Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna

Investigan a dos políticos españoles por pactar comisiones en Panamá

En las grabaciones en poder de la Fiscalía Anticorrupción, De la Serna menciona algunos viajes a Panamá. La Audiencia Nacional también investiga los negocios de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui en Argelia.

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Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui.
Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. Imagen tomada de internet

Panamá fue mencionado en una lista de países donde dos políticos españoles habrían cobrado millonarias comisiones para que empresas de su país se hicieran de contratos para la construcción de importantes proyectos, según una publicación del diario El Mundo.

Se trata del caso de Gustavo de Arístegui, exembajador de España en India (2012-2015), y de Pedro Gómez de la Serna, dado de baja por el Partido Popular y que, por ello, ahora integra el Grupo Mixto en el Congreso. En la actualidad ambos son objeto de una investigación.

En Panamá –siempre según El Mundo– el exembajador Arístegui y el aún diputado Gómez de la Serna llegaron a pactar negocios por valor, en su conjunto, de hasta tres millones de euros (3.2 millones de dólares). No obstante, se desconoce hasta el momento, en el curso de la investigación, cuánto dinero pudieron llegar a cobrar.

Todo ello por intermediar en la obtención por parte de dos empresas españolas –Elecnor y Contratas Iglesias– de varios contratos para la construcción de hospitales, indica la publicación.

Esto habría ocurrido en el mes de agosto de 2009 cuando Arístegui, en ese momento diputado y portavoz del Partido Popular en la comisión de Exteriores, y De la Serna, que no ostentaba todavía un cargo político, firman un acuerdo denominado de agencia con la firma asturiana Contratas Iglesias. Fue uno de los primeros clientes de Voltar Lassen, la marca registrada por los dos políticos españoles.

Así las cosas, según el documento en poder de El Mundo, se comprometían a buscarle negocio a Contratas Iglesias –hoy día objeto de una investigación judicial en su país– y a «presentar al personal de la empresa a los clientes potenciales tanto en el GOBIERNO como en empresas PÚBLICAS y PRIVADAS», con las mayúsculas que se reproducen aquí. En otras palabras, se hacían responsables de hacer lobby en favor de la sociedad asturiana.

Arístegui y De la Serna, de acuerdo con el contrato, cobrarían 8 mil euros mensuales (8.7 millones de dólares) a Contratas Iglesias por hacer gestiones, y después entre un 2.5 y un 5% de comisión de las obras que se consiguieran.

Según El Mundo, la situación iba a dar sus frutos rápidamente para Arístegui y De la Serna, quienes poco después, en noviembre de 2009, firmaban una ampliación del acuerdo con Contratas Iglesias por el que, ante el primer viaje a Panamá de los directivos de la firma asturiana, cedían sus derechos a otra empresa, Río Celeste, para que les acompañara en su búsqueda de negocio en el país.

En el papel, Arístegui y De la Serna subían un poco la comisión que se llevarían en caso de lograr trabajo, dejándola entre el 3.5% y el 5%, y además marcaban el territorio como suyo en exclusiva: todos los contratos obtenidos por la empresa en la República de Panamá estarán sujetos a la retribución fijada. Es decir, aunque Contratas Iglesias consiguiera un negocio sin la ayuda de Arístegui y De la Serna, estos cobrarían su parte.

En definitiva –según la denuncia– Contratas Iglesias habría conseguido gracias a la mediación, primero, de Voltar Lassen y, después, de la firma de Juan Gestoso –identificado como un empresario de muchos años de experiencia en Panamá– obra pública en la construcción de cuatro centros hospitalarios en Panamá, por valor de unos 40 millones de dólares.

Parecido trance pasaron los dos comisionistas con la empresa de matriz vasca Elecnor, que consiguió un contrato en Panamá: la ampliación y rehabilitación del hospital público Dr. Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a Arístegui y a De la Serna, así como a otras seis personas, por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales, cohecho, blanqueo y organización criminal.

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