Blogoterapia Blogoterapia

18 sep Cuando entre fiscales te veas

Temas:

Fachada del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Quinta Anticorrupción. Fachada del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Quinta Anticorrupción.
Fachada del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Quinta Anticorrupción. LA PRENSA/ Archivo

En las clases de Derecho Penal, el doctor Carlos Iván Zúñiga solía afirmar que “el Procurador General es el Presidente moral de un país”. No entendía el alcance de esa frase ya que era 1988 y estábamos en plena dictadura militar. Mis conocimientos de la historia de Panamá me habían revelado que nuestro país no era uno que se caracterizara por tener grandes fiscales.

Repasando las noticias recientes, nos percatamos que la Fiscal General de Guatemala investigó al Presidente y a la Vicepresidenta de dicho país sin ningún problema. Los fiscales brasileños andan investigando el caso Odebrecht que involucra a políticos y a diputados de todo nivel, sin ninguna cortapisa. En Argentina, el fiscal Alberto Nisman estaba investigando a la Presidenta y a su gabinete, cuando murió misteriosamente.

Frente a lo anterior la pregunta obvia es: ¿Por qué en Panamá esto no está ocurriendo? La respuesta es el Código Procesal Penal. Antes de la Ley “blindaje”, ya había reducido el rol del Ministerio Público en la investigación de los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al quitar al Ministerio Público del camino, estos estamentos consiguieron la mejor protección posible.

El Ministerio Público es la entidad que tiene la capacidad investigativa para llevar adelante esos casos de alto perfil. El caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna tuvo éxito precisamente porque el periodismo investigativo de La Prensa, y la acción de la sociedad civil, sirvieron para empujar esa investigación, que no hubiera sido posible de otra forma, debido a la ausencia del Ministerio Público.

Ignacio Fábrega, Felipe Virzi y decenas de empresarios y políticos han sido investigados por el Ministerio Público en meses recientes. En el mismo tiempo, la Asamblea Nacional investigó completamente a un magistrado y avanzó significativamente la investigación de otro que decidió renunciar para detener el proceso. Mientras tanto, a la fecha (18 de septiembre) la Corte Suprema no ha podido ni derogar la Ley Blindaje por inconstitucional, ni imputar formalmente a quien desde Miami nos invita a tomarnos unos tragos.

El problema de origen de esta situación proviene del Código Procesal Penal que luego fue empeorado por la Ley 55 de 2012. Antes, con el Código Judicial de 1986, todos los casos de conocidos por la Corte Suprema de Justicia debían ser investigados por el Procurador General. Los casos ante la Asamblea Legislativa (así era como se llamaba antes la Asamblea Nacional) eran iniciados por la Comisión Judicial que luego le remitía su expediente a la Procuraduría General, para que esta entidad hiciera su recomendación. Luego el Pleno de la Asamblea votaba en favor o en contra de enjuiciar al Presidente de la República.

¿Qué pasó entonces en el 2008? Con la Ley 63 de 2008 se aprobó el Código Procesal Penal que establece el Sistema Penal Acusatorio en Panamá. En su redacción original se estableció aquello de Magistrado-Fiscal en la Corte Suprema de Justicia y se dijo que este funcionario podía apoyarse con el Ministerio Público para realizar sus funciones.

Entrando en terreno totalmente especulativo, opino que pasó lo siguiente: En el año 2008 era Procuradora General la licenciada Ana Matilde Gómez, quien no era de la total confianza de los diputados que mandaban en la Asamblea Nacional. Esa Asamblea había sido cómplice de desmantelar al Ministerio Público, quitándole la Policía Técnica Judicial y el Instituto de Medicina Legal.

Los diputados no querían, entonces como ahora, que una Procuradora independiente les investigara. Como sabían que el Sistema Penal Acusatorio era la reforma judicial más importante realizada en medio siglo a la justicia panameña, negociaron su primer blindaje a cambio de aprobar el Código Procesal Penal.

Cuando se aprobó la Ley 55 de 2012 que reforzó el blindaje, el daño estaba hecho. Era muy fácil debilitar aún más la investigación en contra de los diputados y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Como hermana de antes mencionada norma, se aprobó la Ley 35 de 2013 que reducía significativamente el plazo de prescripción de los delitos de peculado, y otros ilícitos cometidos en contra de la administración pública. El mensaje estaba claro: ¡A robar y a robar más!

Para restaurar la justicia en Panamá hay que restaurar la potestad del Ministerio Público de investigar a todos los ciudadanos y de participar activamente en los casos ante la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional.

Adicionalmente se debe restaurar la Policía Técnica Judicial. Recordemos que se usó como pretexto para eliminarla el envenenamiento de Franklin Brewster y la pérdida de un armamento, mezclado con un escándalo relacionado con la pérdida de una droga se custodiada. La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional hace lo que puede con lo que tiene pero al país le conviene tener nuevamente un cuerpo investigativo independiente.

Simón Bolívar decía que: “A la sombra de la ignorancia trabaja el crimen”. Aquí en Panamá podemos decir que: “Bajo la sombra del blindaje y del desmantelamiento del Ministerio Público, prospera la corrupción”.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Sobre el autor