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Una jueza federal de San Francisco, Maxine Chesney, decidió frenar de forma cautelar los planes de la Administración Bush de enviar 140 mil amenazadoras cartas a empresas sospechosas de dar empleo a inmigrantes indocumentados.
Chesney consideró problemática la legalidad de la medida gubernamental y dio la razón en primera instancia al gigante sindical AFL-CIO, que fue quien había presentado el recurso. La jueza fijó una nueva vista judicial para estudiar el asunto el próximo día uno de octubre.
Las cartas que debían enviar la Administración de la Seguridad Social y el Departamento de Seguridad Interior estaban destinadas a alertar a las empresas de las discrepancias entre sus bancos de datos y los números y nombres de los empleados. Los empresarios iban a disponer de noventa días para aclarar la identidad de las personas en su nómina o bien despedirlas. A quienes no cumplieran la ley y siguieran dando trabajo a personas sin papeles se les amenazaba con severas multas e incluso penas de cárcel.
La federación sindical AFL-CIO y otras organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la American Civil Liberties Union, argumentaron que el Departamento de Seguridad Interior- un superministerio creado tras el 11-S- se excedía en sus competencias al luchar contra la inmigración ilegal usando informaciones de la Administración de la Seguridad Social que no son nada fiables.
Se estima que en los bancos de datos puede haber errores que afectan a casi 18 millones de trabajadores, entre ellos 12.7 millones de ciudadanos estadounidenses y 4.8 millones de inmigrantes legales. Los controles burocráticos son tan defectuosos que se estima que hasta el 10% de los números de la Seguridad Social pueden resultar sospechosos debido a la confusión de nombres, errores tipográficos, y también al fraude, pues existe un boyante mercado negro de números, por medio de los cuales los 'sin papeles' se insertan en el mercado laboral y muchos hasta pagan impuestos.
La aplicación estricta de las órdenes del Gobierno amenazaba con tener graves efectos sociales y económicos, amén de la precariedad en que hubieran quedado millones de familias.
La juez Chesney afirmó que la justicia necesita "espacio para respirar" en este complejo caso y por eso postergó cualquier decisión hasta el uno de octubre. Según la magistrada, la Administración debe presentar pruebas más sólidas de que las discrepancias en las listas signifiquen que la persona es un inmigrante ilegal.
Para justificar el parón en el envío de cartas dijo que eso sólo significaba un pequeño inconveniente para el Gobierno, mientras que ahorra consecuencias potenciales muy graves a millones de empleados falsamente identificados como sin papeles.
Laura Keehner, portavoz del Departamento de Seguridad Interior, dijo que estaban "decepcionados" pero confiaban en que, cuando puedan presentar ante el tribunal todos los argumentos, se les dará la razón y ganarán el pleito.
"Continuaremos aplicando la ley - dijo Keehner-. Continuaremos nuestros esfuerzos para disuadir a los empresarios que ignoran flagrantemente las leyes de inmigración. Sus acciones tienen consecuencias."
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