Más armas y menos información: las claves del Ministerio de Seguridad

Los ´crecientes´ millones de la seguridad

Dos años después de la llegada de Gustavo Pérez a la Policía Nacional, los miembros de la Fuerza Pública hacen exhibición permanente de poder.
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Para el ministro José Raúl Mulino, su seguridad no tiene precio. Por ello comprará una costosa motocicleta para uno de sus escoltas, en una transacción acusada de “falta de transparencia”.

El modelo apetecido originalmente por Mulino es la moto Suzuki DL1000 (V-STROM) de $17 mil 600 que, en su momento, fue probada y aprobada por su escolta, dejando constancia de ello en un informe.

La llamada “compra menor” fue suspendida por la Dirección de Contrataciones Públicas ante reclamo de una de las empresas.

La queja: violación al principio de transparencia, porque “no se hizo público el cuadro de propuestas” y la introducción de modificaciones a las reglas establecidas en el pliego de cargos.

“Nunca se estableció en el pliego de cargos que la adjudicación del acto en mención iba a estar supeditada a un informe técnico, sobre todo cuando vemos que este carece realmente del tecnicismo necesario para calificar los equipos propuestos”, resaltó la empresa reclamante.

La Dirección de Contrataciones Públicas analizó la queja, corroboró los “hechos expuestos por el reclamante” y, en consecuencia, emitió el pasado 4 de julio una resolución dejando sin efecto el informe técnico del escolta de Mulino. Además, ordenó la realización de una nueva evaluación con una clara instrucción: que se ciñeran “estrictamente” a los parámetros del pliego de cargos.

“Me está hablando de una cifra que debe ser para una moto de vigilancia para áreas costeras..., no para el ministro, porque no hemos discutido una compra para protección nuestra”, fue la reacción del viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, al preguntársele sobre el tema.

Tras el reclamo, el escolta de Mulino emitió un nuevo “criterio técnico”, recomendando el modelo KTM 990 de $17 mil 325 ofrecido por la empresa reclamante.

A pesar de la segunda “aprobación oficial” y consecuente adjudicación el pasado 27 de julio, fuentes dedicadas a la venta de estas motos aseguran que el modelo elegido es para desarrollar altas velocidades, y no para funciones de seguridad. “Con $17 mil se pueden comprar dos motos de las que se usan para los escoltas”, añadió la fuente.

¿Qué piensa el ministro Mulino? Fue imposible saberlo, a pesar de las reiteradas peticiones hechas por este diario, se nos informó, invariablemente, que no tenía espacio para hablar de este asunto.

Más y más recursos

Tras la polémica surgida por su nombramiento, al tratarse de un exmiembro de las temidas Fuerzas de Defensa, el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, volvió a ocupar espacio en los medios, al declarar una y otra vez que encontraba una institución mal equipada. Eso cambiaría, anunció.

Para ello, contaba con $382 millones, según informó en su momento su jefe y entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino. Se trataba del presupuesto formulado por la pasada administración.

Al año siguiente, cuando se divide la entidad creándose los ministerios de Gobierno y de Seguridad, el presupuesto para ambas instituciones fue de $425 millones. Nunca se reveló cuánto se destinó a equipos para las fuerzas de seguridad.

Este año, solo el Ministerio de Seguridad –que incluye la PN– tiene un presupuesto de $490.4 millones: $416.8 para funcionamiento (incluyendo equipo) y $73.6 para infraestructura.

Los detalles del gasto no se conocen. La Prensa los solicitó, sin éxito, a la Dirección de Administración y de Finanzas del Ministerio.

Finalmente, están los $548.4 millones que, según el proyecto de presupuesto formulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se han destinado al Ministerio de Seguridad para el año 2012: $492 millones para funcionamiento (incluyendo equipo) y $56.3 millones para infraestructura.

