Página del lector_20130206

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FOCO DE ENFERMEDADES

Aguas servidas residuales se desbordan sobre la acera y la calle desde un edificio abandonado en Avenida B. Esto sucede hace aproximadamente una semana, y cada vez es más abundante la cantidad de materia fétida que inunda el área. Los vecinos de la zona y las personan que transitan por las calles aledañas se quejan de la hediondez en el ambiente y temen enfermarse por la gran cantidad de mosquitos que hay en el lugar. Los vecinos informaron que se han hecho reportes a las autoridades de Salud, pero nadie se ha acercado a hacer una inspección.

Designaciones en forma inconsulta

Me refiero al interesante reportaje “Cuestionan nombramientos”, suscrito por los periodistas Wilfredo Jordán y Eliana Morales (La Prensa, 31 de enero de 2013), el cual recoge reacciones de líderes políticos y organizaciones empresariales en torno a la designación, por el Ejecutivo, de Alberto Vallarino, Lourdes Castillo y Henri Mizrachi como miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los nuevos miembros reemplazarán a Alfredo Ramírez, Eduardo Quirós y Norberto Delgado, cuyos períodos vencen en febrero de 2013.

Hay una legítima preocupación por la forma inconsulta como el gobierno ha hecho las designaciones y por no haberse ocupado, siquiera, de presentar públicamente sus perfiles personales. En efecto, dos de los designados salen del entorno íntimo del Presidente y, hasta donde sé, carecen de las credenciales para los cargos en los que se les pretende nombrar.

Lamentablemente, el Presidente ha olvidado las promesas que hizo en Cade 2006 (dar vigencia a la meritocracia y no a la partidocracia), y a su propia plataforma de gobierno cuando prometió que los directores de la AMP (Autoridad Marítima de Panamá) y la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) surgirían de las propuestas que le formularan los gremios del sector. En el mismo evento de Cade, el hoy presidente afirmó que “el gobierno le pertenece a todos y no a un partido, a una familia y a nadie en especial”.

Lo más riesgoso de estas designaciones es que una vez se formalicen, el gobierno de Martinelli habrá designado a 8 de los 11 miembros de la junta directiva de la ACP. Cuando, mediante un parágrafo transitorio, la Ley Orgánica de la ACP estableció el escalonamiento de las designaciones para la junta directiva, con la idea de que ningún futuro Presidente designara a una mayoría de los directivos. Lamentablemente el cálculo falló, con el resultado de que le ha tocado a un gobierno intrusivo en la independencia de otros órganos, designar a una mayoría de esos directivos.

La junta directiva de la ACP tiene una amplia variedad de facultades, como dictar las normas que rigen la compra de bienes y servicios, las contrataciones especiales, el sistema de empleo, y todos los reglamentos de administración y operación de la vía. Incluso tiene la facultad de nombrar y remover al administrador, al subadministrador y al fiscalizador general. A esta directiva le tocará, además, decidir un proyecto clave para el futuro logístico de Panamá: el desarrollo del puerto de Corozal.

La ACP maneja un presupuesto de más de $2 mil 200 millones anuales, de los cuales unos $250 millones se destinan a compras de bienes y servicios. Si la junta directiva se politiza, se corre el riesgo de que la ACP sea manejada como botín político. Esto podría conducir al relajamiento del sistema de méritos y de contrataciones, para facilitar el ingreso de personas no calificadas, y las contrataciones directas.

Frente al grave riesgo que se podría presentar a futuro en una de las agencias clave de nuestro extraordinario crecimiento, resulta necesario que gremios de la ACP, organizaciones populares, cívicas y políticas, hagan escuchar su voz en la Asamblea. Hay que hacerle entender al gobierno que las decisiones relativas al Canal competen a todos los ciudadanos. ¡Hay que evitar que el Canal de Panamá sea tomado como botín político!

FRANKLIN CASTRELLÓN

PERIODISTA


Japón reclama soberanía en islas Senkaku

El artículo del señor Ricardo Chiu, primer secretario de la Embajada de Taiwan en Panamá, publicado el 8 de enero pasado y donde expresa en ocho puntos la posición de su país sobre las islas Senkaku, no tiene ningún fundamento para derribar el hecho de que dichas islas son parte inherente del territorio japonés, a la luz de los hechos históricos y basado en el derecho internacional, y controladas de manera efectiva por Japón.

