Suspenden audiencia de acusación en el caso de Darío Fernández

La jueza de garantías Yazmin Rangel ordenó la suspensión de la audiencia de acusación por el homicidio del exgobernador de Coclé Dario Fernández, programada para este miércoles, 19 de diciembre, en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé.
Los familiares de Fernández no estaban de acuerdo con la suspensión de la audiencia. Los familiares de Fernández no estaban de acuerdo con la suspensión de la audiencia.
Los familiares de Fernández no estaban de acuerdo con la suspensión de la audiencia.

PENONOMÉ, Coclé. –La jueza de garantías Yazmin Rangel ordenó la suspensión de la audiencia de acusación por el homicidio del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, programada para este miércoles, 19 de diciembre, en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé. 

La suspensión se dio por la ausencia de Onel Madrid, abogado defensor de Joel Abdiel Guerra Flores, acusado supuestamente de disparar contra la víctima el 6 de noviembre de 2011, en el Barrio de San Antonio. 

Según detalló la jueza, Madrid dio aviso que no asistiría a la audiencia el martes, minutos antes de las 5:00 p.m., alegando que estaba enfermo, pero no hizo llegar la constancia y aceptó que su cliente fuera representado por un defensor público como lo establece el artículo No. 104 del Código de Procedimiento. 

No obstante, el imputado no aceptó la defensa pública y aunque su decisión no bastaba para impedir que el tribunal le nombrara un abogado, el defensor público dijo no estar preparado para llevar a cabo su trabajo, dado lo complicado del caso y lo extensa de la carpetilla de investigación. 

Roberto Moreno, fiscal de la causa, y Armando Fuentes, abogado de la víctima, pidieron a la jueza continuar con la audiencia al considerar que la ausencia de Madrid era una estrategia de dilación del proceso, no obstante, los cinco abogados defensores se negaron a que la audiencia se realizara. 

Al final, la jueza decidió suspender la audiencia y establecer como nueva fecha el 10 de enero de 2013, no sin antes poner una sanción pecuniaria de 300 dólares a Madrid y correr traslado a seis defensores públicos para que, en el caso de que algún abogado se ausente en la próxima fecha, los imputados sean asistidos por un defensor de oficio y evite alargar el proceso.

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