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PELIGROSO

LA PRENSA/Luis García.

En la calle Ricardo Arango y calle 50, en pleno centro de la capital, hay una maraña de cables a baja altura que, aparte de constituirse en una incomodidad para los peatones que transitan por el lugar, representa un peligro en caso de que alguna persona roce estos equipos eléctricos y pueda sufrir un daño. Los vecinos del lugar y los centenares de transeúntes que caminan por estas calles piden a las autoridades que tomen medidas y procedan a asegurar el cableado.

Un acuerdo insustancial

Según nota que encabeza la primera plana del diario, “Gobiernos de Panamá y Nicaragua firman acuerdo” (La Prensa, 26/9/13), durante una reunión bilateral en el marco de la 68ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, los cancilleres de Panamá y Nicaragua “firmaron un acuerdo para que el mar territorial panameño no se afecte con las políticas expansionistas del país centroamericano”. Más adelante, en otra nota de Luis Burón Barahona, “Panamá y Nicaragua logran pacto”, se manifiesta que tal acuerdo fue firmado “para evitar perjuicio contra Panamá”.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el día anterior, sin embargo, no habla de un acuerdo firmado con Nicaragua, sino de un “acuerdo preliminar” aparentemente verbal entre los cancilleres. De conformidad con el acuerdo, “técnicos de ambos países revisarán la solicitud hecha por el Gobierno de Managua a la ONU para expandir su plataforma marítima continental, sin que esa aspiración afecte las aguas territoriales panameñas”. “En caso de que hubiera un traslape”, agrega el comunicado, el acuerdo busca que “no se comprometa la jurisdicción panameña”.

Observando los hechos reportados, la Cancillería panameña no parece tener una idea clara de cuáles son las “aguas territoriales panameñas” ni tampoco de cuáles son las aguas bajo “jurisdicción panameña” en el mar Caribe, mucho menos de lo que Nicaragua solicitó en junio pasado a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, establecida en cumplimiento con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la cual Panamá es Estado parte desde 1996.

El mar territorial panameño no es objeto de discusión por ningún país vecino. Lo que sí está pendiente de delimitar, desde la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictada en un caso entre Nicaragua y Colombia el 19 de noviembre de 2012, es la frontera de la plataforma continental -figura geográfica y jurídica totalmente distinta al mar territorial- entre Panamá y Nicaragua.

Por lo reportado, en nuestra Cancillería no acaban de comprender que la frontera en el mar Caribe negociada por Panamá con Colombia en 1976, una frontera estrictamente bilateral resultante de un tratado bilateral que no incumbe a terceros, ha quedado sin efecto en su sección occidental. En seguimiento de la sentencia de la CIJ, esta sección marítima no es colombiana, sin que tampoco sea ahora nicaragüense.

En vez de perder el tiempo en acuerdos intrascendentes, el Gobierno panameño debe dirigirse directamente, sin más rodeos ni demoras, a la mencionada Comisión de la ONU. Con sustento en el artículo 76 de la Convención, le corresponde rechazar enfáticamente las pretensiones nicaragüenses, declarando que la delimitación de la plataforma continental entre Panamá y Nicaragua en el mar Caribe se encuentra pendiente de negociación.

FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ

ABOGADO Y ÁRBITRO INTERNACIONAL


Educación en Panamá, he ahí el problema

“La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccyap) presentó siete proyectos para mejorar el sistema educativo del país, como parte del proyecto Agenda País 2014-2019. El presidente de la comisión Agenda País, Irvin A. Halman, explicó que la intención es lograr la excelencia en los resultados del sistema educativo, el desarrollo sostenible y la competitividad, además de que los logros reviertan equitativamente”. (La Prensa 13/09/2013).

Es plausible el esfuerzo y la contribución de la Cciyap, pero es solo el aporte de uno de los muchos sectores de la sociedad al esclarecimiento del problema educativo en Panamá. Y como importa mucho la contribución de todos los otros sectores de la sociedad para la debida solución del problema de la educación en Panamá, me permito hacer algunas observaciones, sin demeritar en modo alguno lo propuesto por la Cámara de Comercio.

En un trabajo que elaboré hace un par de años y que titulé “Bosquejo para una política educativa de Estado”, señalaba entre otras cosas: “Cuando oímos hablar de un gobierno manejado por el pueblo, la expresión no nos seduce sino en cuanto ella significa elevar la cultura popular hasta la altura y preparación de las más severas responsabilidades. Ya Croisset dijo que la educación del pueblo en una democracia asume la importancia que tiene la educación del príncipe en una monarquía.

En efecto, para realizar un vasto plan educativo, urge ante todo crear un ambiente propicio al estudio y al trabajo, un ambiente en el que sea posible transformar la pereza mental en animosa búsqueda del conocimiento, en donde pueda educarse dentro del esfuerzo consciente para el esfuerzo creador. Un ambiente en el que no importe únicamente el prestigio intelectual sino en el que tenga un alto precio también la dignidad de la vida privada. Un ambiente en donde se ejerza de por sí, sin intervención policiva, una tutela moral y espiritual sobre los estudiantes”.

Seguidamente, afirmaba: “Para esbozar un proyecto de política educativa, es necesario tomar en cuenta la voluntad de una sociedad que en el pasado hizo de la educación una herramienta básica para el progreso de Panamá. Es a través del debate sobre las grandes metas y medios que se va formando el acuerdo sobre lo que queremos para la educación y la cultura. A las autoridades solo les corresponde implementar ese consenso”.

