ONU: Explotación de recursos naturales debe ser consensuada con los indígenas

El relator especial de la ONU, James Anaya, manifestó este viernes, 26 de julio, que cualquiera explotación de los recursos naturales que se pretenda realizar en territorio indígena debe ser consensuada con los indígenas.

El relator especial de la ONU, James Anaya, manifestó este viernes, 26 de julio, que cualquiera explotación de los recursos naturales que se pretenda realizar en territorio indígena debe ser consensuada con los indígenas.

Las declaraciones de Anaya hacen referencia específicamente al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se desarrolla actualmente en las aguas del río Tabasará, en los límites de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Anaya, instó al pueblo Ngäbe-Buglé y al Gobierno, a reanudar el diálogo sobre este tema, aunque cuestionó el hecho de que el Estado haya otorgado la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico, sin antes haber consultado adecuadamente a los indígenas sobre la obra, tal como lo establecen las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas.

“Cualquier explotación de los recursos naturales en territorio indígenas debe ser consensuado con los indígenas”, reiteró Anaya durante una conferencia de prensa.

Manifestó que, tanto el Gobierno como la empresa encargada del proyecto [Genisa] tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos de los Ngäbes.

En ese sentido, expresó que el Gobierno debe fortalecer y trabajar en la implementación de políticas públicas en favor de los indígenas, de manera coherente con los estándares internacionales.

Esto, con la puesta en marcha de un plan integral de desarrollo y del acuerdo del consenso al convenio 939, dijo Anaya, quien realizó un recorrido por las comunidades indígenas del país.

DIVISIÓN EN LA COMARCA

Celio Guerra, presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, rechazó las recomendaciones hechas por Anaya y denunció que hay una división dentro de la comarca creada por el Gobierno del presidente de la República, Ricardo Martinelli, por la insistencia de interferir en sus asuntos internos.

Según Guerra, se han nombrado a nuevos delegados, congresos paralelos, caciques con el apoyo del Gobierno, como es el caso de la cacica Silvia Carrera, para que negocien acuerdos "lesivos" a los intereses de los indígenas.

Entre esos acuerdos lesivos mencionó la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, la cual permitió y legalizó la viabilidad del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que según Guerra, fue pactado con el apoyo de Carrera.

“No queremos más injerencia de los gobiernos en nuestros asuntos internos”, sostuvo. Contrario a lo dicho por Guerra, la cacica Silvia Carrera manifestó que ella sí ha permitido la participación de su pueblo en las conversaciones que ha mantenido con las autoridades.

Además, denunció el desalojo de indígenas de sus tierras por parte de la empresa Generadora del Istmo (Genisa), encargada del proyecto Barro Blanco, por lo que reiteró al Gobierno la solicitud de suspender dicho proyecto.

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