Página del lector_20130214

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INDIGENCIA A LA LUZ DEL DÍA

Un grupo de indigentes ha improvisado dormitorios en las afueras de un taller de herrería y albañilería en el Casco Antiguo, cerca del gimnasio de San Felipe. Han colocado colchones en las calles, obstaculizando el paso a las personas que transitan por el lugar. Comerciantes y vecinos de San Felipe se quejan de que muchas veces molestan a los visitantes que acuden a conocer la vieja ciudad de Panamá. A pesar de que se trata de una zona turística, las autoridades no han hecho nada por solucionar el problema.

Critican a la policía de Tránsito

La Dirección de Tránsito de la Policía Nacional da la impresión de ser una dependencia de fachada y de publicidad, ya que su accionar responde de forma bastante efectiva solamente para días festivos o de eventos importantes. Es de muy poco rendimiento en los días normales, ya que durante las horas nocturnas su presencia en las calles es inexistente y en las horas diurnas es casi nula, por lo que contribuyen muy poco a la seguridad vial y a prevenir el delito.

Tengo la esperanza de que con su nuevo director, el comisionado Aldo Macre, las cosas cambien para mejor y todo el personal se profesionalice. Es necesario crear una escuela de tránsito en donde se impartan los cursos básicos, medios y avanzados en materia vial a todo el personal. También es recomendable que regresen al servicio de trabajo que llamamos 48 horas por 24 horas, que consiste en crear cuatro grupos, tres laboran relevándose, tres turnos de 8 horas, durante 48 horas y el cuarto está libre, durante 24 horas (en la práctica son 31 horas libre, ya que el grupo que sale franco a las 3:00 p.m. del segundo día de trabajo, regresa a las 11:00 p.m. del día siguiente a comenzar turno).

Este servicio debe aplicar a todos los agentes, en todos los rangos, que laboran en puestos fijos, administrativos, supervisores y en la motorizada, para asegurarnos de cubrir las 24 horas del día durante todo el año, todas las vías y autopistas nacionales, calles y avenidas de las cabeceras de provincias, como mínimo. Que contraten personal civil para reforzar el área administrativa.

En los países desarrollados, a donde tenemos la esperanza de llegar algún día, hay universidades que dictan carreras avanzadas (de un año como mínimo) de tránsito vial, y enseñan y recomiendan utilizar mucho equipo tecnológico de última generación (cámaras, detector de alcohol en el conductor, detector de velocidad, etc.) ya que es de tanta necesidad e importancia que los policías de tránsito sean profesionales en su trabajo y en todas sus funciones, principalmente aquellos responsables de confeccionar el expediente o parte de un accidente (colisión, atropello, vuelco, etc.).

Hay que ser muy cuidadosos al elaborar el parte, en especial si en el accidente hay heridos, lisiados permanentes o muertos, porque ese informe es el que va utilizar, en primera instancia, el juez para dictar sentencia, y que representa para los involucrados o sus compañías aseguradoras el pago de miles de dólares

El policía de la sección vial debe tener buena ortografía, buena redacción, buena semántica, saber la técnica profesional para la confección del parte policivo y saber conducir un vehículo, y esto únicamente se aprende estudiando, asistiendo a cursos o siendo autodidacta. Desconozco a dónde asisten nuestros policías de tránsito a prepararse integralmente, o sea en todos los niveles, para cumplir con su abnegada y sacrificada labor.

FERNANDO QUESADA

EX DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL


Desafectación sin fundamento

Mediante resoluciones de Gabinete números 3 y 4 del 15 de enero de 2013, se desafectan en su naturaleza de bienes de dominio público y se transforman en bienes patrimoniales de la Nación, un globo de terreno consistente en un área de relleno de lecho marino para constituirse en finca patrimonial de la Nación y traspasarse a favor de un tercero, correspondiente a la isla 1 del proyecto las Islas de Punta Pacífica, ubicado en la bahía de Panamá, y un globo de terreno consistente en área de fondo de mar en el corregimiento de San Francisco.

Entre otras normas, dichas desafectaciones se fundamentan en la Ley 5 del 15 de abril de 1988. Pero debemos recordar que de acuerdo con el artículo 258 de nuestra Constitución Política, el mar territorial (entre algunos otros bienes, como las riberas de playas, el espacio aéreo o la plataforma continental submarina) es de uso público y, por ende, no puede ser objeto de apropiación privada. Este criterio fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 30 de diciembre de 2004. En dicho fallo la Corte aclaró que los rellenos que se hacen sobre bienes de dominio público, como el mar territorial, mantienen esa calidad de uso público y, por tanto, son inalienables.

