‘El mismo derecho del ministro a tener información, lo tiene un ciudadano'

Hoy se cumple una década de haberse aprobado la Ley de Transparencia en Panamá. Fernando Berguido, uno de sus gestores e impulsores, hace un balance de su puesta en práctica.

Que los ciudadanos se “apropien” de la Ley de Transparencia –Ley 6 de 22 de enero de 2002– es uno de los principales retos que quedan pendientes diez años después de que la primera legislación en esta materia, en América Latina, fuera aprobada. 

La afirmación viene de Fernando Berguido, uno de los gestores del documento, quien recuerda que el mismo derecho que tiene un ministro de Estado de tener información en su despacho, lo tiene un ciudadano. Esto gracias a la citada ley panameña, "que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones".

Para Berguido, expresidente del capítulo panameño de  Transparencia Internacional (TI-Panamá), “falta apropiarnos de lo que es nuestro: la información oficial”. 

DERECHO A ESTAR INFORMADO

Que Panamá fuera pionero, seguido de México, en aprobar una ley en materia de transparencia no fue fácil, recuerda Berguido. No todos querían –principalmente los gobernantes– que se contara con una legislación de este tipo, que parte de la base de que la información oficial “nos pertenece a todos”, agrega.

Esto incluye, por ejemplo, saber cómo va el funcionamiento y las actividades que desarrollan las instituciones del Estado, las contrataciones públicas y la designación de funcionarios, datos sobre planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos de los funcionarios del nivel que sean, según consta en el capítulo III de la referida Ley 6.

“Por las razones que sean, el ciudadano tiene derecho a estar informado” y el estar debidamente informados “nos permite tomar mejores decisiones”,  sostiene Berguido.

El abogado, con una maestría en derecho, como Fullbright, de UCLA, conoce bien el tema. Como gestor de la Ley 6, junto a su homólogo Rodrigo Noriega, Berguido sabe que hay sanciones que incluyen hasta la destitución del funcionario que incumpla la legislación.

Pero lo que pasa –comenta– es que “la Corte [Suprema de Justicia] no ha querido” sancionar a nadie. El día que aquí destituyan a alguien, una o dos personas por no cumplir la ley, el resto de las instituciones del Estado se van a asegurar de hacerla efectiva, sostiene el que fuera presidente de Corporación La Prensa y director de La Prensa (2004-2011).

En efecto, en su artículo 20 la Ley 6 dice que el que  “ incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga. En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con la destitución del cargo”.

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Berguido plantea que las personas deben tener presente que buscar y pedir información oficial no es exclusivo de los medios de comunicación social y que el libre acceso a la información que manejan las instituciones estatales es un derecho.

La ley es muy clara: las personas –sean nacionales o no– pueden pedir información “sin necesidad de exponer motivación alguna. No hay que explicar” porqué se pide, señala Berguido.

“La población tiene que apropiarse de la ley, a cualquier nivel… cualquier persona, que tenga interés en algo y que quiera saber, puede presentar una solicitud de acceso a información”, reitera.

De hecho, en el artículo 2 de la ley se lee que hasta las “ empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio, respecto a éste”.

Solo se exceptúan de estas disposiciones las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido, “pero es lo menos”, dice el jurista.

OBSTÁCULOS

Ahora bien, para que Panamá contara con este tipo de normativa fue necesario sortear obstáculos. Berguido recuerda que “los primeros años fueron difíciles, en circunstancias inusuales”.

El documento inicial fue presentado a la comisión legislativa de Gobierno por la oposición y no por el Ejecutivo, a pesar de que la iniciativa primero la llevó TI-Panamá a la entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso (1999-2004).

Fue Rubén Arosemena quien presentó el anteproyecto de ley en la citada comisión en donde también el legislador José Blandón presentó otro anteproyecto sobre el recurso de habeas data. Ambos fueron fusionados y en diciembre de 2001 el pleno legislativo  aprobó, por unanimidad, el documento.

En enero de 2002 Moscoso aún no sancionaba ni vetaba la ley. Hasta que explotó el escándalo de corrupción del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).

“El Cemis le da un empujón final” debido a que, en medio de la crisis política, la Presidenta tuvo que sancionar la Ley 6, señala Berguido. “Fue un golpe de suerte –comenta-, lo horroroso del Cemis trajo como consecuencia que la ley se aprobara”.

Sin embargo, tras sancionarla, Moscoso firmó un decreto ejecutivo que “castraba la ley”.  Lo peor fue que esa acción contó con el aval de Corte Suprema de Justicia, dice Berguido.

Hubo que esperar las próximas elecciones presidenciales, ya que los entonces candidatos se comprometieron en campaña política a derogar aquél decreto. Y así fue, la derogación del Decreto Ejecutivo No. 124 de 21 de mayo de 2002, por el cual se reglamenta la Ley No. 6 de Transparencia de 22 de enero de 2002 , llegó de la mano de Martín Torrijos (2004-2009).

En septiembre de 2004, Torrijos derogó la restricción de la aplicación de algunos artículos contenidos en la Ley de Transparencia que limitaba su efectividad respecto al acceso a información sobre la gestión pública.

BALANCE

En términos generales, dice Berguido, con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia ha cambiado la manera de rendir cuentas.

Además, agrega, cualquier periodista que la utilice se pregunta cómo hacíamos antes cuando no existía esta legislación.

Aún queda mucho por hacer, especialmente que los gobiernos tengan en cuenta que para los ciudadanos la información no es lo que quieren dar, asegura Berguido. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es un claro ejemplo de ello, antes y ahora, al querer obstaculizar el derecho a la información, puntualiza.

En el video que acompaña esta nota encontrará la entrevista completa a Fernando Berguido, en la que cuenta además cómo fue la elaboración del proyecto, cuáles fueron los principios que se usaron como pilares para la redacción del documento, quiénes contribuyeron a su desarrollo y su visión sobre la entrada en vigencia de la denominada Ley de Transparencia.

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