Página del lector_20130906

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Abandono

LA PRENSA/Maydée Romero Sprang.

En los estacionamientos del estadio de béisbol infantil Felipe E. Motta se encuentra un viejo tráiler perteneciente a Pandeportes que ocupa un valioso espacio requerido por este centro deportivo ubicado detrás del Estadio Nacional Rod Carew, avenida de la Paz. Aparte, el vagón se ha convertido en un criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la fiebre amarilla. Actualmente en el estadio se lleva a cabo un torneo nacional de béisbol infantil, por lo que se debería dar mantenimiento al lugar.

El MEF, enemigo de la justicia

En un año presupuestario récord como 2014, un año en el que el Gobierno Nacional contará con el gigantesco presupuesto de Estado de más de 17 mil millones de dólares, la justicia panameña está quedando cada vez peor, como la Cenicienta más pobre de la historia.

Leyendo la noticia “MEF recorta $110 millones al Ministerio Público”, aparecida en La Prensa el martes 27 de agosto, es muy fácil darse cuenta por qué nuestra desbalanceada justicia anda en franco retroceso. Al presupuesto de la Procuraduría de la Nación y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le ha recortado $110 millones. Al Órgano Judicial, que había solicitado un presupuesto de $172 millones, apenas le aprobó $105 millones, una cifra menor que la de 2013 y $67 millones menos de lo necesario.

Bajo las mismas argucias de recortes presupuestarios, el MEF acaba de hacer enterrar en la Asamblea Nacional el proyecto de la Carrera Judicial “por falta de fondos”. La misma excusa de “falta de fondos” fue argumentada hace unos meses para congelar por más años el desarrollo del retrasado Sistema Penal Acusatorio en la mayor parte del país.

¿No que el gobierno del presidente Martinelli iba a apoyar a la justicia con todos los medios y recursos posibles para, entre otros objetivos, meter presos a los corruptos, a esos que “entran limpios y salen millonarios”? ¿O será que el Presidente se olvidó de esa promesa electoral de 2009?

A la justicia se le recorta los recursos necesarios, pero, para contrataciones millonarias de páginas web, de instructores en cursos de dudosos resultados, de encuestadores novatos para el programa “Ángel guardián” y de alquileres de camiones inservibles, así como los recientes escándalos que involucran a la Autoridad de Turismo, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Desarrollo Social y a otras entidades del Gobierno, ¡para esas instituciones, siempre, siempre hay plata!

CARLOS MORENO D. CIUDADANO


Réplica sobre cierre de campaña

Con relación a la noticia publicada este jueves 5 de septiembre en La Prensa con titular “CD (Cambio Democrático) cierra su campaña en medio de polémica”, del periodista Luis Burón Barahona, es importante hacer la siguiente aclaración:

En el párrafo décimo de la noticia, el periodista indica que “Ayer [miércoles 4 de septiembre] se cerró la campaña de cara a esta contienda interna, en la que participarán mil 850 precandidatos a diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales”. Al respecto, la doctora Emma Correa, de la Comisión Nacional de Elecciones Primarias de CD, indicó que ayer, jueves 5 de septiembre de 2013, a las 12:00 medianoche, concluyó el periodo de divulgación y propaganda electoral, no el miércoles pasado, como mencionó el señor Burón Barahona.

CARLOS SÁNCHEZ EQUIPO DE PRENSA DEL CD


Procuradora aclara una noticia

Acudo a ustedes respetuosamente con la finalidad primordial de solicitarle el derecho a réplica en cuanto a la noticia publicada el día miércoles 28 de agosto de 2013, específicamente en la página 5, sección Panorama, de su diario (La Prensa) y la cual aparece titulada “Álvarez, sin medidas cautelares”, que está enfocada en las declaraciones suministradas en este medio, con respecto a las vacaciones de la fiscal de Descarga de la provincia de Herrera, Enereida Barría.

Al respeto puedo comunicarles que la fiscal Barría solicitó sus vacaciones el pasado 21 de agosto del presente año al fiscal superior del IV distrito Judicial, Rotman Tristan. Aunado a esto el periodista de este medio Elio Núñez conversó con mi persona y el secretario general, Ramsés Barrera Paredes, y se le confirmó sobre la solicitud de las vacaciones que hizo la fiscal Barría.

Agradezco su gentileza de tomar nuestra petición y que se le otorgue la misma relevancia a nuestra nota aclaratoria como la noticia publicada en este diario.

