Órgano Legislativo cuestionado

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La Asamblea Nacional ha sido y aún es una de las instituciones del Estado más controvertidas y que despierta más suspicacias entre la ciudadanía. Desde inicios de la república, la institución fue cuestionada porque un crecido número de diputados, más que legislar, aprovechaba sus altos cargos para realizar lucrativos negocios mediante el tráfico de influencias.

Hechos como los de enero de 1945, cuando un grupo de 15 diputados reunidos en Chivo-Chivo eligió nuevos designados; el intento de golpe de Estado el 12 de julio 1948, que la Asamblea Nacional perpetró en contra del presidente Enrique A. Jiménez con el propósito de entronizar a Henrique de Obarrio; el juicio a Arnulfo Arias, en mayo de 1951, cuando la Asamblea, constituida en tribunal, dio un golpe de Estado parlamentario, que luego secundó la Policía Nacional, mientras el Poder Legislativo decretaba la suspensión provisional del presidente e investía al vicepresidente Alcibiades Arosemena; el juicio criminal llevado adelante en 1955 contra el expresidente José Ramón Guizado, acusado del magnicidio de José Antonio Remón Cantera, y una vez más, en 1968, el juicio al presidente Marco A. Robles, en medio de acusaciones de corrupción administrativa en el recinto parlamentario, hablan a las claras de un organismo del Estado viciado en el que la mayoría de los diputados tuvo un papel censurable al estimular la inestabilidad política y contribuir a arrojar aún más dudas sobre un órgano, cuya credibilidad se ha mantenido por largo tiempo en entredicho.

En la década de 1930, el diputado Demetrio Porras denunció que sus colegas de las legislaturas de 1932-1936 y 1936-1940 recibían sobornos de las compañías extranjeras que negociaban contratos millonarios con la República. En 1943, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Edwin Wilson, envió un informe al Departamento de Estado en el que indicaba que la oposición política había logrado reunir 200 mil dólares para “comprar a la mayoría de los diputados”. Este tipo de acusaciones aún empaña al cuerpo legislativo.

En los años posteriores al golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, los militares instalaron una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, que estuvo en funciones entre 1972 y 1984, sometida al poder castrense y que intentaba darle un soporte legal a la dictadura.

Esta Asamblea tuvo a su cargo la aprobación de la Constitución de 1972, cuyo sorprendente artículo 277 llevó el personalismo a su máxima expresión al designar al general Omar Torrijos como “líder máximo de la revolución panameña”.

El regreso de la democracia en 1990 y la restauración de la Asamblea Nacional de diputados ha inaugurado un tiempo especialmente bochornoso para el Órgano Legislativo, teñido por una serie de acusaciones que ponen en tela de duda la honorabilidad de algunos de los autodenominados “padres de la patria”. Refugiados bajo el manto de la inmunidad que les garantiza la impunidad, parece cada vez más distante la posibilidad de investigar qué se esconde tras los muros del Palacio Justo Arosemena.

En los últimos años, la ciudadanía ha sido testigo de casos, como el Cemis, con el vergonzoso espectáculo público de un diputado sacando fajos de dólares de sus bolsillos y acusando a sus colegas de haber recibido sobornos más jugosos que él; de la escandalosa venta de privilegios a particulares para la adquisición de automóviles exonerados; de la adquisición por parte de algunos diputados de fortunas descomunales, amasadas en negociados indignos de su alta investidura; de nombrar a sus parientes y amigos sin mérito alguno en la planilla estatal; de diputados insultándose y agrediéndose violentamente; de legisladores que saltan de un partido a otro en busca de mayores beneficios personales; de acusaciones de contrabando en las que algunos diputados se han visto sindicados; legisladores que amenazan a sus acreedores con armas de fuego; de un Poder del Estado cada vez menos independiente del Ejecutivo; de los “madrugonazos” durante los cuales se aprueban leyes inconsultas y antipopulares en forma expedita y de un hemiciclo en muchas ocasiones semivacío por el ausentismo de algunos de sus miembros.

Este escenario que parece ser la tónica habitual, no deja de sorprendernos y, naturalmente, de poner en riesgo la institucionalidad del país.

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