| CANALES |
|
| EL
IMPRESO |
| |
| SUPLEMENTOS |
| |
| TIEMPO
LIBRE |
| |
| SERVICIOS |
| |
|
|
| |
 |
| |
| |
|
| |
| El temor a la deportación |
| |
| |
Domingo | 27.01.2008 |
| |
Por: Julia Preston
The New York Times News Service
|
| |
| |
WAUKEGAN, Illinois (EU) -Ella es un ama de casa, una contribuyente fiscal, una amigable vecina y ciudadana estadounidense.
Sin embargo, debido a que está casada con un inmigrante indocumentado, en últimas fechas ella se siente como fugitiva.
Cada vez que su marido mexicano se aventura fuera de la casa, “se me revuelve el estómago de la preocupación”, dijo la mujer, quien insistió en ser identificada solamente por su nombre de pila y la inicial de su apellido, Miriam M. “Yo pienso, ‘Dios mío, ya tardó”, dijo. “Empiezo a llamarle por teléfono. Entro en pánico”.
A lo largo del año pasado, miles de inmigrantes indocumentados y sus familias que viven en este país se han retirado de la vida en la comunidad en Waukegan, microcosmos de una clandestinidad creciente de inmigrantes a lo largo de Estados Unidos cuyo estatus es ilegal, los cuales se aferran a hogares y empleos con todo y la presión de una más severa aplicación de leyes tanto en el ámbito federal como en el local.
Desde Illinois, pasando por Georgia y Arizona, estas familias se ocultan a plena vista, para evitar que agentes de inmigración los detecten y sean deportados.
Hacen sus compras en poblados distantes de casa, evitan fiestas y no toman vacaciones. Se mantienen alejados de tiendas étnicas, dejan de acudir a citas con el médico y reuniones en las escuelas de sus hijos, posponiendo lo que normalmente eran suntuosas fiestas para las quinceañeras. Asimismo, evitan a la policía, dudando incluso en reportar delitos.
“Cuando nosotros salimos por la mañana, sabemos que vamos a trabajar”, dijo Elena G., indocumentada de México, de 47 años de edad, así como residente de Waukegan desde hace ocho años, quien trabaja en una fábrica en la cercanía. “Pero, no sabemos si regresaremos a casa”.
Agentes del departamento estadounidense de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas detuvieron a más de 35 mil inmigrantes indocumentados, incluidos trabajadores sin autorización y fugitivos de inmigración, lo cual representa más del doble registrado en 2006. Ellos enviaron a 276 mil 912 inmigrantes de vuelta a sus países de origen, lo cual es una cifra histórica.
Debido a que aproximadamente tres cuartas partes de los 11.3 millones de inmigrantes indocumentados que, según estimados, están en todo el país vienen de América Latina, y que muchos tienen cónyuges, hijos u otros parientes que son inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses, el sentido de alarma se ha propagado ampliamente entre los hispanos.
Un sondeo por parte del Centro Hispano Pew, grupo no partidista dedicado a la investigación en Washington, encontró en diciembre que 53% de los hispanos en Estados Unidos temen que ellos o un ser amado pudiera terminar deportado.
Tiendas que atienden a inmigrantes hispanos en lugares como Atlanta y Cincinnati han cerrado a causa del marcado descenso en la clientela.
Michael L. Barrera, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, dijo que informes anecdóticos indicaban que pequeños establecimientos comerciales habían recibido el golpe más duro, debido al marcado descenso en el gasto de los inmigrantes.
“Las redadas realmente los han ahuyentado, vaya que sí”, expresó Douglas S. Massey, demógrafo de Princeton que ha estudiado a los inmigrantes mexicanos desde hace ya tres décadas.
Con base en sus propios sondeos e informes recientes de otros académicos que llevan a cabo investigación de campo en el suroeste, en Carolina del Norte y en otros estados, Massey dijo que el “palpable sentido de temor y trauma” en comunidades inmigrantes era más intenso que en cualquier otro momento desde las deportaciones masivas de trabajadores agrícolas de origen mexicano de 1954.
Funcionarios de inmigración de la rama federal dicen que el incremento de la administración de George W. Bush en la aplicación de leyes a lo largo del último año, así como de algunas autoridades locales, ha persuadido a números cada vez mayores de inmigrantes indocumentados de volver a casa.
Pero en lugares como Waukegan, suburbio de clase media y racialmente mixto, al norte de Chicago, la mayoría ha optado por quedarse, atados a familias y empleos.
Esta ciudad ha sido un punto de llegada para inmigrantes desde hace ya varias generaciones. Las personas de origen latinoamericano han estado viniendo desde los años 60 y actualmente representan 40% de la población, que asciende a 91 mil.
El número de inmigrantes indocumentados entre ellos se disparó a lo largo de la década pasada.
A pesar de su estatus ilegal, esos inmigrantes encontraron empleos fijos en fábricas y jardinería o el denominado paisajismo. Por carecer de números del Seguro Social, usaron números de contribuyentes fiscales para abrir tiendas y negocios, matricularse en la facultad de la comunidad y obtener préstamos bancarios para comprar automóviles y casas.
La bienvenida empezó a disiparse hace cuatro años, cuando el gobierno de la ciudad incrementó las multas y penas por conducir sin licencia. Debido a que Illinois exige un número válido del Seguro Social para expedirla, muchos inmigrantes indocumentados perdieron sus automóviles, luego que no pudieron solventar las cuotas atrasadas por vehículos detenidos.
El verano pasado, el Concejo votó a favor de registrar un acuerdo con ICE, la dependencia federal de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas, a fin de que ésta entrene a oficiales de la policía de Waukegan para que comiencen con las deportaciones de inmigrantes que eran felones convictos.
