Alianza Ciudadana denuncia restricciones a libertad de asociación ante CIDH

La Alianza fue una de las siete organizaciones, de cinco países, que este miércoles participaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de la creciente tendencia de los gobiernos de la regió
Karla Pinder, de la Alianza Ciudadana pro Justicia Karla Pinder, de la Alianza Ciudadana pro Justicia
Karla Pinder, de la Alianza Ciudadana pro Justicia

"Queremos expresarle a la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] nuestra preocupación por una creciente tendencia en la región a restringir el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Observamos que los obstáculos son impuestos por gobiernos que responden a ideologías variadas y que a través de legislación vigente y prácticas arbitrarias y discrecionales no buscan otro fin que poner trabas al trabajo de las OSC dedicadas al monitoreo, debate y formación de políticas públicas y a la defensa de derechos humanos".

Así comenzó la audiencia pública que este miércoles, 28 de marzo, tuvo lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con  sede en Washington, Estados Unidos. Allí, representantes de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Perú, Bolivia y Panamá denunciaron, en bloque, que los gobiernos de la región le imponen trabas a sus grupos para ejercer su labor.

La contudente afirmación fue expuesta por Karla Matto de la Fundación para el Debido Proceso de Nicaragua, quien además enumeró las restricciones comunes que el grupo de países identificó para el ejercicio de su labor. Son ellas: restricciones para el registro, límites al funcionamiento, obstáculos para el acceso a la cooperación internacional y discrecionalidad excesiva en la imposición de sanciones a las OSC.

Matto remarcó que han detectado que los Estados cambian reiteradamente las leyes que regulan el funcionamiento de organizaciones y/o las aplican con excesiva discrecionalidad, lo que las "coloca en una situación de constante incertidumbre y desconocimiento respecto de la legalidad de sus actividades; en otros casos los trámites para el registro de organizaciones son engorrosos, costosos y discriminatorios; y las razones para aplicar sanciones administrativas o solicitar información privada, arbitrarias y excesivas".

Estas prácticas y barreras legislativas, agregó, representan una violación a la democracia participativa.

LA POSTURA DE PANAMÁ

Karla Pinder, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, llevó la representación de Panamá y, en términos generales, relató lo que se encuentra plasmado en el Estudio de entorno legal de la organizaciones de la sociedad civil de Panamá que dio a conocer esta organización en agosto de 2011.

"La tendencia en Panamá no solo con el actual gobierno sino de gobiernos anteriores es la restricción", aseguró Pinder.

Precisó que en temas de registro el 99% de las solicitudes presentadas suele necesitar correcciones, lo que evidencia que el proceso de reconocimiento en Panamá es ambiguo, poco claro y desconocido por muchos a pesar de la exigencia legal de que sea presentado mediante abogado.

También cuestionó para el registro se pide excesiva información que, incluso, es redundante, lo que impone "cargas difíciles de cumplir y de alto costo económico para las OSC".

Añadió que luego de presentados los documentos, se realiza una consulta sobre la viabilidad de la organización a otras entidades estatales, y todo el proceso puede tomar más de un año, sin ninguna garantía sobre el tiempo en que actuará el funcionario ministerial.

Entre otros aspectos, Pinder se refirió a las normas que regulan el registro y funcionamiento de las OSC, las cuales, dijo, están dispersas en diferentes "cuerpos legales" de distintas "jerarquías jurídicas", situación que favorece el desconocimiento sobre regulaciones y sanciones a que se exponen.

LOS CASOS DE ECUADOR Y NICARAGUA

De la presentación de Mauricio Alarcón, de Ecuador, destaca el hecho de que para constituir una fundación, federación o confederación de organizaciones se exige un patrimonio mínimo de cuatro mil dólares en efectivo que tienen que estar depositados en una cuenta de banco; cuando para hacer lo propio para una compañía se exige el 10% de este monto, es decir, 400 dólares.

"Este requisito patrimonial se ha constituido en la principal traba del proceso de legalización, considerando que el salario básico en Ecuador no alcanza siquiera los 300 dólares mensuales", remarcó Alarcón.

En cuanto al proceso un decreto estableció que para la disolución de las asociaciones se establece como causal "el comprometer los intereses del Estado", término -afirma Alarcón- debatido por su amplia subjetividad, y no se consagra garantía alguna al debido proceso. A partir de la aprobación del decreto, una organización de amplia trayectoria ambiental le fue retirado el permiso de funcionamiento por "desvío" de las actividades para las que fue creada.

Del caso de Nicaragua llama la atención un ejemplo presentado por Karla Zequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. "En la práctica también se utiliza la aplicación de otras leyes de la República para intimidar, acosar y obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil", dijo y relató como a su organización se le sancionó con una multa de más de mil dólares por no incluir en el régimen de seguridad social a sus voluntarios, a pesar de que ninguno de ellos percibe un sueldo.

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