Demandan nombramiento de magistrados de Tribunal de Apelaciones

La Alianza Ciudadana interpuso ayer ante la CSJ una demanda de inconstitucionalidad contra los acuerdos de la Sala Cuarta mediante los cuales se nombró a tres magistrados con sede en Coclé y Veraguas.
Un grupo de miembros de la Asamblea Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia realizaron el pasado jueves 1 de septiembre un piquete en las escalinatas de la Corte. Un grupo de miembros de la Asamblea Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia realizaron el pasado jueves 1 de septiembre un piquete en las escalinatas de la Corte.
Un grupo de miembros de la Asamblea Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia realizaron el pasado jueves 1 de septiembre un piquete en las escalinatas de la Corte.

La Alianza Ciudadana pro Justicia interpuso ayer un Recurso de Inconstitucionalidad en contra de los  acuerdos de la Sala Cuarta de Negocios Generales mediante los cuales se nombró a los abogados Mario Batista, Ismael González y Samir Tejeira como magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Coclé y Veraguas que inició funciones con el Sistema Penal Acusatorio.

“La Corte Suprema debió abrir a concurso estos cargos  y no es aceptable la excusa de que estos nombramientos se  hicieron de manera provisional, ya que el sistema acusatorio fue pospuesto por dos años, lo que fue tiempo suficiente para hacer la convocatoria y los concursos en debida forma”, asegura Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza, a través de una comunicación por correo electrónico divulgada hoy.

Castillo remarca a través de la nota que “el país requiere con urgencia una ley de Carrera Judicial que frene el amiguismo en el nombramiento de jueces y magistrados”,  y que tales nombramientos además de violentar normas constitucionales y de códigos vigentes, se constituyen en una burla para los funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público que se han venido preparando,  ya que se nombraron personas que no tienen ejecutoria en el área penal ni en el sistema acusatorio que entró en vigencia el pasado viernes 2 de septiembre.

LA DEMANDA

El recurso, que fue presentado ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza, pide que se declare inconstitucional y, por tanto, “carente de toda vigencia jurídica… el o los acuerdos” por medio de los cuales se nombró a los integrantes del Tribunal de Apelaciones.

Argumentan en su solicitud que a pesar que el artículo 209 de la Constitución Política ordena de manera expresa que, en los Tribunales que la ley establezca, los magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, fue la Sala Cuarta de Negocios la que hizo las designaciones. 

De igual forma, alegan que el artículo 87 del Código Judicial –consecuentemente con lo que indica la Carta Magna-  establece que le corresponde al pleno [de la Corte] elegir a los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y sus respectivos Suplentes”.

Por tanto, asevera Lee en la demanda: “La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en sus funciones al constituirse en autoridad nominadora para la instalación del Tribunal Superior de Apelaciones  del Segundo Distrito Judicial, asumiendo una atribución que por disposición constitucional y legal corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

En la demanda de inconstitucionalidad se afirma que no fue posible trascribir los acuerdos que se demandan, ni acompañar la demanda con una copia de éstos, porque la entidad que lo custodia -el Órgano Judicial- no los ha hecho públicos en la Gaceta Oficial, ni en la página web de la institución, y tampoco ha respondido a solicitudes formales que han sido presentadas tanto al secretario general de la Corte Suprema, como a la dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial, y que tampoco ha sido resuelta una demanda de Habeas Data presentada el pasado 22 de julio, con el fin de hacer de dominio público el contenido de los acuerdos.

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