Hoy las sociedades desarrolladas tienen un intenso debate educativo. Panamá también lo ha planteado, pero el país como tal no ha tenido una política nacional frente a la educación. Al contrario, en cada etapa del proceso reformista, solo se alcanzaron logros parciales (desde 1926 hasta el año 2011), pero todavía no ha sido posible una planificación integral de nuestro sistema educativo, es decir, desde el jardín de infancia hasta la universidad.

El significado de una política educativa y cultural es mucho más complejo y delicado que una política pública de cualquier otra materia, cuyos efectos pueden medirse inmediatamente y, por lo tanto, corregirse. En educación trabajamos con el largo plazo, no sobre las cosas o productos, sino con las personas, con la gente, y los efectos de lo que hoy decidamos se medirán en 10, 15 ó 20 años más. De ahí la necesidad de promover un debate profundo que involucre a todos, pero especialmente a los actores propios del proceso educativo que son los educadores (maestros y profesores) y todas las familias panameñas.

Por otra parte, la educación es un derecho inalienable de cada panameño y panameña. Por eso debe asumirse como una tarea nacional en la cual el Estado tiene una alta responsabilidad ante los representantes de la sociedad. Esta educación debe basarse en el pluralismo y la libertad de enseñanza, la participación y responsabilidad de la comunidad y de los actores del sistema educativo. Por ello es necesario, insistimos, una planificación integral de la educación, que nos permita la construcción de un verdadero sistema nacional de educación, y la redacción de una legislación necesaria para superar la actual desarticulación del sistema.

La compleja tarea nacional de lograr equidad y calidad en la educación tiene un principal protagonista: el educador. Lamentablemente, la situación aquí es crítica. El gobierno democrático a partir de 2014 hará que la deuda social con el magisterio nacional se vaya pagando como corresponde. Para el gradual cumplimiento de esa deuda debe establecerse una comisión bipartita que estudie las medidas que irán abordando los grandes problemas que afectan al magisterio.

PAULINO ROMERO C.

EDUCADOR


Periodismo para un campo minado

Los aproximadamente ocho meses que restan para las elecciones de mayo de 2014 serán una “prueba de fuego” para el periodismo nacional. En una guerra avisada promovida por los intereses de los grupos políticos en pugna, le corresponde al periodista aferrarse a sus valores éticos y morales para sobrevivir a la tormenta de arena.

Por el compromiso que tiene con la sociedad, al periodista le toca ser protagonista visible en el teatro del conflicto. Cada elección presidencial es diferente e impredecible, pero lo que permanece inmutable es la manera ética de hacer periodismo.

María Dolores Masana Argüelles, vicepresidenta de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), sostiene: “la supervivencia del periodismo depende de la responsabilidad ética que los medios asuman respecto a los derechos de los ciudadanos a recibir una información veraz mediante una buena praxis de la profesión periodística”.

Una de las normas éticas de La Prensa lo confirma: “el principal compromiso del periodista es con la verdad. La verdad del periodista es la verdad de los hechos. Las opiniones personales se podrán expresar en la sección de opinión”.

En estos momentos todo reportero tiene que estar seguro de lo que escribe, porque pasaron los tiempos en que un error solo trascendía en las planas del impreso. Con la internet y las redes sociales una mentira o una noticia parcializada se multiplica por el mundo en cuestión de minutos y es más difícil reparar el daño que se le hace a una persona o institución. Con la vigencia de las redes sociales la noticia tiene que estar lo suficientemente blindada para evitar dudas.

“Hoy la prensa se debate entre el escándalo, la opacidad, la desinformación cuando no la transgresión de la ética. Hay que decir bien alto que en periodismo no todo vale. ¿Conseguir una información a toda costa? No. Rotundamente, no cuando hablamos de prácticas ilícitas que rozan el delito”, advierte Masana Argüelles en un artículo titulado “Ética y periodismo: no todo vale”, publicado en el diario El País.

En una contienda política como la que se avecina los periodistas de un mismo medio tienen que mantener una unidad monolítica y mantenerse en permanente consulta. Una papa podrida puede echar a perder el saco, por esa razón la responsabilidad de preservar los valores éticos -ante todo embate- es un compromiso ineludible de todo periodista que se impone su buen gusto.

Rafael Núñez Grassals considera que en “una sociedad que se ha puesto de espaldas a los valores de la buena convivencia y que aprecia más el tener que el ser” hay que cultivar paciencia y “reciedumbre de carácter” para dar la batalla de la ética.

“La conciencia ética se crea y se transforma en el hacer. Brota del universo de las prácticas, que es el escenario de las luchas cotidianas por la sobrevivencia, batallas que han de librarse muchas veces en escenarios obstensiblemente hostiles”, apuntó Núñez Grassals en su artículo “La ética como base del ejercicio del periodismo”.

El periodista que va a cubrir una campaña electoral tan polémica como la que se avecina tiene que estar convencido de que su mejor escudo es la verdad y su mejor armadura la preservación de los clásicos valores morales, que contrario a los temporales avatares políticos, siempre mantendrán su vigencia.

HERMES SUCRE SERRANO

DEFENSOR DEL LECTOR


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