Si bien funcionarios de la ciudad insistieron en que los oficiales manejarían exclusivamente los casos de criminales encarcelados, corrió el rumor de que la policía de tránsito revisaría el estatus migratorio de cualquier motorista al que detuvieran.
Además, en meses recientes, agentes federales de inmigración efectuaron dos grandes redadas en la cercanía.
“La gente llegó a mí y me dijo: Padre, ¿cuándo nos convertimos en el enemigo?”, contó el reverendo Gary M. Graf, sacerdote católico cuya parroquia en Waukegan da cabida a muchos inmigrantes hispanos.
Funcionarios del ayuntamiento dijeron que las ordenanzas más estrictas con respecto al tránsito no tenían el propósito de aislar específicamente a inmigrantes indocumentados o hispanos, sino de reducir los accidentes con motoristas que no tienen seguro de daños a terceros.
“La única razón por la cual lo hicimos tuvo que ver con la seguridad”, dijo el alcalde Richard H. Hyde. “Nosotros no queremos en los caminos a nadie que carezca de licencia de manejo”.
No obstante, el temor se ha convertido en un compañero cotidiano para muchos residentes. Una mujer, ciudadana naturalizada, de 37 años de edad, quien nació en Centroamérica, pero creció en Waukegan, ya decidió que se mantendrá alejada de la ciudad aun cuando su madre sigue viviendo aquí.
La mujer, abogada que practica en el área metropolitana de Chicago, se enamoró de un inmigrante indocumentado originario de Guatemala.
Luego de contraer matrimonio en 2004, ella se percató de que, bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos, para él sería difícil la legalización, aun cuando ella es ciudadana estadounidense.
Debido a que él había cruzado la frontera ilegalmente, la búsqueda del estatus legal requeriría que él regresara a Guatemala y pasaran años separados, sin garantía de éxito. Ella abandonó planes para mudarse de nuevo a Waukegan. Tanto ella como su marido se sienten más seguros en Chicago, con su gran población hispana.
“Sé todo de Waukegan; es mi pueblo”, dijo la mujer, quien solicitó permanecer en el anonimato debido al estatus de su marido. “Conozco la preparatoria, el primer restaurante mexicano. Debería sentirme libre de ir ahí y entrar cuando me viniera en gana. Pero, ya no es la misma libertad”.
Raimundo V., de 30 años de edad, inmigrante indocumentado que vino de México y ha vivido aquí desde hace 13 años, dijo que había cancelado reparaciones en su hogar, del cual es dueño, dejando también de hacer compras en tiendas locales, amén de que estaba intentando ahorrar todo lo que pudiera en caso que terminara siendo detenido y deportado.
“En este caso, yo espero estar preparado para lo que venga”, dijo Raimundo.
Miriam M. y su marido, casados en 2004, son propietarios de una bonita casa en una apacible calle y están criando a cuatro hijos de matrimonios anteriores, todos ciudadanos estadounidenses. Él dirige su propia empresa de jardinería, pagando impuestos empresariales y sobre la propiedad.
Si bien Miriam M. es ciudadana estadounidense, para su marido resulta difícil obtener documentos legales, ya que ingresó ilegalmente al país, proveniente de México, hace 12 años. Ella no le prestó mucha atención al estatus legal de su marido cuando lo conoció por vez primera.
“Usted sabe, siendo novios, no piensas mucho en eso”, dijo. “De acuerdo, quizás yo no deseaba pensar mucho en ello”.
Actualmente él se mantiene cerca de casa y evita el centro de Waukegan, conduciendo más bien alrededor de los límites de la ciudad cuando le es posible.
Otra inmigrante, L. Gómez, de 36 años, colombiana que en fecha reciente estaba en camino de adquirir el estatus legal, dijo que había acudido a la policía y los tribunales en años anteriores buscando protección de un marido violento. Desde la aplicación de severas medidas en la inmigración, dijo, ella ha evitado a las autoridades, aun cuando su marido la ha amenazado.
Los dueños hispanos de establecimientos comerciales en Waukegan se quejan de un bache en las ventas que, destacaron, iba más allá de los efectos de una economía lenta en Estados Unidos.
“La gente se está alejando de los negocios de Waukegan y está yendo a otros lugares para comprar o invertir”, aseguró Porfirio García, mexico-estadounidense que preside una empresa dedicada a bienes raíces, Exit/Re-Gar Realty.
En el centro comercial Belvidere, mismo que atiende a una clientela hispana, María Sotelo, inmigrante legal de México, dijo que ella iba a cerrar su tienda luego de 17 años, debido a que sus ventas habían caído en los últimos seis meses, de 5 mil a 500 dólares por semana. Ella vendía vestidos de satín y vestidos de velo y encaje para fiestas de quinceañeras, así como camisetas de equipos del fútbol mexicano.
“Desde que empezó todo esto con la inmigración, la gente ya no viene a este lugar”, dijo Sotelo.
Hyde y otros funcionarios del ayuntamiento dijeron anticipar que tendrían que esperar varios años antes de que el Congreso estadounidense adoptara nuevas leyes para el control de la inmigración ilegal. En el ínterin, dijo el alcalde, él hará lo que esté en su mano para hacer valer las leyes locales.
“¿Creo en el cierre de las fronteras?”, se preguntó Hyde. “¿Creo en destacar efectivos militares allá? Pueden apostar su vida a que sí. Ilegal es ilegal, y ese es el fin de la conversación, en verdad”. |
| |
|
| |
¡ESCRÍBENOS TUS COMENTARIOS AQUÍ! |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
