Denuncian a Sergio Gálvez ante la CSJ por entrega de ‘jamones’

Carlos Rubio, miembro de la Juventud del Partido Popular, presentó este jueves, 26 de diciembre, una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el diputado y representante de El Chorrillo, Sergio Gálvez.

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Solo en su circuito (8-7) el presidente de la Asamblea Nacional se ha podido gastar cerca de 2 millones de dólares en bolsas de Navidad. Solo en su circuito (8-7) el presidente de la Asamblea Nacional se ha podido gastar cerca de 2 millones de dólares en bolsas de Navidad.
Solo en su circuito (8-7) el presidente de la Asamblea Nacional se ha podido gastar cerca de 2 millones de dólares en bolsas de Navidad.

Carlos Rubio, miembro de la Juventud del Partido Popular, presentó este jueves, 26 de diciembre, una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el diputado y representante de El Chorrillo, Sergio Gálvez. 

La denuncia electoral penal se basa en el supuesto uso de los recursos del Estado para proselitismo político. 

Rubio dijo que “hay pruebas suficientes” divulgadas por los medios de comunicación que muestran a Gálvez utilizando fondos públicos para promocionarse como candidato, de cara a las elecciones generales de 2014. 

“Tenemos documentos en mano de la Contraloría [General de la República] que indican que Sergio Gálvez recibió dinero del Estado para la compra de estos jamones y lo está utilizando para proselitismo político y alterar la voluntad popular de sus electores”, sostuvo. 

A juicio de Rubio, el problema no está en que se repartan jamones a los ciudadanos. La falla está en que se coloquen imágenes de los candidatos en las bolsas que se reparten cuando el dinero que se está utilizando para comprar los productos es de todos los panameños, precisó. 

Desde el pasado 23 de diciembre, Gálvez –quien busca su reelección como diputado y representante de El Chorrillo– inició una repartición de bolsas de comida y jamones navideños. 

El diputado oficialista ha negado que los recursos para las compras de estos productos navideños sean estatales. “El dinero viene de las cenas de recaudación y de donaciones de mi partido”, afirmó. 

Actualmente, el Código Electoral sanciona el uso de recursos del Estado para el proselitismo político. El artículo 392 del Código Electoral establece que se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años, a las personas que compren o soliciten voto por pago o promesa de dinero u objetos materiales para el elector o aquellos que utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos legalmente constituidos o en formación.

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