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Panamá afronta este martes nueva revisión en la OCDE

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Sede de la OCDE en París.  Sede de la OCDE en París.
Sede de la OCDE en París. BLOOMBERG/Archivo

Panamá afrontará este martes un nuevo examen en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analizará su transparencia financiera y su capacidad para intercambiar información tributaria. El grupo revisor del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, que conforman 30 países, revisará si, en la práctica, la implementación del marco legal panameño para el intercambio de información fiscal cumple con los estándares internacionales.

En octubre del año pasado, Panamá pasó la fase I de la revisión paritaria que tenía por objeto verificar que el sistema legal panameño estaba en coherencia con las expectativas internacionales en materia de transparencia e intercambio de información.

Si bien es cierto que en julio de 2011 la OCDE sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales, la batalla que libra el país para limpiar su imagen todavía no ha terminado.

Este año la OCDE detectó una serie de deficiencias en el sistema panameño como la incapacidad para dar información contable sobre las entidades panameñas que no tuvieran operaciones locales; la existencia de cerca de 300 mil sociedades que no tenían contacto con su agente residente ni pagado sus tasas, pero que estaban en plena vigencia; la falta de respuesta efectiva a las solicitudes de información fiscal; el poco tiempo de vigencia de algunas leyes fundamentales que no permitía medir su eficacia, o la necesidad de ampliar la red de convenios.

El Gobierno de Panamá se puso manos a la obra para tratar de solventar estas fallas del sistema y aprobó recientemente el proyecto de ley que implementa el marco regulatorio para cumplir con los compromisos de intercambio automático de información bajo el Acuerdo Intergubernamental suscrito con Estados Unidos y la metodología CRS para el intercambio automático de información con cualquier otro país con que Panamá, de forma bilateral, decida negociar este tipo de acuerdo. A este respecto, la OCDE felicitó al país por el compromiso adquirido.

Asimismo, el Consejo de Gabinete también convalidó un proyecto de ley que impone a las sociedades que no realizan operaciones en Panamá que especifiquen sus transacciones a través de registros contables e información de sustento. Lo que se pretende es que las sociedades, sin operaciones locales, estén obligadas por ley a tener un Registro Contables y Documentación de Sustento de sus transacciones por un periodo de cinco años y que esta sea accesible por conducto del agente residente. En cuanto a la suspensión de derechos corporativos de aquellas sociedades que estén en situación de mora en el pago de sus cargos de mantenimiento anual a las autoridades panameñas, el anteproyecto de ley presume que toda sociedad que ha dejado de saldar sus tasas ha perdido contacto con su agente residente y que, por tanto, el agente residente no tiene capacidad ni de hacerle due diligence (instrumento para una valoración completa del patrimonio empresarial), ni de requerirle la información solicitada por la autoridad tributaria competente.  En definitiva, lo que se pretende es que a toda sociedad que tenga tres años de morosidad se le suspendan sus derechos corporativos.

Según han explicado fuentes de la OCDE, el proceso de revisión es completamente confidencial. El resultado del examen de Panamá se hará público sólo el próximo 4 de noviembre en la plenaria del Foro Global de la OCDE que tendrá lugar en Tibilisi, Georgia. Está previsto que participe en representación de Panamá el Director de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, y equipo técnico de instituciones involucradas con la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacional.

La falta de colaboración del Ministerio Público de Panamá con las autoridades judiciales de Brasil en el caso Lava Jato no tiene influencia directa en la decisión final sobre Panamá de la OCDE ya que la revisión se centra en el intercambio de informaciones entre autoridades competentes tributarias y no penales. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) analizará en el 2017 la eficacia del marco legal panameño para la lucha contra el lavado del dinero en el país. 

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