Odebrecht en la mira

Consejo gubernamental de Colombia solicita inhabilitar a empresas condenadas por corrupción

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Marcelo Odebrecht está preso por corrupción y lavado de dinero. Marcelo Odebrecht está preso por corrupción y lavado de dinero.
Marcelo Odebrecht está preso por corrupción y lavado de dinero. AFP

La Sala de Consulta del Consejo de Estado de Colombia solicitó la inhabilitación de empresas que hayan sido condenadas en el extranjero por delitos contra la administración pública o sobornos a nivel transnacional.

"Están inhabilitadas para proponer y contratar con las entidades estatales colombianas las personas jurídicas de derecho privado, nacionales extranjeras, cuyo representante legal sea objeto de medida de aseguramiento en firme o de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, dictada por autoridad judicial colombiana, por hechos u omisiones relacionados con su actividad contractual en relación con el Estado colombiano", afirmó la sala  en su pronunciamiento, según recoge una nota de la cadena  W Radio de Colombia.

El Consejo de Estado va más allá, y sostiene que cuando la inhabilidad surja en la etapa de ejecución del proyecto, “los contratos deberán cederse a terceros”.

La opinión del Consejo de Estado –que es un órgano consultivo del Gobierno colombiano– responde a una solicitud de la ministra de Transporte, Natalia Abello, sobre el tratamiento a empresas involucradas en casos de corrupción.

“El pronunciamiento, del pasado 6 de agosto, cobra pertinencia a propósito de la condena al empresario Marcelo Odebrecht en Brasil, cuya empresa tiene multimillonarios contratos en Colombia, como el del proyecto para la navegabilidad del río Magdalena”, recalca la nota de la W Radio.

Marcelo Odebrecht, presidente ejecutivo de la constructora brasileña hasta diciembre pasado, fue condenado a casi 20 años de prisión por corrupción y lavado de activos.

Odebrecht es el principal contratista del Estado panameño, con obras públicas que suman poco más de $9 mil millones.  

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, y varias agrupaciones de la sociedad civil organizada han solicito a la Asamblea Nacional que introduzca modificaciones para impedir que empresas condenadas en Panamá y otras jurisdicciones puedan participar en los actos públicos del Estado.  

No obstante, el pasado jueves, la comisión legislativa de Economía y Finanzas no atendió este requerimiento al aprobar en primer debate el proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas el pasado jueves.

El alcalde capitalino, José Blandón, dijo esta semana que la ley actual de contrataciones públicas no le permite descalificar a Odebrecht. La Alcaldía de Panamá impulsa un proyecto de construcción de aceras, por $99 millones, proceso en el que la empresa brasileña obtuvo la máxima puntuación, luego de que Blandón pidió que se revisara la oferta de otro proponente.

El acto fue suspendido por orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

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