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Una “deuda moral”
Una oferta privada para crear un banco de ADN en
Panamá sirvió de base para crear una ley y otorgar un multimillonario
contrato, aún no refrendado
Redacción de La Prensa
trasfondo@prensa.com
Las “deudas morales” que se contraen a nombre
del Estado pueden cuantificarse... y costar millones de dólares.
La fórmula para calcularlas no se puede encontrar en la ley de contrataciones
públicas. Nada de eso.
Es un invento —hasta ahora inédito— del Instituto
de Medicina Legal (IMEL), una dependencia de la Procuraduría General
de la Nación.
El estreno de dicha “fórmula” se produjo en
1999, con los Laboratorios de Identidad Fairfax de Panamá, S.A.,
sociedad que nació casi al mismo tiempo que un proyecto que luego
se convertiría en la Ley 80 de 23 de noviembre de 1998, promovida
por el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, para
crear una base y un banco de datos de ADN.
Creada la ley, el IMEL, específicamente su
ex director administrativo, Félix Luciani —cuñado del procurador—,
el propio Sossa y algunos de sus subalternos, llevaron a cabo una
empecinada campaña, en dos gobiernos distintos, con el fin de lograr
a toda costa una contratación directa a favor de este laboratorio.
La deuda
Con ese fin, el IMEL, bajo la dirección administrativa
de Luciani, presentó en febrero de 1999 —tres meses después de aprobada
la Ley 80— un documento denominado “Justificación técnica y económica
a la propuesta para la implementación de la Ley No. 80 de 1998”.
Al tratar de justificar la contratación directa de Fairfax de Panamá,
sus autores no se anduvieron con cuentos: “El IMEL se encuentra
en deuda moral con los Laboratorios Fair-Fax de Panamá [sic], en
especial con su representante legal [Daniel Demers], al haber presentado
este proyecto a iniciativa propia ante el Señor Procurador General
de la Nación hace aproximadamente dos años”.
Los redactores de dicho documento parecen
desconocer el contenido de la Ley 56 de 1995 —sobre contrataciones
públicas— que enumera quince excepciones para hacer una licitación
pública. Ninguna de ellas se justifica por “deuda moral” . Y si
esa excepción existe, nadie se ha enterado de ello, salvo sus autores.
¿Cuál era esa “deuda moral”? Cosas como que
“nos han asesorado y apoyado”; “asesoramiento en el desarrollo de
los pliegos de cargos para la compra de los equipos...” o “asesoramiento
y apoyo en el criterio técnico durante el análisis de las ofertas
para la compra de equipo...”.
Con semejante “deuda moral”, la lógica de
los autores del documento exigía aprobar de inmediato un contrato
multimillonario a favor de Fairfax. Nada de licitación.
La familia promotora
Hay documentos que demuestran que, al menos
desde 1998, Luciani realiza gestiones para concretar la relación
contractual entre el IMEL y Fairfax.
Por ejemplo, el 12 de marzo de ese año, Luciani
envió a César Guevara —por entonces presidente del Colegio Nacional
de Abogados— un borrador del anteproyecto de ley, “elaborado por
funcionarios del Ministerio Público”, para crear la base y banco
de datos de ADN.
El anteproyecto —de apenas once páginas— venía
“casado” con 23 páginas de información panfletaria, logo y cotizaciones
de Fairfax Identity Laboratories, con sede en Virginia (aún no existía
como sociedad panameña), fechado en diciembre de 1997.
El mensaje parecía estar claro. Así lo entendieron
varios de los que recibieron el documento: la propuesta de Fairfax
era, precisamente, la justificación del proyecto legislativo. Fairfax
proponía establecer un laboratorio de identificación de ADN “privado”.
Aprobada la ley, Fairfax decidió prestarle
una ayudita al dúo Luciani-Sossa, que le facilitaría a ambos su
propia promoción. En diciembre de 1998, Fairfax presentó el documento
titulado “La puerta de entrada a la tecnología de ADN en las Américas”,
que era, ni más ni menos, una propuesta formal para “que se contrate
a los Laboratorios de Identidad Fairfax de Panamá, S.A.”.
A sabiendas de que éste era un proyecto multimillonario,
Fairfax proponía algunas formas para recabar el dinero que se le
debía pagar: incrementar en cinco dólares la tasa por uso del aeropuerto
de Tocumen; aumentar las boletas por manejar en estado de ebriedad
y exceso de velocidad o destinar un porcentaje de los dineros incautados
por lavado de dinero o producto de contrabando.
Los únicos entusiasmados con esas “creativas”
ideas eran los cuñados; pero a pesar de sus esfuerzos, nadie les
prestó atención.
