Conflicto por tierras

Detienen sistema de riego

La posible expropiación de sus tierras mantiene en alerta a tres comunidades en Macaracas, Los Santos.
Un grupo de ganaderos y moradores afectados por el sistema de riego del Valle de Tonosí, procedió a paralizar los trabajos en Guaniquito. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Alcibiades Cortez. Un grupo de ganaderos y moradores afectados por el sistema de riego del Valle de Tonosí, procedió a paralizar los trabajos en Guaniquito. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Alcibiades Cortez.
Un grupo de ganaderos y moradores afectados por el sistema de riego del Valle de Tonosí, procedió a paralizar los trabajos en Guaniquito. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Alcibiades Cortez.

Moradores de El Tolú y del corregimiento de Bajos de Güera, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, paralizaron ayer las maquinarias de la empresa Hidalgo e Hidalgo que construye el sistema de riego de Tonosí y los obligaron a salir de sus tierras.

Con la construcción del sistema de riego se inundarán 620 hectáreas de las mejores tierras agrícolas de El Tolú y Bajos de Güera, en Macaracas, para beneficiar las zona productiva de El Valle de Tonosí.

Esta medida generó, desde un principio, la molestia de las comunidades afectadas, malestar que se agudizó el martes 26 de la semana pasada cuando se publicó en Gaceta Oficial N° 27422 el resuelto N° DAL -017-ADM-2013, en el que se establece la expropiación de las tierras de no llegarse a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) por el valor de los terrenos.

El desalojo de las maquinarias se produjo ayer a las 2:25 p.m. en el sector de El Barrancón, en donde se realizan los trabajos de desvío del río Guaniquito.

“No permitiremos que se continúe trabajando en el proyecto, porque no tenemos nuestros predios en venta”, manifestó Rigoberto Martínez morador de Guaniquito, donde se construirá la segunda presa del proyecto.

Esta manifestación se registró dos horas después de que un grupo conformado por 40 miembros de El Tolú y Bajos de Güera se reuniera en la ciudad capital con el titular del Mida Oscar Osorio.

En el encuentro los residentes afectados le solicitaron a Osorio se derogue el resuelto que permite la expropiación de sus tierras y que se detengan los trabajos del sistema de riego hasta que se conforme un diálogo formal.

“El Estado habla de indemnizarnos por nuestras tierras, pero nada de eso se ha establecido por escrito y aún desconocemos los resultados de los avalúos”, manifestó Paulino Vásquez, dirigente de los moradores de El Tolú.

“Mientras no se establezca una mesa de negociación no se puede hablar de precio de tierras”, aseguró el dirigente.

Según Vásquez, el jefe de la cartera agropecuaria les solicitó un plazo de tres días para responder sus peticiones.

Esta es la segunda vez en un año que los moradores de las comunidades afectadas obligan a detener los trabajos de la empresa ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo.

La primera vez fue el jueves 28 de febrero cuando más de 250 residentes de El Tolú y Bajos de Güera, en el distrito de Macaracas, obligaron a Osorio a suspender los trabajos.

La empresa Hidalgo e Hidalgo, responsable de una parte de los trabajos del plan de saneamiento de la bahía de Panamá, se adjudicó por $155 millones el estudio, diseño y construcción del proyecto de riego.

La obra, que abarcará 15 mil hectáreas cultivables –10 mil en una primera fase–, se utilizará para suministrar agua potable, controlar inundaciones, generar energía y un sistema de riego de cultivos en Tonosí.

Proyecto en cifras

$12

Millones calculó el Estado en el pago de las indemnizaciones.

$5,000

Es el precio estimado por una hectárea en las zonas inundables, según el Mida.

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