En cuanto a la llamada “Iniciativa de paz en el mar de China oriental”, Japón no puede aceptarla ya que contradice su posición principal.

Taiwan tiene estrechos lazos con Japón, tanto económicamente como por el turismo, por lo que nuestro país desea que este tema no afecte nuestra buena relación. Seguiremos cooperando con los países y regiones vecinos con el fin de asegurar la paz y estabilidad deseada en el mar de China oriental.

1. El Gobierno de Japón, verificando no solamente que estas islas estaban deshabitadas sino también que ningún país o región, incluido Taiwan, las controlaba, después de llevar a cabo rigurosas inspecciones sobre las islas Senkaku, las incorporó formalmente a territorio japonés. Taiwan y China argumentan que existen muchos documentos históricos y mapas que demuestran que dichas islas no eran terra nullius , sin embargo, ninguno de ellos justifica plenamente la soberanía desde el punto de vista del derecho internacional.

2. Se supone que el artículo del señor Chiu al decir que “antiguos documentos del período Meiji comprueban que el gobierno reconocía en 1885 la posesión china de las islas” se refiere a una carta del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, de aquel entonces, a su ministro del Interior donde da instrucciones para investigar el área, aclarando que pensaba que las islas no eran parte del imperio Qing. Ese mismo año, el Ministerio del Interior contestó claramente al de Asuntos Exteriores la inexistencia de alguna prueba de que las islas pertenecieran al imperio Qing. El señor Chiu también argumenta que “la decisión del Gabinete japonés nunca fue anunciada públicamente contrario a la convención establecida”, sin embargo, según el derecho internacional, no existe obligación de anunciar al extranjero la intención de ocupar terra nullius. A partir de entonces el Gobierno del Japón, ejerciendo abiertamente su soberanía en las islas Senkaku, realizó investigaciones en el sitio ordenadas por el gobierno central y por la provincia de Okinawa, entre otras actividades, demostrando claramente en el exterior su intención de poseer las islas.

3. Taiwan reclama que las islas Senkaku fueron cedidas a Japón, como parte de Taiwan, a través del tratado de Shimonoseki de abril de 1895, no obstante, aunque no hay ninguna descripción clara en el tratado sobre qué comprende el territorio de Taiwan y las islas aledañas cedidas a Japón por el imperio Qing, no existe ningún fundamento de que las islas Senkaku estén incluidas en el artículo 2-2 de dicho tratado.

4. Las Declaraciones de El Cairo y de Postdam son documentos políticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Paz de San Francisco determina todos los arreglos territoriales como tratado internacional con efecto jurídico.

5. Conforme al Tratado de Paz de San Francisco, Japón renunció a Taiwan y a las islas Pescadores, pero no a las islas Senkaku. Al momento de firmarse el tratado, ninguno de los países aliados, incluyendo a Taiwan, se opuso a la anexión de estas islas a Japón, por lo que no tiene ningún sentido argumentar posteriormente que “ellos no se percataron de que las deshabitadas islas Senkaku eran las islas Tiaoyutai”.

6. En el proceso de negociación del Tratado de Paz entre Japón y república de China, firmado en 1952, nunca se discutió cómo tratar a las islas Senkaku, lo que era indicativo de que dichas islas se consideraban como parte del territorio japonés.

7. En 1972, Estados Unidos devolvió a Japón la autoridad administrativa de las islas Nansei Shoto, incluyendo a las islas Senkaku. El señor Chiu dice que Taiwan no puso objeción antes de 1971 porque dichas islas estuvieron bajo el control de Estados Unidos. Entonces me pregunto: ¿Por qué no las reclamó en aquel entonces a Estados Unidos?

8. Estados Unidos reconoce la soberanía de Japón en la islas Nansei Shoto, y reitera de manera explícita que el tratado de cooperación mutua sobre la seguridad entre Japón y Estados Unidos se aplica a las islas Senkaku.

MASATO IIDA

SEGUNDO SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE JAPÓN EN PANAMÁ


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