´Equipos tácticos´

A pesar de la negativa a proporcionar información, un análisis del portal PanamaCompra permite dibujar parte del mapa de los deseos cumplidos y por cumplir de Gustavo Pérez.

Por ejemplo, se sabe que el director de la PN ha destinado $94 mil 900 para adquirir “equipos tácticos”.

Se trata de “pantalones protectivos”, suéteres, abrigos y chaquetas, mochilas, camisetas, correas, lámparas portátiles, botas de protección, relojes, fundas de armas y protectores de piernas.

Esta compra, al igual que la moto del ministro Mulino, ha tenido complicaciones. La adquisición fue suspendida el 14 de junio pasado debido a que una empresa interpuso una acción de reclamo.

La reclamante aduce que la PN colocó especificaciones que favorecen a una empresa en particular, a pesar de la expresa prohibición que al respecto establece el artículo 27 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

“...Dentro de los requerimientos técnicos solicitados para estos productos se está especificando la palabra Dupont Teflon, la cual corresponde a una marca y la numeración 5.11 Tactical identifica una empresa”, fue el reclamo textual.

La Dirección de Fiscalización pidió dejar sin efecto todo lo hecho para “enmendar fallas” y , de ser necesario, se celebre un nuevo acto público y se elabore otro pliego de cargos.

No se trata de la única queja. El 24 de junio, la misma empresa interpuso una acción de reclamo al acto de compra menor por $20 mil 810 para la adquisición de “equipos tácticos para los servicios policiales especiales”. Aquí también se solicitaba una marca específica.

Compras y aprobaciones

Solo en el mes de junio se destinaron más de $9.2 millones para 19 actos públicos de la PN, sin contar las compras de los servicios Nacional de Frontera y Aeronaval, que también están bajo el Ministerio de Seguridad Pública.

Con estos millones se comprarán armas, equipos especiales para escoltas, polígrafos, botas, uniformes, detectores de metales, mochilas, linternas, traje táctico contra explosivos, chalecos y 300 máscaras antigás valoradas en $153 mil. Es decir, $510 cada una.

En una búsqueda simple en internet, se puede observar que con un precio bastante cercano a las máscaras antigás, se adquiere una máscara tipo militar que usan los soldados para las guerras químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

Asimismo, se comprarán mil 500 detectores de metal a la empresa inversiones Toragio por $150 mil 837. El precio de referencia era $152 mil 500; es decir, $101 con 67 centésimos cada unidad.

En esa ocasión, el reclamo de las empresas Radicom y Raditek Inc., que denunciaron la colocación de la marca Smartsensor en el pliego de cargos –lo que viola la ley de contrataciones públicas–, no fue escuchado.

La Prensa tuvo acceso a una cotización que envió un proveedor de China –a una de las empresas participantes– que establece que cada detector tiene un valor de $16. Es decir, muy por debajo de los 100 dólares con 58 centésimos finalmente pagados.

En otras palabras, el ganador de esta licitación habría invertido $24 mil en la compra de los detectores de metal –tomando como referencia los $16 por cada uno–, y se habría ganado $128 mil: una ganancia de más del 500%.

También se obtuvo copia de varias cotizaciones para la compra de uniformes y chalecos antibalas entre septiembre y octubre de 2010, por más de $1.2 millón a la empresa Distribuidora Boyd International.

Todas tienen un visto bueno con lo que parecen ser las iniciales de Gustavo Pérez, acompañadas de un sello que señala “G.P. Aprobado. Policía Nacional Proteger y Servir” (ver facsímil).

¿Es esto parte del procedimiento de compras en la PN? ¿Un visto bueno del director de la PN constituye una instrucción para elegir a la empresa señalada? ¿Avala este procedimiento la Dirección de Contrataciones Públicas?

Estas preguntas nunca llegaron al director de la PN. Su jefe de Comunicación, Jairo Polo, impidió todo acercamiento de este diario con Gustavo Pérez.

