Agua de altura, sabor amargo

Abel Mamani, presidente del Fejuve, habla ante la multitud el 7 de marzo en El Alto.  Abel Mamani, presidente del Fejuve, habla ante la multitud el 7 de marzo en El Alto.
Abel Mamani, presidente del Fejuve, habla ante la multitud el 7 de marzo en El Alto.

BOLIVIA I Los pobladores de El Alto, una pobre ciudad muy cercana a La Paz, lograron la renuncia de un presidente en 2003. Ahora están en pie de batalla con otro fin: la expulsión de la empresa de agua potable y alcantarillado Aguas del Illimani.Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la urbe, localizada a 3 mil 850 metros sobre el nivel del mar y con 800 mil habitantes, quieren echar del país a la compañía, propiedad de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux, acusada de negar el agua potable a unas 80 mil familias.Los representantes de El Alto se fortalecieron en la llamada "guerra del gas" de 2003, una oleada de protestas sociales en torno a la resistencia contra un proyecto de exportación de gas natural a EU y México, que forzó la renuncia y huída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ese levantamiento incluyó bloqueos de calles y carreteras de la región occidental del país.El domingo 6, el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert, jugó la carta de la renuncia debido a las protestas en El Alto, pero en otro marco político, que llevó al Congreso a ratificarlo en la presidencia hasta agosto de 2007.Muchos habitantes de El Alto viven con el equivalente a medio dólar diario, pero el acceso al suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado requiere pagos hasta de 450 dólares; para los más pobres es el gasto de alimentación por algo más de dos años.La primera protesta, en enero, logró que Mesa promulgara un decreto que declaró finalizado el contrato con la empresa, por incumplimiento del plan de ampliación del servicio en El Alto y La Paz.El gobierno buscó una retirada gradual de la transnacional hasta abril, mientras se resuelve la forma de compensarla por 63 millones de dólares invertidos y la transferencia a un nuevo operador para evitar que cerca de dos millones de personas en esas ciudades queden sin servicio.

Pero la empresa defiende la concesión entregada por el gobierno en 1997, y en principio restó atribuciones a la Superintendencia de Saneamiento Básico para revisar los términos del contrato.Aguas del Illimani, que controla parte del mercado mundial del agua y es aliada del Banco Mundial, argumenta que está vigente un convenio de promoción y protección de inversiones entre Bolivia y Francia.

SIGUE LA LUCHA I A inicios de este mes, los alteños volvieron a protestar con bloqueos y marchas.Mesa renunció con el argumento de que se trataba de una movilización que se sumaba a otros conflictos impulsados por el jefe del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que busca la aprobación de una ley que incremente las regalías que pagan las transnacionales petroleras en Bolivia.Pero la posición del mandatario se consolidó debido a movilizaciones en su apoyo y a la ratificación por parte del Congreso.Manifestaciones callejeras de respaldo a Mesa repudiaron los bloqueos, pero en El Alto — hasta el cierre de esta edición— las protestas continúan.

HAY MÁS I El alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes, opina que las tarifas de agua deben cobrarse en moneda nacional así como los costos de conexión para evitar alzas por el tipo de cambio. Es necesario organizar una nueva empresa con interés social, sostiene el alcalde. La privatización está en el trasfondo."Es imposible conformar una empresa totalmente privada, se debe examinar necesariamente las condiciones de un mercado caracterizado por el bajo ingreso económico de sus potenciales clientes", dijo a Tierramérica el analista político Vincent Gómez García. "Se debe promover la participación estatal a través de diferentes mecanismos financieros que ayuden a un buen desempeño de la empresa".

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