El Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de combate al lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La próxima cita en el calendario está prevista para enero, reunión presencial en que las autoridades panameñas explicarán al Grupo Revisor de las Américas cada una de las acciones que Panamá ha llevado a cabo.
Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, explicó que el informe presentado esta semana fue “voluminoso”, con 50 documentos distintos.
“Esperamos que vean con buenos ojos el esfuerzo que está haciendo Panamá para atender esta situación y lo vean como un compromiso de la República de salir de la lista gris cuanto antes”, puntualizó.
Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas
Según había adelantado anteriormente Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, entre los documentos presentados están los proyectos de Ley elaborados por el Ministerio Público, ya elevados a la Asamblea Nacional, la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y un borrador de la nueva ley antilavado. Entre las novedades que incluirá esta norma está la obligación a ciertas actividades económicas —todavía no se han revelado— de presentar informes de operaciones sospechosas a la UAF.
Estos reformas surgen después de la inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi, el pasado mes de junio.
El Fondo Monetario Internacional había detectado antes serias debilidades en la estructura legal del país para combatir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Los bancos nacionales ya están sintiendo los efectos de la inclusión de Panamá en esta lista. Sus corresponsales en el exterior están siendo presionados por reguladores de otros países para que hagan diligencias ampliadas cuando tengan relaciones con bancos panameños, lo que eleva los costos de las operaciones y desincentiva a bancos internacionales a trabajar con los locales.
Para evitar que esta situación se agrave, el Gobierno se comprometió a aprobar una serie de reformas con miras a fortalecer su estructura de prevención del lavado de capitales.
Según el calendario pactado con el Gafi, las reformas deben haber sido aprobadas para mediados de 2015.