Revelan polémicos poderes veto de la Corona

Dichos poderes le habrían permitido al príncipe Carlos imponer ciertas posiciones en áreas como arquitectura y Salud. Como la monarquía británica moderna es constitucional, el papel del soberano en la práctica está limitado a funciones no p

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LONDRES, Inglaterra. (ANSA).- Una serie de poderes de veto casi desconocidos de la reina Isabel II de Inglaterra y su primogénito, el príncipe Carlos, para alterar y modificar nuevas leyes en Gran Bretaña será expuesta por primera vez luego que el gobierno de David Cameron perdió una batalla legal para mantener esos detalles en secreto. 

El Comisionado para la Información, Christopher Graham, dictaminó que la Oficina del Gabinete debe publicar detalles internos de Whitehall acerca de cómo altos miembros de la Casa Real son consultados antes de que leyes claves sean introducidas en el Parlamento. 

Los poderes de veto de la Corona fueron revelados el año pasado por el periódico The Guardian y fueron calificados por abogados constitucionalistas del país como una "fuerza disuasoria nuclear real". 

Dichos poderes le habrían permitido al príncipe Carlos imponer ciertas posiciones en áreas como arquitectura y Salud. 

De acuerdo a la constitución no codificada del Reino Unido, el poder político es ejercido en última instancia por el Parlamento, dentro del cual el soberano no es un componente partidario, junto con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, así como por el Primer Ministro y el Gabinete.

De este modo, como la monarquía británica moderna es constitucional, el papel del soberano en la práctica se encuentra limitado a funciones no partidarias, como la de ser fuente de honor.

LA POLÉMICA POR LA PRERROGATIVA 'REAL'

Tras el dictamen del Comisionado para la Información, el gobierno británico tiene ahora hasta el 25 de septiembre para publicar el "manual confidencial" sobre los poderes de veto de la Corona.  Dicha guía detalla cómo se pide la aprobación de la Corona (de Isabel II) y el Ducado de Cornualles (del príncipe Carlos) antes de que ciertas leyes sean aprobadas en el Parlamento, de qué forma los ministros piden "consejo" a los miembros de alto rango de la Realeza para modificar la legislación.  

Si el gobierno se niega a dar a conocer dichos poderes secretos, podría enfrentar una demanda legal en el Tribunal Supremo de Londres. 

Según The Guardian, en las dos últimas sesiones parlamentarias el príncipe Carlos fue requerido por los ministros para consentir al menos 12 proyectos legislativos, desde leyes sobre mudanzas hasta sociedades cooperativas. 

Entre 2007 y 2009, el heredero al trono fue consultado sobre leyes que van desde cambios a los juzgados de instrucción, pasando por el desarrollo económico, la construcción, acceso a zonas costeras y marinas, planificación y reurbanización de viviendas, energía y planeamiento social.  

En el caso de Carlos, los poderes de veto secretos surgen de su rol como propietario del Ducado de Cornualles, de mil 110 millones de dólares en valor total y que le provee de un salario anual de cerca de 27 millones de dólares. 

El gobierno ha batallado para mantener dichos poderes en secreto, al indicar que su publicación violará los privilegios legales profesionales.  

Anthony Berkeley, un lord laborista a quien se le informó que debía pedirle autorización al príncipe Carlos para una ley de navegación marítima, declaró que la decisión del Comisionado de Información "es absolutamente correcta".  

El lord Berkely sostuvo que la publicación de dichos poderes podría echar luz sobre un procedimiento legal poco conocido por los británicos, que le permite al príncipe de Gales y a la reina "interferir en leyes para asegurarse que no afecten sus intereses personales". 

Entre 2008 y 2009 el Ministerio de Justicia consultó al Palacio de Buckingham acerca de la ley de aprendices y cómo afectaría a Isabel II "en su capacidad personal".  

Como empleadora de mil 200 trabajadores en los distintos Palacios Reales, incluidos mayordomos, choferes y mucamas, la monarca se veía afectada por la legislación. Dicha ley fue finalmente modificada para beneficiar a la reina. "Estamos en el siglo XXI y no en el XVIII. Es una locura pensar que (la realeza) está tratando de hacer esto. La familia real debería abandonar este privilegio especial y todos respetar la ley de este país. Sólo por el hecho de que tengan campos y fortunas privadas desde hace siglos no significa que cuenten con el derecho de interferir", subrayó el ley Berkely.

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