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29 abr La Mora Institucional Panameña

El primer allanamiento realizado por el Ministerio Público a Mossack Fonseca fue a sus oficinas en Marbella y duró más de 27 horas. El primer allanamiento realizado por el Ministerio Público a Mossack Fonseca fue a sus oficinas en Marbella y duró más de 27 horas.
El primer allanamiento realizado por el Ministerio Público a Mossack Fonseca fue a sus oficinas en Marbella y duró más de 27 horas. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Nuestro país se ha constituido de forma voluntaria e intencional en un eslabón clave de la delincuencia internacional y, por ende, queramos o no, somos cómplices y encubridores de algunos de los peores crímenes del mundo. Transitamos por una línea fina de favorecer los buenos negocios para todos, pero las mismas herramientas jurídicas y financieras también favorecen algunos de los peores negocios imaginables.

El país ha sido un avestruz con la cabeza enterrada en la arena y ha estado actuando de forma indiferente frente a lo que pase en el resto del mundo. Si hay una guerra civil en Colombia, qué bueno porque les podemos vender armas; a la vez que explotamos de manera inhumana a sus mujeres y escondemos dineros de las víctimas y victimarios de ese conflicto. Hay una empresa brasileña coimera que todos los países serios del mundo investigan. No importa nada de esto porque nosotros les damos buenos contratos y además blindamos sus cuentas bancarias contra los tenebrosos ojos de fiscales y jueces extranjeros.

Nuestra clase política está en permanente alquiler al mejor postor. Minero, traficante, proxeneta, falsificador, constructor de pirámide financiera y -porqué no- uno que otro revolucionario de extracto popular. Desde Marc Harris hasta David Murcia, la plaza panameña ha sido el mejor bazar disponible. Carecemos de la institucionalidad para combatir eficazmente la corrupción y el conflicto de intereses. La prevención y el castigo a la coima y al tráfico de influencias, están ausentes de los programas de gobierno de los partidos políticos.

Esa mora institucional es la que nos está comiendo poco a poco. El déficit de institucionalidad es un síntoma de una enfermedad más profunda, la debilidad de nuestro Estado de derecho. Todo el asuntito de las listas grises, los papeles triturados de la firma de abogados más famosa del mundo y el trauma que vivirá nuestra economía, de una u otra forma, eran totalmente prevenibles y previsibles. Es más, Panamá tiene 12 años de mora con la comunidad internacional en la mayoría de los temas que ahora nos sorprende públicamente.

En 1998, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas pidió que se elaborara un convenio marco que sirviera de fundamento para el combate de la delincuencia organizada transnacional. Esto quiere decir que desde carteles de la droga mexicanos, hasta la mafia siciliana y todo lo que cupiera en esa bolsa: tráfico de armas, trata de seres humanos, narcotráfico, corrupción de funcionarios y, sobre todo, el lavado de dinero debían ser erradicados. El 12 de diciembre del año 2000, se acordó la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Panamá la ratificó por medio de la ley 23 de 2004.

Este tratado multilateral, de 41 artículos, es en realidad un Código de Derecho Procesal y Penal para el combate de la corrupción y el delito transnacional. En su articulado ya existía la obligación de establecer mecanismos para obligar a las empresas no financieras a reportar sus transacciones sospechosas. También se establecía que el secreto bancario no podía ser excusa para evitar la cooperación judicial e internacional, y que tanto los abogados como otros profesionales debían conocer sus clientes y los beneficiarios finales de las sociedades jurídicas que fabricaban. El tratado también exigía que, de ninguna forma, los gobiernos de los países podían permitir que sus empresas fueran utilizadas para simular, como legales, acciones que eran delictivas.

Aquí les aburro con la cita textual de algunos artículos del tratado. Por ejemplo, el artículo 3, en su numeral 2, define el delito objeto del tratado de la siguiente forma:

“ (…) el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.”

Por su parte, las modalidades del lavado de dinero o blanqueo de activos que se obligan a combatir los estados, se describen de la siguiente forma: Artículo 6.

Penalización del blanqueo del producto del delito

“Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito…”

  1. La Convención de Palermo busca combatir la impunidad, obligando a los estados que no extraditan a sus nacionales a juzgarlos por aquellos delitos que afectan los intereses de otras naciones. Esta obligación se detalla de la siguiente forma:

Artículo 15, Numeral 3 

“… Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.”

Uno de los temas actualmente en debate, el de compartir información con los países requirentes, ya estaba incluido en la Convención de Palermo. Esto es vinculante y, por lo tanto, Panamá debía adecuar su legislación y la institucionalidad del país, para cumplir a cabalidad con estas obligaciones. Así vemos que:

Artículo 18, numeral 3 Literal f) “Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles (…)”.

Los temas de secreto bancario, o de velo corporativo, están estipulados en esta Convención, que Panamá ratificó sin ninguna reserva en 2004. Por ejemplo, el texto de la Convención establece en el mismo artículo 18: 

Numeral 8. “Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.” 

Uno de los argumentos más utilizados para explicar la poca cooperación de Panamá con la comunidad internacional en la persecución de estos delitos, ha sido el planteamiento de que si la conducta no es delito en Panamá, el país no tiene razón para cooperar. Este planteamiento se presenta de una forma orientada hacia la diligencia y buena fe del Estado, según se reitera en el propio artículo 18 de la siguiente forma:

Numeral 9. “Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.”

En cuanto al tema particular de la posición panameña sobre la no cooperación o intercambio de información por temas de impuestos, es claro que desde el año 2004 esa excusa perdió todo fundamento, ya que el mencionado artículo 18 específicamente regula este asunto de esta forma: Numeral 22. “Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.”

La Convención de Palermo establece, como un principio funcional para su efectividad, el cambio en los patrones de conducta profesional de distintos agentes claves para la elaboración y construcción de las sociedades anónimas y otros vehículos jurídicos, según se puede leer en el 

artículo 31.

Artículo 31, numeral 2 

Literal b) “La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios públicos, asesores fiscales y contadores…”

Es obvio que la Convención de Palermo no ha sido cumplida por nuestro país. La Ley 23 de 2004 tuvo que esperar hasta la Ley 2 de 2011 para que se regulara el tema de “conocer al cliente”, y hasta la Ley 23 de 2015, para que se regulara parcialmente los temas de blanqueo de capitales por sujetos no financieros.

Desde el gobierno de Mireya Moscoso -que participó en la negociación de la Convención-, hasta el gobierno actual se sabía que Panamá tenía que hacer un importante esfuerzo para cumplir con los estándares internacionales. No lo hicimos, y ahora estamos empezando a enfrentar las consecuencias por esto. De haber cumplido a cabalidad, los “Panamá Papers” jamás habrían existido. Estamos en deuda con la humanidad por nuestra mora institucional que nos perjudica principalmente a nosotros mismos y contribuye a hacer impunes algunos de los peores crímenes cometidos en tiempos recientes.

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