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LOS ÁNGELES.- Una joven asiática llega al sur de California con la promesa de un empleo en un restaurante y una invitación generosa a vivir gratuitamente en la casa de su empleadora mientras se adapta a su mundo nuevo.
"No podía creerlo. Pensé que estaba viviendo el sueño estadounidense", autoridades dijeron que Thonglim Khamphiranon expresó a sus amistades en tailandés.
Sin embargo, la promesa de un empleo de 240 dólares mensuales en un restaurante tailandés en el Valle de San Fernando resultó ser una pesadilla.
Le confiscaron su pasaporte, dijo Khamphiranon a activistas que combaten el tráfico de personas, y cortaron su relación con el mundo exterior. Durante seis años, a finales de los 1990, trabajó como esclava hasta 18 horas diarias, tanto en el restaurante de su empleadora como en su casa, donde Khamphiranon dormía en el suelo y la servía de rodillas.
No sucedió en alguna bolsa étnica tercermundista de Los Ángeles, sino en un barrio de lujo en Woodland Hills.
Khamphiranon se había convertido en víctima del tráfico de personas, actividad económica mundial estimada en nueve mil millones de dólares.
"Si puede suceder en Woodland Hills, puede pasar en cualquier parte", dijo Kay Buck, directora ejecutiva de la Coalición para Abolir la Esclavitud y el Tráfico, una organización con sede en Los Ángeles que ayuda a víctimas del comercio de esclavos de la época moderna.
Aun cuando el caso de Khamphiranon es de hace una década, los expertos dicen que California se ha convertido en el centro del tráfico de personas, clandestino, con valor de muchos millones de dólares, en el cual se ejerce coerción sobre las personas para el trabajo duro o el comercio sexual por medio de la fuerza o el fraude, según una investigación gubernamental reciente que duró 18 meses.
Avances
Legisladores del Estado Dorado han empezado a dar pasos nuevos para tratar de reducir esta actividad.
Una propuesta introducida recientemente por el presidente interino elegido del Senado, Darrel Steinberg, demócrata por Sacramento, solicita a las empresas que hagan más para ayudar a eliminar el tráfico de personas.
El proyecto de ley pide a detallistas y fabricantes que diseñen e implementen políticas sobre cómo cumplirán con las leyes federales para eliminar la esclavitud y el tráfico de personas.
"El tráfico de personas y la esclavitud son negocios internacionales en crecimiento para los monstruos que los practican", dijo Jim Evans, un vocero de Steinberg.
"Con él (el proyecto de ley 1649), el senador Steinberg generará conciencia entre las empresas y los consumidores en cuanto a que el trabajo forzado -ya sea en Estados Unidos o en el extranjero- no tiene cabida en nuestra economía".
La medida es producto de un informe de una fuerza de tarea de 19 integrantes de la Alianza Californiana para el Combate del Tráfico y la Esclavitud, en el que se concluye que California se ha convertido en el destino más importante de los traficantes de personas.
"La extensa frontera internacional del estado, sus puertos y aeropuertos principales, así como su economía sólida y la población en aumento, su gran población de inmigrantes, y sus industrias hacen que sea un blanco principal para los traficantes", dice el informe de la fuerza de tarea.
Se trafica ilegalmente con decenas de miles de personas -en su mayoría mujeres y jovencitas de Tailandia y México, según funcionarios federales- en Estados Unidos, donde se les obliga a trabajar como prostitutas, sirvientas en casas y obreras en talleres donde las explotan.
En la última década, el tema ha incitado pasiones entre activistas y autoridades, las cuales han metido dinero y personal para combatir una guerra contra el tráfico de personas que, como era de esperarse, es tan turbia y tortuosa como las batallas contra el narcotráfico y el contrabando de armas.
De acuerdo con el informe de California emitido en diciembre -y el de Los Ángeles de 2005 sobre el tema-, las fuerzas del orden aún tienen que cuantificar la magnitud del problema.
"La naturaleza del crimen -que es clandestino- hace que sea tan difícil de cuantificar e identificar como de combatir", dijo Buck, miembro del consejo de la fuerza de tarea que elaboró el informe.
Para complicar la situación está el hecho de que muchas víctimas son renuentes a presentar una denuncia debido a las amenazas de los traficantes de hacerles daño a sus familias o de que las deporten a sus países de origen, de los que huyeron por las condiciones intolerables.
Las cifras
Desde 2000, las autoridades han identificado alrededor de mil 500 víctimas de tráfico de personas en Estados Unidos, cantidad que dista mucho de las 50 mil al año que se calculan en un informe de la CIA.