Otra compra de la PN se dio el pasado 15 de julio, con la adquisición de 23 mil insignias para diferentes rangos de uniformes regulares por $73,295, a la empresa Panama Maritime Assitance. El proceso solo duró ocho días entre el aviso de convocatoria y el acto de licitación.

La empresa Panama Maritime se dedicaba desde el 2000 al mercado marítimo. Sin embargo, en agosto de 2010 agregó a sus actividades la venta de armas, uniformes y accesorios para la policía. Esta modificación fue inscrita el 17 de marzo de 2011 en el Registro Público.

A esta misma empresa se le adjudicó, en mayo pasado, un contrato por $69 mil para la adquisición de 3 mil quepis para uniformes regulares de la policía. Cada quepis de comisionado costará $60, y $49 para los capitanes.

Otra compra que se anunció hace dos semana fue la de uniformes para el Servicio Policial Motorizado llamado “linces”, pero no ha sido divulgado el monto ni el método de adquisición. Solo se conoce que serán verde oliva, tipo camuflaje.

Para esta misma unidad policial, se adquirieron en mayo pasado mil 500 cascos, guantes, protectores de rodillas y codos por $182,793.70. La empresa Fiori Internazionali logró adjudicarse la compra por $147,777.70; mientras que Birco Internacional se alzó con un contrato de $35,363.95 por la venta de 500 pares de guantes, a un costo de $70 cada par.

Equipos de peso

En septiembre de 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un crédito de $50 millones para mejorar “aspectos de seguridad, como la adquisición de armas, aeronaves y vehículos”. Los detalles no se conocen.

Asimismo, se informó de un contrato –cuyos datos específicos no se han divulgado– con la empresa italiana Finmeccanica, para adquirir un sistema de monitoreo y control de costas (radares), seis helicópteros AgustaWestland AW139 y una cartografía digital para el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Los cuestionamientos de la justicia italiana a esta empresa por presuntos actos de corrupción y blanqueo de capitales no detuvieron al ministro Mulino.

La relación de Panamá con Finmeccanica se conoció en junio 2010, con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el presidente Martinelli como testigos de excepción.

Un año después de aquella compra, el viceministro Garuz asegura que los radares están por llegar y que en agosto serán instalados en diversos puntos del país. Además, en diciembre llegará el primer helicóptero de los seis que se entregarán hasta junio de 2012. Mientras que la cartografía debe llegar en los próximos días, aunque no se precisó fecha.

El ministro de Economía, Alberto Vallarino, reveló que a Finmeccanica se le pagarán $92 millones en 2013 y $241.3 millones en 2014, ya que fue contratada con la modalidad de “llave en mano”, para un total de $333.3 millones, que distan de los $250 millones que se habían anunciado en 2010.

Reclamos

En los procesos de compras de equipos dirigidos por la PN abundan las impugnaciones, las suspensiones y los actos declarados desiertos.

Además de los ya citados, el 27 de mayo pasado se suspendió la compra de 200 cascos balísticos (con protección especial) por $83 mil 120, a razón de $415 cada uno. En Estados Unidos se pueden conseguir estos cascos por menos de $300 cada uno. La Dirección de Contrataciones pidió modificar el pliego de cargos “basándose en características objetivas, ya que, de lo contrario, se vería afectada gravemente la participación de los interesados o proponentes...”.

Y es que el pliego citaba como ejemplo la marca Nomex distribuida por la empresa Dupont, lo que propició el reclamo de la compañía Radicom, S.A.

También se comprarían filmadoras y cámaras fotográficas, incluidas dos con detección de rostro por $18 mil, para la Unidad de Fuerzas Especiales Contraterrorismo y la Unidad de Control de Multitudes de la policía, pero la adquisición fue declarada desierta, alegándose incumplimiento por parte de las empresas.

Según explicó el viceministro Garuz, algunas compras “se han quedado sin partida presupuestaria porque fueron eliminadas, pero ya estamos analizando la posibilidad de fortalecernos presupuestariamente...”.

