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posible defraudación fiscal

Secuestran bienes a Alfredo ‘Popa’ Arias

La DGI decretó el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias de sociedades y de Alfredo Arias, por un total de $10.2 millones.

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La DGI justifica la medida cautelar de secuestro contra bienes de Alfredo Arias, gerente de Showpro, y dos sociedades luego de advertir una conducta de ‘temeridad y cálculo en perjuicio del fisco’.X La DGI justifica la medida cautelar de secuestro contra bienes de Alfredo Arias, gerente de Showpro, y dos sociedades luego de advertir una conducta de ‘temeridad y cálculo en perjuicio del fisco’.X
La DGI justifica la medida cautelar de secuestro contra bienes de Alfredo Arias, gerente de Showpro, y dos sociedades luego de advertir una conducta de ‘temeridad y cálculo en perjuicio del fisco’.X LA PRENSA/Archivo

La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó el secuestro de cuentas y bienes de sociedades vinculadas a la empresa de promoción de espectáculos Showpro y a su gerente, Alfredo Arias Arosemena, en el marco de una investigación por presunta evasión de impuestos.

En dos autos con fecha del 5 de enero de 2016, a los que tuvo acceso este medio, se decreta el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias de Ashe Entertainment Group, S.A., de World Wide Promotions Group, S.A., y de Alfredo Arias por un total de $10.2 millones, luego de estimar una posible defraudación fiscal de $1.7 millones.

La DGI señala que existe un contrato de cesión y usufructo entre Ashe Etertainment Group, S.A., y la sociedad A Entertainment Solutions Corp., según el documento parece “sospechoso” que a esta última le resulte de interés celebrar un contrato con una sociedad que de acuerdo con las declaraciones de renta no tiene liquidez. La representante legal de A Entertainment Solutions Corp. es la abogada Katia Fábrega, quien labora en la Presidencia de la República desde enero de 2015. Fábrega también trabajó para el gobierno de Martinelli.

La abogada Katia Fábrega, representante legal de A Entertainment Solutions Corp. Expandir Imagen
La abogada Katia Fábrega, representante legal de A Entertainment Solutions Corp. LA PRENSA/Archivo

La DGI señala que las investigaciones efectuadas dan cuenta que “Ashe Entertainment Group, Alfredo Arias y Katia Fábrega han manifestado una conducta deliberada que parece consistir en las constantes disoluciones de sociedades de un mismo grupo empresarial omitiendo el pago de impuestos (...) lo que se configura en indicios de posible defraudación fiscal”.

Actualmente Showpro tiene ubicadas sus oficinas administrativas en las instalaciones de NexTv, propiedad del expresidente Ricardo Martinelli, y ha logrado contratos con el Programa de Ayuda Nacional (ahora Dirección de Asistencia Social) en la presente administración. 

DGI: UN  ‘MODUS OPERANDIi’ PARA DEFRAUDAR AL FISCO

La Dirección General de Ingresos (DGI) advierte que la empresa de espectáculos Showpro y su figura más visible, el empresario Alfredo Arias, tenían un modus operandi para evitar el pago de impuestos. Por eso, la entidad inició investigaciones a empresas ligadas a Showpro y ordenó en dos autos del pasado 5 de enero el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias de las sociedades y del propio Arias hasta la suma de $10.2 millones.

La DGI considera que el grupo de empresas declaraba menos ingresos de los que realmente tenía; sospecha de contratos con otras sociedades a las que se traspasaban cuentas con el fin de eludir el pago de impuestos; y de la disolución de empresas que tenían deudas con el fisco.

En total, la DGI estima que las empresas dejaron de pagar al fisco $1.7 millones.

Una de las medidas cautelares es contra la sociedad Ashe Entertainment Group, que opera bajo el nombre comercial Showpro. En sus declaraciones juradas de 2009, 2010, 2011 y 2012 figura que no tuvo operaciones e incluso generó pérdidas en algunos años.

Una compañía que no registra operaciones o incurre en pérdidas no estaría obligada a pagar determinados impuestos.

No obstante, la DGI señala que producto del cruce de información con los pagos reportados por terceros a la empresa, “se pudo comprobar que aun cuando la misma se declara sin operaciones, en pérdida fiscal y sin ingresos, en los períodos que van del año 2009 a 2014, ...se puede considerar que presuntamente sí generóingresos”.

En concreto, la investigación determina que solamente entre 2009 y 2012 el total de ingresos de la sociedad habría ascendido a $3.15 millones y que habría dejado de pagar $1.2 millones en concepto de impuesto sobre la renta, impuesto complementario e impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (itbms).

A la DGI le llama la atención la existencia de un “aparente contrato de cesión y usufructo de patrocinios” con la sociedad A Entertainment Solutions, Corp., firmado el 20 de mayo de 2013.

