CUENCA HIDROGRÁFICA

Subastan tierras canaleras

La Anam aprobó un estudio de impacto ambiental a la sociedad North Properties, sin informarle a la Autoridad del Canal de Panamá.

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La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos vendió a North Properties 5.8 hectáreas pertenecientes al área de operaciones del Canal de Panamá. La zona boscosa se devasta desde diciembre pasado, lo que impactaría al lago Miraflores, esencial para el funcionamiento del Canal y abastecer de agua potable a importantes sectores de la capital. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos vendió a North Properties 5.8 hectáreas pertenecientes al área de operaciones del Canal de Panamá. La zona boscosa se devasta desde diciembre pasado, lo que impactaría al lago Miraflores, esencial para el funcionamiento del Canal y abastecer de agua potable a importantes sectores de la capital. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos vendió a North Properties 5.8 hectáreas pertenecientes al área de operaciones del Canal de Panamá. La zona boscosa se devasta desde diciembre pasado, lo que impactaría al lago Miraflores, esencial para el funcionamiento del Canal y abastecer de agua potable a importantes sectores de la capital. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

El Canal de Panamá –cuya operación depende íntegramente de las aguas que genera su cuenca hidrográfica– enfrenta un peligro que emana del propio Gobierno: la venta de tierras de sus áreas de operación, vitales para su funcionamiento.

Sin consulta previa, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) vendió en subasta 5.8 hectáreas identificadas como áreas operativas del Canal de Panamá a la empresa North Properties, S.A., para desarrollar un “negocio automotriz”.

La operación se realizó en noviembre pasado por un monto de $3.2 millones que pagó la mencionada sociedad, inscrita en el Registro Público el 25 de octubre de 2013, es decir, un mes antes de la venta de la tierra.

Los dignatarios de North Properties son Jack Silvera (presidente), Ezra Silvera (tesorero) y Jacobo Abadi (secretario).

Según la Ley 21 de 1997 del plan general y regional de uso de tierras en las áreas revertidas, se debió notificar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre el tipo de desarrollo que se le daría al terreno, ya que el proyecto está ubicado en el área de operación de la vía acuática.

Aunque el lote no es parte de los bienes patrimoniales de la ACP, de acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de Gestión Corporativa del Canal, Óscar Vallarino, “sí se encuentra dentro del área de compatibilidad con las operaciones del Canal y dentro de la cuenca” hidrográfica del Canal.

Sobre la venta de esta tierra, el administrador de la UABR, Juan Carlos Orillac, se negó a dar explicación.

Este medio acudió a las oficinas de la UABR el 8 de enero pasado en busca de una entrevista, pero no se concretó. Tampoco hubo respuesta a nueve correos electrónicos enviados a la UABR desde el 10 de enero.

Tras las interrogantes planteadas por este medio sobre la venta de estos terrenos en el área de operaciones del Canal, Vallarino dijo que esa entidad “tomará las acciones del caso”, junto con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), debido a que North Properties “no cumplió” los procedimientos para la aprobación del proyecto en la cuenca hidrográfica y de las áreas de compatibilidad de la vía interoceánica.

“Cualquier proyecto dentro de esa área requiere del análisis del estudio de impacto ambiental [EIA] –por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente y de la ACP– antes de que se inicie cualquier intervención en el sitio”, expresó.

El promotor también necesita un permiso de compatibilidad de la junta directiva de la ACP, que tampoco ha sido aportado.

Al parecer, la posición de la ACP –amparada por ley– es desconocida por la administradora regional metropolitana de Anam, Victoria Tejada, quien evitó responder a este medio cuándo coordinó con la ACP la aprobación del estudio de impacto ambiental a North Properties.

Tejada restó importancia al impacto del proyecto en el área de operaciones del Canal. “No se prevén impactos significativos” en el medioambiente, dijo, sin considerar que se devastó zona boscosa de la cuenca hidrográfica del Canal ( ver mapa y fotografías).

SIN CONTROL

Así, mientras los panameños estaban entretenidos en la víspera de la Navidad, North Properties “limpió” el terreno, deforestó e, incluso, más del área que compró, a pesar de que la Anam no había aprobado hasta ese momento el estudio de impacto ambiental.

El presidente de North Properties, Jack Silvera, quien se reservó la información sobre quiénes son los accionistas de la empresa, manifestó que en el sitio se establecerá un local de almacenaje de carros y oficinas relacionadas al “negocio automotriz”.

Silvera dijo que habían pedido “permiso” a la UABR para hacer la “limpieza del terreno” con el fin de elaborar el plano topográfico y luego, con el permiso de Anam, “se comenzó la tala de árboles”.

Sin embargo, la declaración de Silvera contrasta con la de la funcionaria de Anam, quien afirmó que “se le paralizó tal limpieza de medición y se le advirtió que solo podía hacerlo tras la aprobación del EIA”.

Tejada dijo ignorar la fecha en la que la empresa realizó el estudio de impacto ambiental, que, apuntó, fue presentado en diciembre de 2013.

El trámite para avalar el EIA fue expedito, ya que la Anam otorgó su aprobación el 27 de diciembre pasado sin consultar a la ACP, como exige la ley, de acuerdo con el vocero del Canal.

Tejada también aseguró que no se talaron árboles antes de aprobarse el EIA, pero un recorrido de este medio en diciembre pasado –antes de que se colocara el aviso de aprobación del EIA de la Anam– demostró lo contrario.

El Código Penal señala en su artículo 418 que los promotores que inicien construcciones o actividades antes de aprobarse el EIA serán sancionados con dos a cinco años de prisión; mientras que el artículo 419 impone prisión de cuatro a seis años para el funcionario que apruebe proyectos contrarios a las normas de ordenamiento territorial y urbanístico.

Una medición no oficial con GPS del polígono deforestado –entregada a este medio por ambientalistas– revela que pudo haberse deforestado 8 hectáreas, es decir, 2.2 hectáreas más de las que compró North Properties.

En este lote fue descubierto un bunker utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando administraba el Canal.

¿Qué harán con el bunker que está en el lugar?, preguntó este diario a Silvera. “El bunker fue una sorpresa. No sabíamos de su existencia cuando se compró el terreno. Vamos a tratar de mantenerlo como parte del proyecto”, dijo.

Vistas áreas del lugar muestran que los trabajos de tala y movimiento de tierra se están extendiendo, lo que afectará al lago Miraflores, vital para la zona canalera y para abastecer de agua potable a sectores de la capital y zonas aledañas ( ver fotografía 1).

La finca fue identificada en el portal electrónico de la UABR como “estratégica propiedad... ubicada en las riberas del Canal de Panamá”, mientras que en el catálogo de venta aparece como “área de operaciones del Canal” ( ver fotografía 4).

El terreno se comunica por una calle con la ciudad hospitalaria que construye el Gobierno en el Parque Nacional Camino de Cruces, por la vía Centenario ( ver fotografía 2).

Silvera dijo desconocer la existencia de esta vía, por la que, sin embargo, se sacan los restos de la deforestación.

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