Sucede que mediante la Ley 36 del 6 de julio de 1995 sobre concesiones administrativas, se agregaron una frase e inciso final al artículo 2 de la Ley 5 de 1988, por la cual se establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa. A través de la adición de esa frase e inciso final, se permitió la enajenación de bienes del Estado en el caso de concesiones, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes, convirtiéndose los rellenos sobre bienes de dominio público (o lo que es igual, sobre el mar territorial) en bienes patrimoniales del Estado, los cuales sí serían objeto de disposición o traspaso a terceros.

La frase final que se incluyó al artículo 2 aludido decía “ ... enajenación de bienes del Estado en favor del concesionario, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes o por cualquier otra forma que se convenga”. Y el inciso final señalaba: “En el caso de rellenos sobre bienes de dominio público, las áreas rellenadas constituirán bienes patrimoniales del Estado”. La razón de esta adición fue avalar en aquel momento la transferencia de terrenos ganados al mar, a la empresa ICA Panamá, S.A., como una de las contraprestaciones del gobierno de turno por la construcción del corredor Sur.

Fue basado en estas adiciones al artículo 2 mencionado que se ejecutó y rubricó el contrato No. 70-96 del 6 de agosto de 1996, por el cual el Estado panameño le otorgó concesiones a ICA, incluyendo la adquisición de rellenos al mar. Pero en su fallo del 30 de diciembre de 2004, la Corte declara inconstitucionales la frase e inciso final del artículo 2 de la Ley 5 de 1988, según quedó modificado por la Ley 36 de 1995, dado que vulneraba el artículo 255 de la Constitución Nacional (actual artículo 258). De esta manera se aclara que no es posible desafectar rellenos sobre bienes de dominio público (como el mar territorial o el fondo de mar), como tampoco es posible su traspaso a terceros.

De acuerdo con el fallo, solo se podrían desafectar los bienes de dominio público a través de una reforma constitucional, por haber sido nuestra carta política la que les dio tal calidad, lo que imposibilita su apropiación privada. Además, la transformación del mar territorial en propiedad privada, a través de un relleno, haría perder al Estado parte de su patrimonio y elemento constitutivo. Y como si todo esto fuera poco, se afirma en el fallo de la Corte en 2004 que el relleno realizado sobre el mar territorial debe revertir al Estado, como parte de un bien principal (el mar territorial) que es de uso público y no se puede transferir a manos privadas.

En síntesis, las resoluciones de Gabinete números 3 y 4 de 2013 se han basado jurídicamente en una norma que fue, con muy buen criterio legal, declarada inconstitucional en 2004 por la Corte Suprema de Justicia.

JULIO LINARES FRANCO

ABOGADO


Libertad de expresión mal interpretada

El diario La Prensa y otros diarios ofrecen en la edición digital un espacio que permite a los lectores opinar sobre las noticias y los artículos de columnistas fijos y colaboradores ocasionales. Sin embargo, esta valiosa oportunidad para expresarse no es bien utilizada. Son pocos los que aportan comentarios que enriquecen los temas. Otros, la mayoría, amparados por el anonimato usan el espacio para acusaciones osadas, irrespetuosas, muchas veces con vocabulario obsceno y hasta para intercambiar insultos entre ellos mismos.

Otros (dicen que comandados desde los llamados call centers), tienen como tarea organizada descalificar a los políticos de bandos contrarios.

Ante esta situación ¿qué camino deben seguir los diarios, los medios en general, incluidos los radiofónicos? Podrían seguir permitiendo el uso del espacio aceptando, como inevitable, que algunos imbéciles no entiendan la diferencia entre un espacio para opinar (a favor o en contra), y un inodoro. Con todo derecho el medio podría clausurarlo a sabiendas de que los mismos que abusaron del privilegio saldrán a denunciar “ataques a la libertad de expresión”.

No sé si existe algún recurso tecnológico que permita mantener abierto el espacio con la advertencia de que, antes de que aparezca el comentario, la identidad del lector pueda ser verificada, y que quedaría a discreción del diario publicarlo; no dudo de que esta práctica daría lugar a protestas por “censura previa”, invasión de identidad privada, etc. Argumentos no faltarían si los medios decidieran aplicar alguna de estas medidas.

Como lectora, y como columnista quincenal en este diario, favorezco el espacio para los comentarios pese a que algunos causan revoltura. Sé que cada artículo que publico está sujeto a la crítica favorable y a la que la adversa; incluso motivada por sentimientos personales de simpatía o antipatía ajenos al contenido del escrito. Gajes del oficio.

Debatir sobre el espacio para comentarios presenta posibilidades interesantes. ¿Qué opinan los lectores; los que dirigen los medios; el defensor del lector; los que usan el espacio con inteligencia y respeto; los que anónimamente lo usan para ataques cobardes y de baja estofa?

BERNA CALVIT

PERIODISTA Y ESCRITORA


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