Reflexiones finales sobre la fragilidad institucional

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Convención nacional. La Constitución, aprobada por 32 diputados en febrero de 1904, configuró jurídicamente la estructura institucional de la nueva república. (N del E). Convención nacional. La Constitución, aprobada por 32 diputados en febrero de 1904, configuró jurídicamente la estructura institucional de la nueva república. (N del E).
Convención nacional. La Constitución, aprobada por 32 diputados en febrero de 1904, configuró jurídicamente la estructura institucional de la nueva república. (N del E).

Generaciones de panameños han crecido pensando que la política es un botín y el soborno no es un delito, sino un derecho. Han crecido viendo cómo algunas figuras públicas, acusadas de apropiación indebida de los bienes del Estado y de enriquecimiento ilícito, se pasean impunemente por las calles y se convierten en personajes mediáticos admirados, cuyas opiniones son requeridas por los periodistas, como si se tratara de modelos a imitar.

Han crecido inmersos en la “cultura del juega vivo” que caracteriza hoy a la sociedad panameña y que ha deformado la existencia misma de los asociados, a tal punto que ya nadie sabe con precisión lo que está mal, lo que es incorrecto, lo que no es ético y lo que es ilícito. Han crecido siendo testigos de cómo exmilitares represores y violadores de los principios democráticos y de los derechos humanos se convierten en figuras prestantes de los foros políticos y son premiados con jugosos puestos públicos.

Han crecido pensando que los cargos públicos existen para el servicio de quienes los ocupan y no para propiciar, a través de ellos, el bien común y la prosperidad de los asociados. Han crecido viendo a magistrados, ministros de Estado, diputados y otros altos funcionarios que enfrentan las acusaciones, atrincherándose detrás de su inmunidad y aferrándose a sus cargos, lo que contribuye a sembrar aún más dudas sobre las instituciones que representan.

Han crecido en un mundo confuso donde la elástica línea que separa lo que es lícito de lo que es ilegal zigzaguea constantemente, víctimas del doble discurso demagógico, sumergidos en grandes inseguridades en medio de una institucionalidad siempre cuestionada, sin un modelo de país donde la equidad y el bien común constituyan los aceleradores del desarrollo humano sostenible.

Este país de intensos contrastes, en el que junto a la hipertrofia de la ruta de tránsito crecen y se multiplican importantes bolsones de pobreza urbana y rural, con indicadores de analfabetismo, desnutrición, morbilidad, mortalidad infantil y esperanza de vida propios del siglo XIX, se encuentra en una encrucijada. El desarrollo humano al que aspiramos todos los panameños parece cada vez más esquivo, pese al fabuloso crecimiento y a las deslumbrantes cifras macroeconómicas, en medio de una globalización desenfrenada donde la ética, la cultura y la identidad tienden a desaparecer.

El reto que se nos presenta es la organización planificada e inteligente de un profundo cambio social que surja de un compromiso nacional, y que debe comenzar por definir un proyecto de país que visualice con claridad el Panamá que queremos para todos los panameños.

Debemos renunciar para siempre a la cultura del “juega vivo”- que no es más que la corrupción criolla y la falta de transparencia política y judicial- y a la visión atávica de un Panamá fragmentado por una estructura que fomenta la inequidad, la violencia y el delito, donde el quintil más rico de la población tiene acceso al 60% del PIB; mientras el quintil menos favorecido lo hace solo al 3%. Estudios realizados pocos años atrás, revelaron que 80 familias en Panamá, muchas de ellas ligadas por lazos empresariales y familiares, controlaban más de la mitad del PIB, en tanto que más de un millón de panameños malvivían con dos dólares diarios.

En 2004, Linda Watt, exembajadora de Estados Unidos en Panamá, observó que la corrupción “corroe y obstaculiza la fluidez de la labor gubernamental y de la empresa privada, constituye la transferencia neta de la riqueza de sectores productivos a sectores no productivos y es un impuesto para los pobres, una carga para el ciudadano común, en tanto que conduce al gobierno a la adopción de decisiones contrarias a la eficiencia económica y a las razones de Estado”. Controlar la corrupción es un buen comienzo para reducir la pobreza en forma sostenible y no coyunturalmente como lo conciben las plutocracias.

FUENTES

Editor: Ricardo López Arias

Textos: Celestino Araúz y Patricia Pizzurno

Fotografías: Carlos Endara. Colección RLA/AVSU

Comentarios: vivir+@prensa.com

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