autoridad Nacional de Aduanas, renunció al cargo por la incomodidad que le causaban ciertas decisiones del Ejecutivo. Dijo haber sido “sorprendida” con el Decreto Ejecutivo 871, firmado por el presidente Martinelli y el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, mediante el cual se fusiona la Autoridad Nacional de Aduanas (creada por Ley de la Asamblea Nacional), con Migración. Es decir, la Autoridad Nacional de Aduanas se convierte en una oficina más del Ministerio de Seguridad.

El gesto y la demostración dada por Gloria Moreno de López al renunciar a su alto cargo de Administradora de la Autoridad Nacional de Aduanas, por discrepar con el ministro de Seguridad (hoy día el más poderoso del Gabinete del presidente Martinelli), es digno de encomio. Al fin, alguien de este “régimen de mando personal” reivindicó el principio moral y ético de saber renunciar oportunamente cuando las circunstancias políticas así lo exigen.

Una de las enseñanzas que me ha proporcionado mi permanencia, durante 55 años en la actividad docente y pública, es la del valor que tiene para un hombre y mujer públicos el dominio de sus sentimientos y de sus reacciones ante la vida. La decisión tomada por la Dra. de López, justamente en el “mes de la Patria”, nos hace recordar la figura del Dr. Eusebio A. Morales: “la conciencia crítica de la República”, autor del Manifiesto de la Separación de Panamá de Colombia en 1903 y del Mensaje dirigido por la Junta de Gobierno Provisional a la Convención Constituyente, que se reunió en enero de 1904.

PAULINO ROMERO

EDUCADOR


Panamá pierde frontera marítima

La nota “CIJ cambia la frontera de Nicaragua y Colombia”, publicada en en la edición de La Prensa del pasado 20 de noviembre, sobre la sentencia de fondo dictada el día anterior por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso “Disputa territorial y marítima” entre Nicaragua y Colombia, omite señalar una nueva situación que para Panamá es de máxima importancia: los efectos que esta sentencia internacional produce con respecto a las fronteras marítimas de nuestro país en el mar Caribe.

En su decisión, la cual es obligatoria, definitiva e inapelable, la Corte ha determinado desde su sede en La Haya que áreas extensas de las zonas de plataforma continental y de explotación económica exclusiva, que Panamá consideraba como colombianas y colindantes con las zonas panameñas, no pertenecen a Colombia. Bajo el criterio de que sus zonas marítimas compartían un límite común, Panamá y Colombia suscribieron en 1976 el Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas que demarcó la frontera marítima entre ambos países. No obstante, a partir del 19 de noviembre de 2012, cerca de la mitad de esa frontera en el mar Caribe ha quedado anulada por la decisión de la Corte. Si bien una sentencia de la CIJ es, en principio, solo obligatoria para los Estados partes del respectivo caso, es frecuente que los intereses de terceros Estados como Panamá queden afectados por la sentencia. Al negarle a Colombia un amplio sector de las zonas marítimas con las que Panamá colindaba en el mar Caribe, la Corte implica que en ese sector no puede existir una frontera marítima colombo-panameña.

Las consecuencias para Panamá de la eventual sentencia en este caso fueron advertidas hace años por el suscrito en diversas publicaciones (“Colombia y Nicaragua en La Haya”, La Prensa, 12/2007; “Nuestros vecinos en conflicto”, “Nuestra frontera marítima en peligro” y “Tregua en Santo Domingo”, Panamá América, 10/2006, 12/2007 y 3/2008, respectivamente). En ellas exhortaba: “No dejemos para última hora una defensa nacional que después, por incapacidad y negligencia, nos puede costar territorial y económicamente en grande”.

Encontraba entonces necesario “que Panamá reaccione y se prepare ante la inminencia de una sentencia de fondo, considerando incluso participar como Estado interviniente en La Haya para exponer ante la Corte su posición y sus títulos de soberanía”. Las autoridades ignoraron las advertencias y nuestro país se desentendió por completo del caso. Panamá nunca intervino para defender sus intereses marítimos, como permite el Estatuto de la CIJ en situaciones de terceros Estados con similares intereses de orden jurídico.

La sentencia ha sido dictada. Como resultado del injustificable abandono de gobiernos panameños, ahora le toca a Panamá negociar una nueva frontera marítima en el mar Caribe no solo con Colombia, sino también con Nicaragua.

FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ

ABOGADO


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