La entidad encuentra “sospechoso” que esta sociedad tuviera interés en celebrar un contrato de cesión y usufructo de derechos con una sociedad que, de acuerdo a sus declaraciones de renta, no tenía liquidez. “Además, las personas encargadas de proporcionar información sobre ella,  

manifiestan durante la investigación que se trata de una empresa de papel que no genera ingresos”, recuerda la DGI en uno de los autos.

La representante legal de A Entertainment Solutions Corp. es Katia Fábrega, que actualmente se desempeña como asesora legal en la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República.

La Prensa le consultó sobre la participación de la empresa que representa en este entramado, pero prefirió no hacer comentarios al respecto. De igual forma, Alfredo Arias dijo al ser consultado por este diario que por el momento la empresa no iba a hacer declaraciones.

La DGI justifica la medida cautelar de secuestro luego de advertir una conducta de “temeridad y cálculo en perjuicio del fisco”. “Es posible esperar que mientras este proceso se tramita y llegue a su conclusión, el contribuyente y sus cómplices podrían tomar alguna medida que dificulte el cobro efectivo de la suma que resulte a pagar”. Por eso, se estima necesario “no solo decretar una medida cautelar, sino fijar un monto razonablemente importante para proteger los intereses del Estado”.

A la sociedad Ashe Entertainment Group y a Alfredo Arias se les decreta la medida cautelar de secuestro sobre bienes y cuentas bancarias hasta $7.4 millones, cifra que resulta de sumar los $1.2 millones dejados de pagar, más una cantidad equivalente a una posible multa de cinco veces ese monto.

CONCIERTOS SIN IMPUESTOS

La otra sociedad del conglomerado que investiga la DGI es World Wide Promotions Group, S.A., de la que Arias es apoderado.

Según la investigación, esta sociedad contrató a 10 artistas musicales en 2011 por un monto total de $370 mil 500, de los que no se hizo la pertinente retención del itbms, como tampoco se presentó la planilla ocasional de los artistas, cayendo en incumplimientos en el pago del impuesto sobre la renta y el seguro educativo.

En la relación de artistas contratados figuran Pitbull y Wisin (con un contrato de $60 mil) Chayanne ($50 mil), Enrique Iglesias ($50 mil), Miley Cyrus ($45 mil) Limpbizkit ($23 mil 500), entre otros.

Se considera que por estos 10 contratos se dejaron de pagar $61 mil 461 en impuestos. La DGI deja constancia en el auto de que no renuncia a potenciales investigaciones paralelas “relacionadas con el valor de los honorarios, reales o simulados, pactados en los contratos para la presentación de artistas”.

El año pasado la DGI solicitó la colaboración de la Agencia Tributaria española porque sospechaba que podía haber evasión de impuestos en los contratos para la celebración de conciertos de seis artistas españoles en Panamá: Julio Iglesias, su hijo Enrique Iglesias, Alejando Sanz, Raphael, Jarabe de Palo y la Oreja de Van Gogh.

A la DGI le sorprendieron entonces los bajos honorarios que percibirían los artistas de acuerdo a lo registrado en los contratos.

En la investigación a World Wide Promotions Group también surge un vínculo con la sociedad A Entertainment Solutions, Corp.

En la declaración de renta de 2012 aparecen cuentas por pagar por $529 mil 227 correspondientes a gastos administrativos de esta sociedad.  

No obstante, el auto de la DGI recoge que la sociedad A Entertainment Solutions, Corp. manifestó mediante una carta entregada a los auditores fiscales qu e “no mantiene ningún tipo de relación comercial o vinculación con la sociedad disuelta World Wide Promotions Group”.

La DGI “considera esta operación como un potencial indicio de simulación para omitir probablemente el pago total o parcial de los impuestos”.

Además, World Wide Promotions Group fue disuelta en noviembre de 2013 con una morosidad total de impuestos de $376 mil 562.

La DGI advierte “una potencial conducta defraudadora en detrimento del fisco, en la cual el modus operandi parece consistir en la constitución de sociedades, operando por dos años o más aproximadamente, trasladando cuentas de una empresa a otra, para posteriormente disolverlas dejando deuda al fisco en cada una de ellas”.

En este caso, la DGI impone una medida cautelar de secuestro sobre bienes y cuentas bancarias de World Wide Promotions Group y Alfredo Arias hasta la suma de $2.7 millones.

La empresa Showpro ha pasado de ser una de las elegidas por el Gobierno Nacional a estar investigada por defraudación fiscal.

En la administración de Ricardo Martinelli, la empresa fue contratada en varias ocasiones por la Autoridad de Turismo para la organización de eventos.

Entre ellos destaca la organización del partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Panamá y España, y la polémica contratación del artista Don Omar para un frustrado concierto en el Carnaval de la ciudad de Panamá de 2013.

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