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Con la ley y con la propuesta de Fairfax en
mano, Sossa no perdió el tiempo. En una carta fechada el 18 de enero
de 1999 —dirigida al entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando
Aramburú Porras— Sossa pedía al Consejo Económico Nacional (CENA),
“autorización para la contratación directa de la empresa Fairfax
de Panamá, S.A.”.
Sossa sufrió entonces su primer revés. Su
solicitud tuvo una gélida acogida. El 10 de marzo de 1999, el Ministerio
de Economia y Finanzas le informó de que el CENA “no puede considerar
el tema, ya que el proyecto no cuenta con una fuente de financiamiento...”.
No sería la negativa de un ministro la que
desanimaría a Sossa. Todo lo contrario, le abrió las puertas para
ir a una instancia superior: al presidente, Ernesto Pérez Balladares.
“Me apersono ante usted para solicitarle,
una vez más, nos mantenga su respaldo”. Así encabezaba Sossa una
nota dirigida al gobernante, fechada el día siguiente a la negativa
del CENA. En ella, Sossa le solicitaba “salvar” el proyecto. “Unicamente
con su gestión —pedía— podremos concluir la realización de la Base
y Banco Forense de datos de ADN”.
Cualquier consulta sobre el tema se la podría
brindar él mismo, “en el evento de que me concediera una audiencia”
o a través del director administrativo del IMEL, que era su cuñado,
Félix Luciani.
Todo indica que estas gestiones no tuvieron
éxito.
Sossa se dirigió entonces —el 27 de octubre
de 1999— a la nueva presidenta, Mireya Moscoso, para que considerara
la propuesta de contratación de Fairfax en el Consejo de Gabinete.
Al parecer, tampoco tuvo mucha suerte. Sin
embargo, hay asuntos en los que Sossa no da el brazo a torcer. El
26 de enero del 2000, el procurador escribió a Víctor Juliao —ministro
de Economía y Finanzas— para solicitarle un “crédito adicional extraordinario”
de 875 mil dólares, para pagar las “tipificaciones genéticas” para
la base y banco de datos de ADN y las pruebas de paternidad. Todo
parecía indicar que Fairfax había empezado o empezaría a hacer las
pruebas de ADN y el dinero era para pagarle.
Si concedieron o no el crédito, no queda claro.
Pero el 27 de marzo de 2000, Sossa pidió un “traspaso de fondos”,
exactamente por la misma cantidad y razones, al Ministerio de Salud,
que encabezaba José Terán. Tampoco se sabe si se produjo el traspaso.
Pero al día siguiente de esta solicitud, Terán
visitaba la sede de Genetics & IVF Institute en Virginia, una
de cuyas divisiones es el Laboratorio de Identidad Fairfax.
Aparentemente no lo hizo solo, porque dos
días después, el 30 de marzo de 2000, se celebró una reunión en
el Latham Hotel, en Georgetown, en la que participaron Raúl St.
Malo, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud,
y los representantes de Fairfax, Daniel Demers, Ramón Martínez y
David Bick, este último, presidente de Genetics & IVF Institute.
En esa reunión, St. Malo reiteró el compromiso
del Ministerio de cerrar el contrato con Fairfax. Bick anticipaba
entonces que el contrato podría firmarse a finales de mayo del 2000,
por lo que el laboratorio podría empezar a realizar las pruebas
de ADN en octubre o noviembre de ese año.
Tras las promesas, Bick advirtió: si el contrato
no se firmaba en mayo, Fairfax se vería en la necesidad de dirigir
sus esfuerzos hacia otros proyectos en Latinoamérica y el Caribe.
Después de esa visita, Terán actuó de vocero
para solicitar —el 26 de junio de 2000— cortesía de sala en el Consejo
de Gabinete para los cuñados Sossa-Luciani. Tras describir las “bondades”
del proyecto, Luciani soltó lo que en realidad había ido a buscar:
“una carta de compromiso del fondo que se requiere para el Ministerio
Público, en vista de que los laboratorios Fairfax han puesto un
plazo para que esto se dé”.
Aunque Terán se mostraba partidario de contratar
directamente a Fairfax, tenía reservas. Por ejemplo, sugirió al
Gabinete hacer cambios al contrato con Fairfax, porque “las condiciones
planteadas por los representantes del laboratorio no se ajustan
a la realidad”. También creía innecesaria la firma de una carta
de compromiso.
El Gabinete decidió posponer su decisión en
la contratación directa.
Luego, el 27 de junio del 2000, Terán pidió
al Consejo de Gabinete un “proyecto de resolución” para permitir
al Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia, al Ministerio
de Salud y al Ministerio Público la contratación directa de Fairfax,
por un período de 15 años, pero tampoco hubo suerte.
La ‘licitación’
Los esfuerzos de Sossa por lograr una contratación
directa a favor de Fairfax terminaron en fracaso, ya que a principios
de este año, tuvo que convocar una licitación pública.
