RAÍCES: Una lección bien aprendida: organismo electoral

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Hasta 1994, los torneos electorales fueron motivo de vergüenza nacional en Panamá. Desde las primeras elecciones municipales en diciembre de 1904, el fraude y la violencia estuvieron presentes en casi todas las votaciones. Por eso, desde muy temprano, los políticos criollos, invocando el artículo 136 de la Constitución de 1904, recurrieron a solicitar la supervisión electoral de Estados Unidos, con el fin de garantizar la pureza del sufragio.

A finales de 1905, un grupo de liberales, entre los que estaban Pablo Arosemena, Belisario Porras, Eusebio A. Morales y el general Domingo Díaz, se trasladó a Washington para entrevistarse con los secretarios de Estado, Elihu Root, y de Guerra, William H. Taft, con el propósito de plantearles la necesidad de que el Gobierno estadounidense supervisara las elecciones municipales de 1906. A raíz de esta humillante entrevista, Porras publicó el folleto Una lección de civismo que debe permanecer eternamente fresca en la memoria de los panameños, en el que narró cómo Pablo Arosemena, en su calidad de vocero del grupo, relató “las persecuciones crueles realizadas por la tiranía del doctor Amador” (...) “las violaciones del derecho de los ciudadanos y de la ley, de la lista de sufragantes llena de nombres de gente ya fallecida”.

Después de escucharlo, Elihu Root tomó la palabra y dijo: “El día que el Gobierno de Estados Unidos nombre a ciudadanos de este país como agentes suyos en territorio de la pequeña república panameña y les pague de su tesoro y les dé instrucciones para intervenir en cualquiera de los debates del derecho electoral o del derecho civil que tengan los ciudadanos panameños para que resuelvan por sí y ante sí, ese día habréis perdido vuestra soberanía”.

Sin embargo, Estados Unidos supervisó las elecciones de 1908, 1912 y 1918, aunque se negó a atender las solicitudes de intervención en los torneos municipales y presidenciales de 1910, 1914, 1924, 1928 y 1940. Pese a ello, sus representantes no dejaron de emitir sus opiniones y de ejercer presión, a favor o en contra de algunos candidatos, como el conocido caso de Richard O. Marsh en 1910 cuando se opuso a la designación de Carlos A. Mendoza.

Las elecciones de 1936, 1948, 1964 y 1984 estuvieron ensombrecidas por graves acusaciones de fraude, y por la percepción de importantes sectores de la población de que el nuevo mandatario era espurio y que llegaba a la presidencia gracias al apoyo del Ejecutivo saliente o del cuerpo armado. Pero solo uno de estos presidentes (Marco Robles 1964-1968), que ocupó el solio presidencial en medio del escándalo, logró finalizar su mandato. Los tres restantes, por razones naturales o coyunturales, no concluyeron sus períodos. En el resto de los torneos electorales casi siempre planeó el fantasma del fraude, la coacción electoral, la compra de votos, la alteración de las actas (“paquetazos”), la sustracción de urnas, la anulación de votos, así como la intimidación y la violencia bajo la responsabilidad de tropas de choque financiadas por los partidos políticos (“la palomilla”, “pie de guerra”, “boinas negras”, entre otros) y, en ocasiones, por el gobierno de turno. Igualmente, muchos de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones o de la Junta Nacional de Escrutinios, se caracterizaron por su parcialidad y sometimiento al Poder Ejecutivo o a los policías o militares, como lo ejemplifica el torneo de mayo de 1948 y la vergonzosa revisión de las actas de escrutinio al año siguiente, reconociendo el fraude y otorgándole el triunfo a Arnulfo Arias.

Después de una trayectoria indigna signada por el irrespeto a la voluntad popular, desde la década de 1990, nuestros procesos electorales han sido intachables. En el impredecible escenario político criollo esta parece ser una de las pocas lecciones aprendidas de las dos décadas de dictadura que desembocaron en la invasión estadounidense de 1989. Las elecciones celebradas desde entonces han puesto de manifiesto que, en el campo electoral, los panameños hemos alcanzado la plena madurez. Es innegable que la organización de un Tribunal Electoral moderno, tecnificado y en manos de magistrados honestos por muy deseable que fuera, no era suficiente para garantizar elecciones limpias y puras, sino que también se necesitaba un pacto político tácito que comprometiera a todos los Poderes del Estado, principalmente, al Ejecutivo, tanto como a los partidos políticos y a la ciudadanía en general. Queda demostrado, entonces, que la institucionalidad sí es posible en Panamá cuando existe voluntad y compromiso político.

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