ANA I. BELFON V. PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN


Moratoria tributaria, otra jugarreta del gobierno de Martinelli

La Prensa del viernes 30 de agosto trae dos notas periodísticas (“Luis Cucalón advierte de cárcel a defraudadores” y “Cárcel para defraudadores”) que demuestran lo frenéticamente desesperado que anda el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, por captar, como sea y tan pronto pueda, nuevos ingresos tributarios de los contribuyentes con los que intenta cuadrar su desbalanceado déficit fiscal.

Una de sus últimas jugadas (¿jugarretas?) del gobierno ha sido la de impulsar una nueva moratoria tributaria, la segunda en cuatro años, con el fin de exprimir todo el efectivo que pueda de los empresarios y la población trabajadora. Para conseguir ese objetivo, el director de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, se ha puesto a amenazar con unas imaginarias atribuciones fiscales para encarcelar cuando y a quien al señor Cucalón le dé la gana.

No hay nada más alejado de la legalidad. Ambas notas dicen que Cucalón pretende interponer “acusaciones por defraudación fiscal con pena de cárcel” a quienes no “regularicen” (paguen en este año 2013) su situación fiscal, con sustento en el Decreto de Gabinete 109 de 1970. Este Decreto, vale notar, no tipifica ningún “delito” de “defraudación fiscal”. Llama la atención que Cucalón utilice como arma coercitiva en contra de los contribuyentes a un decreto de la dictadura militar sobre funciones de la antigua Dirección General de Ingresos que fueron subrogadas por la Ley de la ANIP de 2013.

Desconoce también Cucalón, a diferencia de quienes hemos manejado esta materia por muchos años, que el Código Penal de 1982, así como el Código Penal de 2007, con texto unificado de 2010, derogaron toda norma anterior que fuera o pudiera considerarse, antojadizamente como en este caso, un delito o una pena. Tergiversar el Código Civil por vía del Código Fiscal para inventar un tipo penal y una sanción de cárcel que no están en el Código Penal no solo es absurdo sino también ilegal.

MARCO L. JURADO ECONOMISTA


Ley modificada de manera inconstitucional

En sus más recientes columnas dominicales (La Prensa, 18/8/13 y 25/8/13, respectivamente) el consultor fiscal Osvaldo Lau hizo críticas a una serie de inconsistencias encontradas en el texto de la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, “Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”, promulgada en la Gaceta Oficial No. 27,346-C de esa misma fecha.

De acuerdo con Lau, esas inconsistencias habrían sido subsanadas mediante una “fe de errata” aparecida en la Gaceta Oficial No. 27,351-A de 13 de agosto de 2013, bajo la cual fue publicado un nuevo texto con modificaciones de la Ley 47.

Tal como se declara en su encabezado, la aludida “fe de errata” fue adoptada en esta última Gaceta Oficial “para corregir error involuntario en la publicación de la Ley 47”. En la “fe de errata” no se indica ni explica cuál es o en qué consiste el “error involuntario” que se afirma cometido en la promulgación de dicha Ley. En la Gaceta Oficial No. 27,346-C, la Ley 47 había sido promulgada mediante la reproducción digital de las imágenes completas de cada una de las trece (13) páginas del documento que comprende la totalidad de su contenido, sin transcribirlo. Este fue precisamente el documento que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate y que luego sancionó el Órgano Ejecutivo, por lo que en realidad no existió ningún error en su publicación original.

Sin embargo, el texto de la Ley 47 publicado en periódico oficial No. 27,351-A de 13 de agosto incluye modificaciones a los Artículos 4, 14 y 21 de esta Ley en un documento al que, notoria e irregularmente, se le han cambiado las páginas 2, 7 y 10.

Nuestra Constitución Política no permite que una ley aprobada, sancionada y promulgada pueda sufrir modificaciones bajo una supuesta “fe de errata”. La actuación del director general del periódico estatal de publicar un texto modificado de la Ley 47 luego de su promulgación es violatoria de manera flagrante de normas constitucionales que exigen aprobar una nueva ley para modificar otra ya existente.

Esta publicación crea un precedente funesto, sin lugar a dudas inquietante y perjudicial para la seguridad jurídica a ser siempre respetada por las autoridades públicas y que debe imperar en todo momento en el sistema legal panameño.

FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ ABOGADO


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