Garuz añadió que se había otorgado “una cuenta especial a los directores [de la PN y los servicios de Frontera y Aeronaval] pero, a posteriori, fueron suspendidas”. No explicó las razones de ello.

Este medio tuvo acceso al memorando del 7 de octubre de 2010, enviado por Mulino a los directores de las tres entidades, en el que se les advertía que quedaban “suspendidas” y “sin efecto” sus delegaciones para realizar contrataciones directas.

Al parecer la directriz no fue seguida por Pérez ya que, el 22 de octubre de ese año, la Contraloría devolvió sin refrendo la contratación a Sukimotor por $246,528 para 32 motos, debido a que reflejaban un costo adicional de $19,382 “en perjuicio de los intereses del Estado” (ver facsímil).

Cinco días después, Mulino recibió una nota del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, recordándole que las compras bajo la condición de seguridad ciudadana y del Estado deben proceder “directamente” de su despacho.

A pesar de ello, el 9 junio fueron publicadas en Gaceta Oficial tres resoluciones que abren las puertas a la discrecionalidad, al otorgar a los citados directores la facultad de “solicitar la participación de la Contraloría General en los actos de selección de contratistas”, cuando la cifra sea menor de $250 mil.

¿Cuál es la opinión de la Contraloría General sobre esta discrecionalidad? Durante tres semanas La Prensa intentó infructuosamente saberlo.

¿Donación?

En mayo pasado, el presidente Martinelli visitó la sede de la PN. Allí, junto a Pérez y el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, hizo alarde de energía. Los tres llevaban unos llamativos lentes oscuros que, según Pérez, habían sido “donados”.

“Todo es gratis, los lentes son una donación de una compañía que lo hizo de manera anónima”, explicó Pérez, mientras insistía: “Todos estamos contentos”.

La “donación” recibida por Pérez fue de 16 mil lentes, justo la cantidad solicitada en una licitación realizada en noviembre pasado, y que fuera suspendida en diciembre debido al reclamo de una empresa.

Tras una serie de objeciones, la licitación fue declarada desierta. Luego, vino la misteriosa donación.

Cuestionado sobre el tema, el presidente Martinelli respondió “y por qué no... tú sabes cuánto cuestan estos lentes en el Oriente: ocho centésimos de dólar”.

Sin embargo, el precio de referencia de la fallida licitación fue de $256 mil 800 para los 16 mil lentes. Es decir, $16.05 cada uno.

Al respecto, el exdirector de la PN Ebrahim Asvat comentó que “no se puede mantener en reserva el nombre de la empresa donante, principalmente porque existen leyes antilavado de dinero y contra el narcotráfico”.

Asvat calificó como preocupante que se utilice el método de donación para “ganar simpatía” en una entidad de seguridad pública.

Sin licitación

Las compras no paran en el Ministerio de Seguridad.

Así, la PN contrató de forma directa a la empresa International Polygraph para la adquisición de cinco polígrafos por $63 mil 986. Esta empresa es de reciente creación: el 12 de agosto de 2009.

El trámite de compra de los polígrafos fue muy peculiar. La empresa presentó su cotización el 24 de enero pasado, pero no fue sino cinco meses después, el 20 de junio, que se hizo pública en el portal de PanamaCompra.

Además, informes recientes dan cuenta de que se han destinado $39 mil 782 para comprar directamente dos four wheel ranger para el Servicio Nacional de Fronteras a la empresa Xtreme Store S.A.

En este caso también se da el detalle de las fechas ya citado: la contratación se realizó el 25 de julio, pero la cotización de la empresa era de enero pasado. Además, en el informe técnico para la “excepción de contratista” (contrato directo) del 27 de mayo, avalado por Ventura Vega, como viceministro encargado, se señala que se trataba de la “única empresa” que ofrece las garantías de calidad, seguridad, eficiencia y responsabilidad.

