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12 abr ‘Offshore’

El lavado de dinero se convirtió en ilegal en Panamá en 1986. Para 1994, salieron las primeras regulaciones de “conozca su cliente”.

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En el orden usual: el asesor gubernamental Gian Castillero, el vicecanciller Luis Miguel Hincapié; los ministros Álvaro Alemán (Presidencia) y Dulcidio De la Guardia (Economía y Finanzas). En el orden usual: el asesor gubernamental Gian Castillero, el vicecanciller Luis Miguel Hincapié; los ministros Álvaro Alemán (Presidencia) y Dulcidio De la Guardia (Economía y Finanzas).
En el orden usual: el asesor gubernamental Gian Castillero, el vicecanciller Luis Miguel Hincapié; los ministros Álvaro Alemán (Presidencia) y Dulcidio De la Guardia (Economía y Finanzas). LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

A finales del siglo XIX, la firma de abogados Sullivan & Cromwell de Nueva York inventó un modelo de sociedades anónimas para favorecer los negocios del mundo financiero estadounidense.

Entonces, como ahora, la presión popular era favorable a la creación de nuevos impuestos y al aumento de los existentes para los ricos.  

Con las nuevas sociedades, especialmente las del estado de Delaware, se podían hacer transacciones fácilmente, con muy pocas regulaciones, y evitando los molestos impuestos.

Unos 20 años más tarde, y en medio de la Primera Guerra Mundial, el joven Estado panameño aprobó su Código de Comercio, y la primera legislación que facilitaba el abanderamiento de naves dedicadas al comercio internacional bajo la insignia panameña.

En 1927, el diputado Harmodio Arias Madrid propuso una Ley de Sociedades Anónimas, que superaba a la de Delaware, y cuyo propósito era convertir a Panamá en una plaza para realizar importantes negocios internacionales.

Al igual que la Zona Libre de Colón, la venta de sociedades anónimas necesita cambiar su modelo de negocio. A todo el mundo le duele el cambio, y mucho más si es forzado por potencias extranjeras.

Adolfo Hitler conquistó el poder en Alemania en 1933. Muy rápidamente, su discurso racista y dictatorial provocó que miles de ciudadanos alemanes buscaran un refugio para su dinero, con alguna forma de protección de su identidad.

Los suizos crearon en 1934 la Ley de Secreto Bancario que establecía las cuentas cifradas y obligaba a todos los empleados de los bancos a mantener reserva sobre los dueños de las cuentas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el naviero griego Aristóteles Onassis empezó a abanderar su flota de tanqueros de petróleo bajo la bandera panameña.

Eso hizo que muchos otros siguieran su ejemplo, y el registro de naves de Panamá empezó a crecer astronómicamente, hasta convertirse en el más importante del mundo.

Sociedades anónimas y abanderamiento de naves van de la mano. Era usual que el dueño de cada nave tuviera varias sociedades anónimas para poder funcionar en el negocio marítimo internacional.

En la década de 1970, se desarrolló en nuestro país el Centro Bancario Internacional. Bancos de todas partes del mundo se establecieron en el istmo. Se supone que esta fue la época salvaje de lavado de dinero en Panamá.

En la Zona Libre de Colón se vendía ropa falsificada, videos pirateados y se llevaba una doble y hasta triple contabilidad para esconder las transacciones reales, de lo que se presentaba contablemente a las autoridades.

Por supuesto que existían empresarios honestos en la Zona Libre, pero la mentalidad dominante era otra.

El lavado de dinero se convirtió en ilegal en Panamá en 1986. Para 1994, salieron las primeras regulaciones de “conozca su cliente”.

Aunque se creó una comisión en el gobierno de Mireya Moscoso para revisar los temas pertinentes, no fue hasta el año 2011 que se legisló una norma para obligar a la “debida diligencia”.

En 2015 se legisló para ampliar el número de actividades que debían reportar sus transacciones sospechosas a las autoridades.

Las sociedades anónimas existen para proteger activos, resguardar identidades y facilitar transacciones comerciales. Hay una diferencia fundamental entre los términos “evitar impuestos” y “evadir impuestos”.

Evitar impuestos significa organizar una transacción para reducir la cantidad de impuestos que esta paga. Por ejemplo, un jugador de fútbol hace que su sociedad anónima panameña sea la que negocie su derecho de imagen.

De esta forma, esta actividad queda excluida del régimen tributario del país donde reside el jugador. Hay otros deportistas que se mudan a Mónaco y dejan de pagar impuestos sin ningún problema y sin necesidad de una sociedad anónima.

Por otra parte, evadir impuestos significa disimular o esconder los ingresos para que estos no paguen tributos. Este es el problema más serio que enfrentan las estancadas economías occidentales.

El grado de la evasión es altísimo. Cientos de miles de millones de dólares faltan de las arcas de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Para Francia, arrinconar a Panamá es una forma políticamente fácil de hacer ver que se buscan los impuestos evadidos sin hacer nada en realidad.

Todos los países desarrollados saben perfectamente lo que hay que hacer para cerrar los escapes de dinero. Sin embargo, dichas medidas serían tremendamente impopulares entre los ricos y poderosos del mundo.

Francia no va a recaudar ninguna cantidad significativa de impuestos estrangulando a Panamá. Esto es meramente simbólico y una distracción frente a los fracasos de su política interna.

El offshore como industria tiene sus días contados. Posiblemente en 10 o 15 años, se habrán creado las regulaciones internacionales que acaben con ese negocio.

