Venalidad judicial durante el siglo XX

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El año de 1925 fue difícil para Panamá. En febrero, los indígenas gunas proclamaron la república de Tule y, acto seguido, se produjo la rebelión cuyo saldo fue media docena de policías muertos.

Ocho meses más tarde, la huelga inquilinaria desató una violenta represión gubernamental y condujo al presidente Rodolfo Chiari a solicitar la ocupación de la ciudad capital por parte de las tropas estadounidenses.

En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia no solo sobreseyó a los miembros de la Policía Nacional por la muerte y las lesiones infligidas a los manifestantes, revocando así el enjuiciamiento dictado por el Procurador General de la Nación, sino que también aplaudió la intervención de las tropas extranjeras por haber evitado el “golpe revolucionario con tendencias comunistas”, encaminado a derrocar al Gobierno.

Recordemos que la revolución bolchevique de 1917 dio paso en la década de 1920 al gran “peligro rojo” que atormentó a Estados Unidos.

Seis años después, en 1931, al producirse el golpe de Estado de Acción Comunal, que derrocó al presidente Florencio Harmodio Arosemena, la Corte Suprema de Justicia justificó el fait accompli echando mano por primera vez de la aberrante y contradictoria figura de “golpe de Estado constitucional”, que consistía en deponer al mandatario constitucional para entronizar a uno de los designados.

En esta oportunidad, la larga mano de Washington influyó para que la Corte Suprema de Justicia transgrediera flagrantemente la ley al rechazar a los designados elegidos para el bienio 1930-1932, a quienes declaró “fuera del radio constitucional” y recurrir a los designados de la legislatura anterior (1928-1930) para sustituir al mandatario depuesto.

En octubre de 1941, después de un breve mandato de 12 meses, el presidente Arnulfo Arias Madrid fue derrocado por vez primera. De inmediato, se detuvo al primer designado José Pezet, leal al presidente, y se llamó al segundo designado Ernesto Jaén Guardia para que ocupara la presidencia.

Acto seguido, este renunció y asumió el ministro de Gobierno y Justicia Ricardo Adolfo de la Guardia, el elegido por Estados Unidos para sustituir al mandatario depuesto. Todo parecía funcionar según lo planeado, hasta que se le solicitó la renuncia al tercer designado Aníbal Ríos, quien se encontraba al frente de la Embajada de Panamá en Perú. Ríos se negó a dimitir y, en su lugar, se embarcó rumbo a Panamá para ocupar la presidencia. Poco después, la Corte Suprema de Justicia sentenció que no había lugar para llamar al tercer vicepresidente, avalando un nuevo golpe constitucional. Mediante tres acuerdos consecutivos, la Corte Suprema de Justicia desplazó del poder a los tres designados elegidos constitucionalmente en el torneo de 1940.

Igualmente, el 6 de octubre de 1969, la Corte Suprema avaló el golpe de Estado encabezado por la Guardia Nacional el 11 de octubre del año anterior, y entronizó a los militares por más de dos décadas al fallar en pleno “que la Revolución del 11 de octubre de 1968 ha instaurado un orden de derecho...” por diversas razones, entre otras, porque no se había “derogado la Constitución”.

Más que nunca, durante los más de 20 años de dominio militar, la justicia fue una caricatura al servicio de los gobiernos de facto que asaltaron el poder por mandato de los uniformados, mientras servía como instrumento para legitimar sus desmanes. Desapariciones, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, fraudes electorales, autogolpes, obstrucción de la justicia, represión, entre otros delitos, merecieron el aval de las autoridades judiciales. A modo de ejemplo, vale la pena recordar los sonados casos de la desaparición del padre Héctor Gallego y del asesinato de Hugo Spadafora.

Por más de dos décadas, los militares abusaron de la figura de “golpe de Estado constitucional” para deponer y reemplazar presidentes espurios. Más recientemente, hemos sido testigos del bochornoso espectáculo de magistrados acusados de recibir sobornos de narcotraficantes, magistrados que cambian sus fallos en apenas unas horas, magistrados que se acusan mutuamente de apropiación indebida de los bienes del Estado y magistrados que llegan a sus altos cargos opacados por la sombra de las acusaciones del pago de sobornos a los diputados para que ratificaran sus designaciones.

(Por razones de espacio, solo se mencionan los casos más sonados).

FUENTES

Editor: Ricardo López AriasTextos: Celestino Araúz y Patricia Pizzurno

Fotografías: Carlos Endara. Colección RLA/AVSU

Comentarios: vivir+@prensa.com

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