También se anunció la adquisición de 34 pick up de la marca Ford, 20 motocicletas Suzuki, 10 four wheels y 12 vehículos para la sección de control de multitudes, fuerzas especiales y otras unidades de la policía, pero se mantuvo en completa reserva el monto que se destinó a esta compra y cómo se llevó a cabo su adquisición.

En el portal de PanamaCompra no hay rastros del proceso de adquisición de estos vehículos. Solo aparece una polémica adquisición de 20 four wheels que fue detenida en noviembre de 2010 por un reclamo que paralizó el proceso hasta diciembre. Finalmente la compra por $283 mil 764 a la empresa Cool Mart S.A. se realizó en abril pasado. Cada four wheel costó $13,260.

Dos años después de iniciado su mandato al frente de la PN, Gustavo Pérez muestra con orgullo, cada vez que puede, los nuevos equipos y herramientas adquiridos para los uniformados con el alegado propósito de “proteger y servir”.

Pero, por el momento, el rendimiento de cuentas queda pendiente.

Armas, estadísticas y miedos

Dos años después de la llegada al poder del presidente Ricardo Martinelli, la compra de armas, municiones y sofisticados equipos por parte de la Policía Nacional (PN) no es percibida como parte de una estrategia para el combate a la delincuencia, sino como una “vuelta a la militarización”.

Así lo cree el presidente del Comité Ecuménico de Panamá, Pablo Morales, quien considera que la Policía, con “sus grandes armamentos, hace recordar a las extintas Fuerzas de Defensa y una Guardia Nacional que se levantó para tomar el poder por la fuerza y después se volteó contra el pueblo”.

Morales califica como equivocada la estrategia del gobierno que privilegia la compra de armas para enfrentar la delincuencia, dejando de lado la prevención.

Esta visión es rechazada por el viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, quien comentó que “no es cierto que las armas son para reprimir al pueblo, pero necesariamente tenemos que modernizar el armamento”.

Según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (Cepal), Panamá es el país que más recursos destina a la compra de equipo para sus estamentos de seguridad.

El citado análisis revela que en 2010 Panamá gastó $455.2 millones, superando los $290.3 millones de Guatemala, los $286.2 millones de Costa Rica, los $282.1 millones de El Salvador, los $184.2 millones de Honduras y los $72.1 millones de Nicaragua.

Además del armamento de las instancias públicas, los panameños han decidido tomar cartas en el asunto de la inseguridad.

Al menos, es a la conclusión que se llega al analizar la información proporcionada por el director de Asuntos de Seguridad Pública de la PN, Carlos Prosperi, quien informó que, semanalmente, recibe 30 solicitudes de particulares para sacar armas del depósito nacional, con el fin de hacerles las pruebas de balística correspondientes y entregarlas a los compradores.

A un año de estar en el cargo, Prosperi dijo que, aunque se ha dado la compra masiva de pistolas para cacería y agencias de seguridad, las principales razones para el porte de armas de los ciudadanos comunes es la protección personal y de sus negocios.

Hasta el momento, y a pesar de la actitud triunfalista de Gustavo Pérez, las estadísticas siguen hablando de una creciente criminalidad.

En junio pasado se reportaron 61 homicidios, 307 heridos con armas de fuego o blanca, 338 robos y 560 hurtos.

Antes del bloqueo informativo decretado por el ministro Mulino, se había informado de que la criminalidad iba en aumento en áreas como Arraiján, donde la cifra de crímenes se había incrementado de 20 a 29 en un mes.

También se informó que en el primer semestre del año se han reportado 339 homicidios. En enero se reportaron 51 muertes, febrero 65, marzo 55, abril 54, mayo 53 y junio 61.

Son las últimas cifras oficiales del Ministerio de Seguridad y, por ahora, aseguró el ministro Mulino, no se sabrá nada más.

Ereida Prieto-Barreiro

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