MISTERIO DE LAS PLANTAS DEL ESTADO

Piden al MOP que dé explicación

A pesar del riesgo de un perjuicio económico al país, el ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, se niega a rendir cuentas de sus actos.

“Todo indica que este contrato era para dejar inactivas las plantas estatales de asfalto para proceder a la compra del asfalto por otros mecanismos que tengan como factor la corrupción. Ese silencio de [ministro Federico] Suárez demuestra que hay algo que no es a favor del Estado”.

Así reaccionó el abogado y excontralor general Alvin Weeden, en relación a la situación de inactividad en que se encuentran las cuatro plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cedidas en administración desde julio de 2010 al grupo empresarial dominicano/español IBT.

Por su parte, el exministro del MOP José Antonio Domínguez comentó que “aquí hay algo podrido porque no se ha exigido a la empresa cumplir con sus obligaciones contractuales de operación”.

Domínguez añadió que es preciso que el MOP explique por qué no ha comprado el asfalto a un “mejor precio” para el Estado.

Con relación al precio del asfalto –$110 la tonelada métrica, según el precio ofrecido por IBT–, Carlos Gasnell, del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), comentó que el ministro Federico José Suárez debe dar una explicación del porqué no están funcionando las cuatro plantas que debieron generar un efecto positivo en el precio a favor del Estado.

reacción

Anoche, el ministro Suárez prometió que explicaría próximamente las razones que mantienen paradas las máquinas de las cuatro plantas de asfalto del Estado cedidas al grupo IBT, a pesar del compromiso de comprar el 80% de su producción.

La situación es especialmente misteriosa, ya que el presidente de IBT Group, José Ramón Brea, aseguró a este diario en julio pasado, que había invertido $20 millones para poner a punto la maquinaria y que estaban listos para comenzar la producción.

Sin embargo, esta no ha empezado y, solo en un período que va desde abril de 2011 hasta la fecha, el MOP ha comprado, al menos, $10 millones en asfalto a diversas empresas del país.

La situación, además, podría ocasionar un importante perjuicio económico, ya que el contrato de cinco años con IBT Group obliga al Estado a pagar una “indemnización del 50% de la demanda garantizada” si, “por culpa del Estado, se origina un atraso en el programa de obra”.

Sobre el tema del asfalto, se ha tratado durante un año que Suárez responda las preguntas de La Prensa, pero ha sido infructuoso.

Igualmente se desconoce si la empresa IBT, que mantiene contratos con el Gobierno por $425 millones, ya hizo la reclamación al MOP.

Ante el riesgo de estar frente al pago de una indemnización millonaria, se intentó conocer la reacción de la contralora, Gioconda de Bianchini, pero no respondió a los cuestionamientos de este diario.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, a quien este diario consultó a través de su secretario de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, tampoco quiso hablar del asunto.

más Opacidad

El representante de Transparencia Internacional lamentó que el contrato suscrito con IBT Group y refrendado por la Contraloría General no aparezca en el portal electrónico de PanamáCompra, debido a que se trata de fondos públicos. “Todos los procesos de licitación deben estar en ese portal, incluso los contratos y sus modificaciones, aunque se trate de una contratación directa”, comentó Gasnell.

También es del criterio que la decisión de cambiar el concreto por asfalto debió consultarse con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

“Detrás de esta medida debe haber un estudio técnico del MOP que sustente las razones” ya sean de costo y calidad, por las cuales el asfalto es la mejor alternativa para la reparación y construcción de calles, señaló Gasnell.

Hace más de dos años, el 26 de julio de 2010, el MOP adjudicó la operación y administración de las cuatro plantas estatales de asfalto, ubicadas en la provincia de Panamá (vía Centenario y Pacora); en Chiriquí (Algarrobos) y Coclé (El Roble de Aguadulce) al consorcio IBT, alegando que producirían un asfalto certificado (superpave) para alcanzar estándares internacionales. El pliego de la licitación afirmaba que, con ello, se “cambiará la estructura de la industria de la construcción” en el país.

El citado pliego de condiciones también mencionaba que el asfalto “superpave” que producirían las cuatro plantas de asfalto, a partir de 2010, permitiría “reducir drásticamente los recursos dedicados a mantenimiento”.

Lo cierto es que, ante la falta de producción de las plantas de asfalto, el MOP ha estado comprando asfalto identificado en la órdenes de compra como “asfalto caliente IV”.

La falta de comunicación con el MOP ha impedido conocer en qué quedaron los planes de adaptación del asfalto usado en las obras del Estado a los estándares internacionales.

¿Lesión?

Según el excontralor Weeden podríamos estar frente a una lesión patrimonial, ya que Suárez no ha explicado los motivos que han impedido realizar el pedido de asfalto acordado a IBT Group. Recomendó a la Contraloría hacer una auditoría, porque el contrato se firmó sin control previo.

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