EN ESPERA DE REGLAMENTACIÓN DE LEY.

Universidades bajo la lupa

La calidad de los planes de estudios de las nuevas universidades que entran al mercado están en entredicho.

Salvador A. Rodríguez, rector de la UTP. Salvador A. Rodríguez, rector de la UTP.
Salvador A. Rodríguez, rector de la UTP.

Hasta ahora, poner una universidad en Panamá no es difícil. El o los interesados elevan una solicitud al Ministerio de Educación y este mediante un decreto ministerial les concede el permiso de funcionamiento.

El otro paso es someter su plan de estudios a cualquiera de las cinco universidades estatales que maneja su área de competencia. Por ejemplo: las que se rigen por una línea en tecnología o ingeniería se refieren a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y las que se inclinan por áreas médicas, humanísticas o arquitectura se dirigen a la Universidad de Panamá.

Explica el rector de la UTP, Salvador A. Rodríguez que esto es con el fin de verificar si la nueva universidad cuenta con una infraestructura y un plan de estudios adecuado que le permita al estudiante adquirir las destrezas y habilidades necesarias para ejercer una profesión determinada.

Pero lo cierto es, dice el también ingeniero, que muchas universidades se saltan este último paso —establecido en el artículo 95 de la Constitución de Panamá— y empiezan a promocionar sus carreras e incluso a graduar estudiantes sin estar acreditados por una universidad estatal.

Sentencia que esto va en detrimento de la formación del estudiante puesto que no se sabe si está recibiendo una educación de calidad. También impide que se siga superando ya que si aspira a una maestría o posgrado en el exterior o en alguna universidad oficial local, no podrá porque su título de licenciatura, ingeniería, etc, no es válido.

Rodríguez admitió que estas anomalías se dan por la falta de fiscalización que tiene las universidades estatales de las nuevas casas de estudios que salen al mercado.

El problema no termina aquí, dice el rector. Se han visto casos en que la universidad oficial hace la evaluación y le comunica a la entidad solicitante cuales son sus fallas para que esta las solucione, pero no fiscaliza posteriormente si hicieron los correctivos.

Desórdenes como estos pretenden corregirse con la reglamentación de la recién aprobada Ley N° 30 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación en las Universidades. "Estamos en contacto con el Ministerio de Educación y con el Ejecutivo para que ya se pueda aplicar esta ley". Dentro de la ley se contempla la creación de una Comisión Técnica de Fiscalización y Acreditación que velará porque las nuevas universidades y las ya existentes cumplan con los requisitos antes mencionados.

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