El problema persiste a pesar de que el gobierno federal ha canalizado más de 150 millones de dólares y organizado 42 fuerzas de tarea del Departamento de Justicia a nivel nacional para combatirlo.
"Sabemos que se trata de un problema internacional, pero honestamente desconocemos su magnitud, la cantidad de víctimas", dijo Michael A. Smith del Ejército de Salvación en Los Ángeles, que está entre las organizaciones que combaten enérgicamente el tráfico de personas.
La batalla ha logrado un nuevo reconocimiento en Sacramento en los últimos tres años, ya que los legisladores han promulgado sanciones más duras contra el tráfico y han iniciado acciones para identificar con exactitud la magnitud del problema.
California promulgó su primera legislación importante sobre la materia en 2005, por la cual el tráfico es un delito mayor, y proporciona más asistencia a las víctimas. La ley entró en vigor en 2006, pero ha sido difícil medir sus efectos, dijeron funcionarios estatales. La mayoría de los casos de tráfico aún se enjuicia según la legislación federal.
Sally Lieber, la asambleísta demócrata por Mountain Valley que redactó la legislación de 2005, dijo que planea continuar con la sujeción por deuda: la práctica de traer gente a Estados Unidos y forzarla a trabajar en condiciones prácticamente de esclavitud para cubrir sus deudas.
"Estamos viendo el surgimiento de la sujeción por deuda en casi todas las actividades económicas de California", dijo Lieber. "No debería darse el caso de que personas estén trayendo indocumentados aquí y reteniéndolos en trabajos forzados por una ganancia".
Es coautora de un proyecto de ley por el cual se definiría específicamente tal actividad como un crimen.
Trabajadores inmigrantes agrícolas y de la construcción, empleadas domésticas y de moteles, restaurantes y fábricas de ropa con frecuencia son vulnerables al abuso.
"Traen muchas personas a este país con la promesa de que podrán ganarse una vida mejor, que podrán enviar dinero a sus familias", dijo Nancy Matson, de la Procuraduría General de Justicia de California y presidenta de la fuerza de tarea estatal.
"Cuando llegan aquí, no es eso lo que sucede. Hay muchísimas promesas, muchísimos engaños. Les quitan los documentos. Viven en forma sórdida. No tienen libertad para ir y venir".
Un allanamiento federal, en el que se detuvo a seis personas bajo sospecha de pertenecer a una banda de contrabando de personas en Los Angeles, proporciona una ventana al problema.
Funcionarios federales de inmigración y aduanas dijeron que sólo estaban involucradas personas que transportaban al país inmigrantes indocumentados, pero tan sólo uno de los cabecillas había depositado 456 mil 897 dólares en cuentas bancarias en un lapso de tres años.
"Nos enfrentamos a un monstruo de muchas caras. Trabajo forzado, prostitución forzada, esposas ordenadas por correo y pornografía infantil son formas de este repugnante comercio de miles de millones de dólares", dijo el concejal municipal Tony Cárdenas, quien convocó la Fuerza de Tarea del Tráfico de Personas y la Prostitución Infantil a nivel de la municipalidad.
El informe de Cárdenas también resalta la falta de conciencia en la comunidad, incluidos miembros de las fuerzas del orden, en cuanto al tráfico de personas y cómo se podrían identificar las víctimas.
En los últimos años, activistas como Sandra Hunnicut, de la organización Hermanas Cautivas, con sede en Los Ángeles, han estado tratando de generar la conciencia pública sobre el problema.
"Es demasiado frecuente que la única forma en que se descubran estos casos sea debido al buen corazón de buenos samaritanos", dijo Hunnicut. "Alguien ve algo que no está bien y lo reporta".
De hecho, en el caso de Khamphiranon, llegaron a su rescate buenos samaritanos. Una familia tailandesa la ayudó a escapar, y el Centro Tailandés para el Desarrollo Comunitario la puso en contacto con las autoridades.
Su abusadora, Supawan Veerapol de 61 años, fue sentenciada por los cargos relacionados con el tráfico de personas y estuvo seis años en prisión de una condena por ocho antes de ser liberada el año pasado.
"El tráfico de personas es la esclavitud de la época moderna", dijo la senadora estatal Sheila Kuehl, cuyo distrito 23 incluye partes del Valle de San Fernando y quien se ha convertido en una importante adalid contra el tráfico de personas en el país.
"(Se) está convirtiendo en uno de los temas de derechos humanos más importantes del siglo XXI". |
