Derecho de autor y ‘software’

Comprar un programa informático no lo convierte en su ‘dueño’. Usted adquiere una licencia que le indica cómo usarlo legalmente. ¿Cuántas personas leen esos términos?

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La legislación nacional e internacional reconocen que un programa de ordenador o software es una obra literaria, susceptible de protección de derechos de autor.

Generalmente, el software es una obra colectiva y quien funge como autor es una compañía, que tiene sus representantes en cada país. La compañía decide cómo quiere explotar la obra, es decir, cómo quiere comunicarla, distribuirla, y si permite que se modifique, aunque la mayoría no admite que el público entre en el código fuente para modificarla.

Las condiciones de reproducción de la obra también son potestad del autor o de la empresa que tiene los derechos. Y aquí tiene que ver mucho la licencia. No todos los programas tienen licencia para ser usados en múltiples computadoras. Algunas licencias se pactan por volúmenes.

“Cuando usted compra un software, no se convierte en dueño de ese programa, lo que adquiere es una licencia que le indica cómo utilizarlo, y si se excede puede incurrir en un delito. Somos dueños del soporte, no del contenido”, explica el fiscal superior especializado en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, Ramiro Esquivel.

Algunas prácticas comunes en residencias, empresas e incluso en oficinas del Gobierno, constituyen en realidad, delitos: comprar un software original y copiarlo para prestarlo, regalarlo o venderlo; instalar un programa con una licencia para una máquina, en un servidor donde se conectan muchas; comprar y usar software pirata; y usar programas sin licencia o con una licencia que no corresponde. Por ejemplo, si compra un Office versión Home/Student y lo usa en una empresa, infringe la licencia.

El fiscal Esquivel señala que muchos comercios le instalan a sus clientes programas como Acrobat, Autocad, Photoshop, etc., que cuestan mucho más que la computadora, y la persona se justifica diciendo “yo la compré así, no los instalé”, pero es igual de responsable.

Si bien es legal que se haga una copia de respaldo (backup) del programa adquirido, no es lícito que haga más de una reproducción, ni que use simultáneamente tanto el soporte legalmente adquirido, como la copia.

“Al hablar de ‘reproducción’, se tiende a pensar en ‘quemar un disco’, pero el concepto va más allá, no importa el soporte en que se copie la obra. Desde que uno graba un programa de ordenador en el disco duro, se hizo una reproducción. Y no importa si lo bajamos de internet o si alguien lo instaló”, agrega Esquivel.

La normativa panameña sobre esta materia incluye, entre otras, la Ley 15 de 8 de agosto de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; el Decreto 261 de 3 de octubre de 1995 que reglamenta esta ley; y el Decreto Ejecutivo 273 de 27 de diciembre de 2000, que reglamenta el uso de programas de computadora en las entidades estatales.

El Código Penal establece penas de prisión de 2 a 4 años a quienes reproduzcan parcial o íntegramente un programa nuevo no autorizado, y de 4 a 6 años cuando se dediquen a distribuirlo o venderlo en mayor proporción, igualmente a quien a quien lo copia masivamente en laboratorios.

Por otro lado, Angela Shelton, directora nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, agrega que el no cumplimiento de las normas afectan la imagen del país, ya que Panamá ha asumido compromisos, como el Convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas, y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre derechos de autor.

Más allá de estas consecuencias, descargar, instalar y usar soft- ware ilegítimo también puede vulnerar la seguridad informática, y en las oficinas y empresas se pueden afectar las redes, afirma el fiscal Esquivel. “Muchos programas que se descargan de internet abren puertas traseras sin que sepamos, y por allí empiezan a colarse virus, troyanos, las personas se pueden apoderar de nuestras cuentas bancarias o de correo”.

La fiscalía trabaja en cooperación con las empresas titulares de los derechos para hacer allanamientos en locales y verificar las máquinas. En 2009 se hicieron 18 allanamientos y se revisaron 719 equipos, encontrando que faltaban 705 licencias. Actualmente hay una campaña de legalización de software que lleva a cabo la Business Software Alliance, que agrupa a las compañías fabricantes de software.

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