Ayú Prado rechaza opinión de juez sobre caso ´hackers´

Dionisio Rodríguez, defensa de Rogelio Fraiz, dijo que el Procurador de la Nación está dilatando el proceso al apelar la decisión del Juzgado IV.

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, se opuso a la decisión del Juzgado Octavo Penal de remitir a la esfera municipal las solicitudes de fianzas de excarcelación de tres de los cuatro imputados en la violación de los correos electrónicos del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Ayú Prado consideró, en su escrito de apelación que fue remitido al Segundo Tribunal de Justicia, que este caso debe ser enviado a un juzgado de circuito y no a uno municipal, como es la opinión de juez octavo penal Raúl Vergara.

En dicho escrito el procurador Ayú Prado le recordó al juez Vergara, que a pesar de que los delitos investigados (contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la seguridad informática) tienen penas de cárcel de 2 a 4 años, la víctima de este caso es el ministro de la Presidencia.

Otro de los argumentos que sustenta Ayú Prado es que los hechos punibles en este caso se refieren a la “afectación de la intimidad”.

Recalca el jefe del Ministerio Público que al violarse el correo privado de Papadimitriu “se tuvo acceso a información almacenada en bases de datos o en tránsito y se puso en riesgo información confidencial de acceso restringido”.

También destaca Ayú Prado que se debe tomar en cuenta que uno de los imputados en este sumario es Rogelio Fraiz, quien tenía el cargo de secretario de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Por su parte, Dionisio Rodríguez, abogado de Fraiz, dijo que luego de la decisión del juez Vergara, ayer presentó un solicitud de fianza de excarcelación ante el Juzgado Cuarto Municipal en favor de su defendido.

Calificó como una acción dilatoria del proceso la apelación que presentó el procurador Ayú Prado y por tanto pidió que se le rechace.

Por este caso se encuentran sindicados Pedro Prados Villar, Demetrio Clúa, Rogelio Fraiz y Jesús Alemán, este último es el único que no ha estado detenido. Prados Villar fue beneficiado con una medida cautelar diferente a la detención preventiva, el pasado viernes.

La Procuraduría también lleva otra investigación contra Demetrio Clúa y Domisiano Samaniego por el delito de falsedad de documentos públicos en perjuicio de la Dirección de Catastro. Ambos están detenidos en las celdas de la Policía Nacional.

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