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Suspenderán tasa para soterramiento

La ASEP ordenará a las empresas de telecomunicaciones que dejen de cobrar el 0.5% en la facturación.

Los efectos de la decisión judicial

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El proyecto de soterramiento de cables tiene como objetivo mejorar el aspecto visual de las ciudades y elevar la fiabilidad de los sistemas. El proyecto de soterramiento de cables tiene como objetivo mejorar el aspecto visual de las ciudades y elevar la fiabilidad de los sistemas.
El proyecto de soterramiento de cables tiene como objetivo mejorar el aspecto visual de las ciudades y elevar la fiabilidad de los sistemas. LA PRENSA/Archivo

Las empresas de telecomunicaciones dejarán de cobrar la tasa para costear el proyecto de soterramiento de cables.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció ayer que una vez que se publique en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la tasa, ordenará a las empresas la suspensión del cobro.

En 2012, a través de la Ley 15 del 26 de abril, la pasada administración creó una tasa de 0.5% sobre la facturación de los servicios de contrato de telefonía y televisión pagada.

Los recursos que las empresas recogían de sus clientes se depositaban en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá.

Según la ASEP, solamente por la tasa se han recaudado $10.1 millones, de los que s e han invertido en el proyecto $1.5 millones y los restantes $8.6 millones se conservan en el fideicomiso. Aunque la ASEP no se pronunció al respecto, diversas fuentes jurídicas coinciden en que la declaración de inconstitucionalidad de la tasa no supone la devolución del dinero ya cobrado a clientes. 

TASA DE SOTERRAMIENTO GENERÓ $10.1 MILLONES

La tasa de 0.5% a los servicios de telecomunicaciones, introducida por la pasada administración en la Ley 15 de 2012, generó $10.1 millones.

Este gravamen se aplica a los servicios pospago de los servicios de televisión, telefonía fija y móvil, así como el transporte de datos, con el objetivo de costear parcialmente el proyecto de soterramiento de cables de telecomunicaciones en varias ciudades del país. Tanto los servicios prepagados como internet están exentos.

Aunque no se rechazó el soterramiento de cables, la mayor parte de los usuarios de telecomunicaciones cuestionó la creación de una tasa para costear un proyecto que se circunscribiría a unas áreas concretas.

Una tesis similar planteó el pleno de la Corte Suprema de Justicia al declarar la inconstitucionalidad de la tasa en un fallo del pasado mes de septiembre que se hizo público esta semana: “El artículo 1 de la Ley 15 de 26 de abril de 2012 presenta un primer vicio de inconstitucionalidad en virtud de que impone una tasa por soterramiento de redes a los clientes de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada sin diferenciar entre aquellos que se encuentran o no dentro de las áreas definidas para el programa de soterramiento...”.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) reaccionó ayer y anunció que cuando se publique en Gaceta Oficial el fallo ordenará a las empresas de telecomunicaciones que suspendan el cobro de la tasa a sus clientes. Técnicamente, la declaración de inconstitucionalidad no significa que los ciudadanos vayan a recibir de vuelta el dinero aportado en más de tres años, aunque la ASEP no se ha pronunciado al respecto.

De los $10.1 millones que las empresas han retenido a sus clientes y trasladado a un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, $1.5 millones fueron invertidos en la obra, quedando un saldo actualmente de $8.6 millones.

Esta no es la única fuente de ingresos para el proyecto. La Ley 15 de 2012 establece que el fondo de fideicomiso también se alimenta del 50% del costo de las bandas de nuevas frecuencias de 700MHz adquiridas por los operadores de telefonía móvil celular. Por este concepto, la suma que acumula el fondo es de $45.3 millones. Así, en total, el fideicomiso creado para el soterramiento de cables de telecomunicaciones suma $53.9 millones.

Este mecanismo de financiamiento se ideó solo para la parte de telecomunicaciones de la obra. El proyecto también contempla la desaparición de cables eléctricos. Esta otra actuación es pagada en un primer momento por el distribuidor de electricidad de la zona, que recupera la inversión en el tiempo a través de la tarifa eléctrica.

En el caso del proyecto del área bancaria de la ciudad de Panamá, que incluye todas las calles que quedan dentro del polígono formado por vía España, la avenida Federico Boyd, calle 50 y vía Brasil, la ASEP aprobó a la empresa distribuidora Edemet (Gas Natural Fenosa) la ejecución del soterrado de cables eléctricos por $18.8 millones.

También se aprobaron actuaciones similares en la Zona Libre de Colón, en la calle Cuarta de David, Chiriquí, y en la avenida Central de Santiago, en Veraguas, pero los proyectos del interior no han tenido mayor avance.

En la capital, la orden de proceder fue entregada en noviembre de 2012 por el presidente Ricardo Martinelli a Gas Natural Fenosa y a la Compañía para el Soterramiento de Cables, S.A., que subcontrataron a la empresa Semi para la obra civil.

Tres años después, la ASEP reporta que la obra presenta un avance del 19% en el sector eléctrico y 35% en el sector de telecomunicaciones. 

El pasado mes de julio, la vicealcaldesa Raisa Banfield dijo que cuando la nueva administración llegó a la Alcaldía recibió quejas de los vecinos del área y pudieron comprobar la falta de coordinación y de respeto a las normativas en la ejecución de la obra.

El proyecto, que prometía cambiar la descuidada cara de la ciudad, ha atravesado múltiples contratiempos y ahora deberá afrontar el cierre de una de sus fuentes de financiamiento.

Los efectos de la decisión judicial

El jurista Ernesto Cedeño interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 15 de 2012, que establecía una tasa de 0.5% a la facturación por los servicios de telefonía nacional e internacional y televisión paga para financiar el soterramiento de la telaraña de cables en la comunidad de Obarrio, y en el centro de la ciudad de David y Santiago. ¿Cuál es el problema de esta ley? La respuesta es muy clara. Un tributo general pagadero por toda la población no puede ser disimulado como una tasa particular.

Los usuarios de la telefonía en Darién o en Los Santos, al igual que los de San Miguelito y Pacora, estaban pagando un proyecto que solo beneficiaba a muy pocos. El pleno de la Corte decidió, el pasado 8 de septiembre de 2015, que la parte de la Ley 15 que establecía la tasa de 0.5% era inconstitucional. Sorprende que haya tomado cuatro meses para que la Corte divulgara el fallo demostrando lo disfuncional del comportamiento de sus magistrados.

Según el artículo 2573 del Código Judicial, las decisiones de la Corte Suprema, en materia de inconstitucionalidad son: “…finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo”. El efecto jurídico del fallo es que la tasa deje de existir, pero el fallo solo rige para el futuro. A partir de su publicación en la Gaceta Oficial terminará la infame tasa, pero los ciudadanos no recibiremos devolución alguna de lo que nunca debió ser cobrado.


*El autor es abogado

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