¿Significaba eso que se interrumpía la fluida
relación que existía entre Fairfax y la Procuraduría? Si eso es
lo que se pretendía, los hechos describen una realidad distinta.
Por ejemplo, en el pliego de cargos de la
licitación de la base y banco de datos forenses de ADN, se incluye
la descripción de un “escenario” de recolección de muestras de ADN,
en el que hay un renglón denominado “egresos acumulados”. En éste
aparece lo siguiente: “Pagos acumulados a Fairfax por el procesamiento
de muestras”.
Además, el pliego pedía a las empresas ofertantes
experiencia en campos en los que ningún laboratorio local podía
competir, salvo Fairfax de Panamá, de acuerdo con varias fuentes
consultadas.
El propio Instituto de Medicina Legal lo confirmó
cuando en febrero de 1999 sostenía que en materia de laboratorios
especializados en ADN con experiencia en banco y base de datos había
solo uno en Panamá: “El estudios [sic] del mercado local —precisaba—
nos permite declarar sin lugar a dudas que los Laboratorios Fair-Fax
[sic] de Panamá son los únicos que cumplen con dichos requisitos”.
Aunque Sossa no convocó a una licitación internacional
—teniendo en cuenta lo complejo del proyecto—al concurso, celebrado
el 9 de mayo, además de Fairfax, se presentó Biological Scales Laboratory,
de Mississippi.
A este último le fue tan mal —su puntaje fue
de 65% frente al de Fairfax (99.6%)— que su oferta económica ni
siquiera fue abierta.
¿Cómo este laboratorio de Mississippi se enteró
de la licitación? Es un misterio, pero en Panamá contactó a un abogado
—a través de la Embajada de Estados Unidos— para que lo representara.
Y ese resultó ser Ariel Padilla. ¿Por qué él y no otro? Según deduce
Padilla, no fue por su especialidad —abanderar barcos—, sino por
el atractivo precio: le cobró 150 dólares por comprarle el pliego
de cargos.
R.W. (Bo) Scales, director de Scales Biological
Laboratory Inc., Paternity Testing Service, habló por teléfono escasamente
un par de veces con Padilla. Lo poco que hizo el abogado se manejó
a través de una asistente de Scales —Inés Mandujano— que vivía a
miles de kilómetros de Mississippi, nada menos que en Virginia;
curiosamente, donde están ubicados los Laboratorios de Identidad
Fairfax.
Mandujano le pidió entonces que representara
a Scales Biological Laboratory en la licitación. ¿Sólo eso?, preguntó.
Nada más, le contestaron. No hubo reclamos ni hubo más comunicaciones,
pero le quedaron debiendo 500 dólares por representarlos en la apertura
de sobres de la licitación. ¿Qué hizo Padilla? Aparte de comprar
el pliego de cargos, nada. “No hice nada”, admitió.
El abogado ni siquiera tuvo oportunidad de
examinar los documentos porque llegaron en sobres sellados desde
Estados Unidos que debían ser abiertos en el acto público. Por cierto
—recuerda Padilla— los sobres de su cliente eran casi nada comparados
con la “pila impresionante de documentos” que llevó Fairfax.
Padilla ha intentado varias veces comunicarse
con Mandujano, pero ya no responde el número telefónico que le dio
ni a sus correos electrónicos.
En tanto, Betty Brannan, corresponsal de
La Prensa en Washington, se comunicó con Scales, quien dijo
no haber oído de los resultados del acto público. Al parecer, no
tenía mucho interés en éstos. Cuándo se le preguntó cómo se enteró
de la licitación, dijo que no le gustaba contestar preguntas por
teléfono, y al hacerse mención al proceso de licitación, Scales
colgó.
¿Por qué no quiso responder a la preguntas
de La Prensa? Otro misterio.
Ahora Sossa aduce que Fairfax ganó la licitación,
pero el contralor, Alvin Weeden, se opone a refrendar el contrato
a su favor, firmado el 30 de agosto de 2001 por Sossa y Demers.
Es muy posible que el diferendo entre Weeden y Sossa termine en
la Corte Suprema de Justicia.
De llegar allí, tal vez los magistrados deberán
analizar un aspecto aparentemente olvidado por Sossa y Luciani.
Y es que la ley de contrataciones públicas señala que “los servidores
públicos y los particulares que intervengan, en cualquier forma,
en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de la
licitación, concurso o solicitud de precios (...) son inhábiles
para participar en actos de selección de contratista y celebrar
contratos con las entidades públicas”.
Y, de acuerdo con el propio Luciani, la “deuda
moral” del IMEL con Fairfax tiene que ver mucho con su asesoría.
En esta investigación participaron Rolando Rodríguez B., Mónica
Palm y Lina Vega Abad, con la colaboración de Betty Brannan Jaén.
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