Al igual que la Zona Libre de Colón, la venta de sociedades anónimas necesita cambiar su modelo de negocio. A todo el mundo le duele el cambio, y mucho más si es forzado por potencias extranjeras.

El escándalo de Mossack y Fonseca nos cayó como un balde de agua fría a los panameños. Nos sentimos víctimas de una pelonera mundial. Aunque la mayoría de los papeles son de jurisdicciones dependientes de los países anglosajones, el nuestro se llevó la peor parte.

Esto se ha transformado en un vivo recordatorio de que Panamá tiene que sanear aun más su economía. Como reacciones y respuestas frente a esta gran oportunidad, me parecen muy útiles las siguientes:

  1. Combinar en una sola autoridad financiera nacional todas las superintendencias (bancaria, de seguros, mercado de valores) y poner bajo un mismo techo a todas las regulaciones y a todos los reguladores del sector. Los altos funcionarios de esta autoridad deben estar nombrados por un periodo de nueve años para independizarlos de la presión política. Todas las sanciones y amonestaciones que haga esta entidad deben ser públicas, sin secretos ni reservas.

  2. La lucha contra el lavado de dinero debe ser más eficiente y directa. La Unidad de Análisis Financiero y la nueva Superintendencia de Sujetos no Financieros deben unificarse, y pasar a ser un componente del Ministerio Público. El modelo pasivo del control del lavado de dinero a partir de informes de actividades sospechosas o denuncias debe convertirse en una práctica permanente de análisis activo basado en inspecciones de bienes y actividades altamente sospechosas. Los dueños de Ferraris y de yates, seguramente todos legales, deben ser inspeccionados para hacer una profilaxis. Esto debe valer igualmente para los condominios y mansiones millonarias que tanto abundan últimamente en nuestro mercado de inmobiliario.

  3. Se necesita crear una oficina permanente dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores dedicada a la prospección económica internacional, que en colaboración con nuestro cuerpo diplomático y producto de un análisis pormenorizado, revise constantemente el estado de situación de todos los asuntos que son de interés estratégico para Panamá. El país no puede vivir de sobresalto en sobresalto ni a merced de sorpresas. Seamos honestos, los cargos diplomáticos y consulares se han usado para todo menos para la defensa de los intereses de Panamá. Existen personas muy capacitadas que deberían ocupar dichas posiciones, y no las representaciones de las distintas firmas de abogados y bancos que apoyaron al partido de gobierno, o peor aún, la práctica de usar los cargos diplomáticos y consulares para resolver problemas familiares.

  4. El equipo negociador no puede ser reducido a un grupo de personas vinculadas por familia o por trabajo a la venta de sociedades anónimas. Esto hubiera sido comparable a que los Tratados del Canal de Panamá hubiesen sido negociados por los miembros de la Cámara Marítima, y no por una variedad de personalidades prestantes que tenían el interés nacional como su meta principal. Las negociaciones comerciales de las dos últimas décadas han estado cargadas de conflictos de intereses y con una visión restringida de la economía y de la sociedad panameña. Estas negociaciones ya no son técnicas, son políticas y deben ser tratadas como tales. Al grupo encabezado por la brillante jurista Maruquel Pabón, debe complementarlo un grupo más político, quizás liderado por el expresidente Martín Torrijos, quien tiene afinidad por vía de la Internacional Socialista con el Partido Socialista Francés y otros Gobiernos de Europa. Es necesario complementar al equipo de negociadores técnicos con un tributarista como Jorge Obediente, un representante del Ministerio Público con experiencia en cooperación internacional para investigaciones complejas y, quizás, tres diputados como Ana Matilde Gómez, Pedro Miguel González y José Antonio Domínguez, que sirvan de vasos comunicantes con el Poder Legislativo, el cual es el que finalmente aprueba lo negociado. De esta forma, se asegura, que lo que el gobierno actual presente sea lo mejor que se pudo conseguir en la mesa de negociación y que, de verdad, representa los mejores intereses del país constituyéndose en una política de Estado.

  5. Es necesario reconocer que el centro financiero y los servicios conexos, incluyendo firmas de abogados, requieren de un sindicato de trabajadores. Por décadas, en dictadura y en democracia y con un fallo abominable de la Corte Suprema de Justicia, se le negó el derecho a sindicalización a los trabajadores de este sector. Un sindicato de trabajadores financieros sería un excelente mecanismo de control y de denuncia de los abusos del sistema bancario y legal de Panamá.

  6. Tanto la ley de contrataciones públicas como la ley de reformas electorales son parte de esta estrategia. No se puede pretender que Panamá sea tomada en serio en el tema de sociedades, si seguimos permitiendo que empresas bandidas como la constructora brasileña Norberto Odebrecht, siga contratando en nuestro país como si nada pasara. Igualmente, si las donaciones a los partidos políticos son el último refugio de la opacidad, no tendremos esperanza los panameños, de que nuestros verdaderos intereses sean el objetivo de los políticos que nos gobiernan. Todas las donaciones y el financiamiento de los partidos políticos deben ser del conocimiento público. El gobierno actual tiene una gran oportunidad de tomar esta crisis y usarla para limpiar el tablero, en nuestros términos y bajo nuestras condiciones. Panamá nunca ha sido un paraíso fiscal, pero el terrible daño causado por la mora judicial, la corrupción y la escasez de recursos han transformado al Poder Judicial en un cómplice de la impunidad. Se ha sembrado la desesperanza y desilusión en la opinión pública, hasta convertirnos en un paraíso judicial. Es allí donde el gobierno actual tiene su mayor desafío.

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