empresarios piden debate

Críticas por nueva autoridad

De elevarse a rango de autoridad, el administrador de la nueva dependencia estaría siete años en el cargo.

Lo que empezó hace cinco meses como un anteproyecto de ley del diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático Freidi Torres de crear la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), se convirtió en una propuesta impulsada directamente por el Ejecutivo.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley el 30 de enero pasado y el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Cucalón, empezó esta semana un ciclo de reuniones con los principales gremios empresariales del país, a los que ofreció ideas sueltas del documento que será enviado a la Asamblea Nacional.

Por el momento se conoce que el administrador de la ANIP estaría en el cargo por siete años, período que trascendería el mandato presidencial que es de cinco años y que la ley dotaría de más autonomía y recursos a la tarea de recaudar impuestos.

Este es uno de los argumentos que utiliza el Ejecutivo para destacar la independencia de la entidad.

La asignación de la ANIP será equivalente al 1% de los ingresos tributarios recaudados el año anterior. Considerando que en 2012 el Tesoro ingresó por esta vía $4 mil 700 millones, el presupuesto sería como máximo de $47 millones, el triple de los recursos que maneja actualmente.

Uno de los primeros detractores de la idea ha sido el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino.

“Ese es un tema (creación de autoridad) que puede adoptarse más adelante”, recomendó. Pese a su diferencia de opinión por la creación de la nueva autoridad, Vallarino defendió la gestión de Cucalón al frente de la DGI tras afirmar que ha hecho un gran trabajo.

“Quizás la personalidad o su forma de manejarse o comunicarse no es la que le gustaría a algunas personas, pero ha hecho un excelente trabajo. Nadie puede cuestionar su honestidad”, afirmó Vallarino.

Para el consultor fiscal Osvaldo Lau, aunque la nueva entidad y quien la dirija puedan parecer independientes, cada administración buscará la forma de poner a alguien de su confianza al frente de la entidad, sin importar el nombre que lleve.

“La DGI históricamente ha sido un instrumento político, aunque muchos lo nieguen”, acotó.

Opina que lo importante es que se administre con una real trasparencia, que haga respetar las leyes fiscales y que se respeten los derechos de los contribuyentes con justicia y equidad.

Para miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas es vital que la nueva entidad cuente con la aprobación de la sociedad civil y de los partidos políticos.

De lo contrario, señalan el exministro de Economía Fernando Aramburú Porras y el economista David Saied, el próximo gobierno introducirá cambios a la nueva norma para regresar al esquema actual donde el presidente de turno tiene la potestad de nombrar y remover al director de la DGI.

Datos fiscales

$4,700

Millones ingresó la DGI en 2012 por el cobro de impuestos.

130

Número de denuncias penales por actos de corrupción dentro de la Dirección General presentado por Luis Cucalón contra funcionarios de la entidad.

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