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Misterios
en Virginia
Dos laboratorios estadounidenses, uno de Virginia
y el otro de Mississippi, se enfrentan en una licitación en Panamá,
pero solo uno parece interesado en ganar
Redacción de La Prensa
trasfondo@prensa.com
La asistente
El Scales Biological Laboratory de Mississippi
(EEUU) perdió en mayo de este año una licitación en Panamá en la
que había de por medio varios millones de dólares. Su participación
en este acto público ha dejado una larga estela de preguntas y dudas.
La licitación —para “implantar” una base y
banco de datos forense de ADN— fue convocada por la Procuraduría
General de la Nación. Solo dos empresas se presentaron: Scales Biological
Laboratory y los Laboratorios de Identidad Fairfax de Panamá, S.
A., filial del Instituto de Genética y Fertilización in Vitro, con
sede en Virginia (EEUU).
El procurador general de la Nación, José Antonio
Sossa, y su cuñado, Félix Luciani, llevaban varios años haciendo
lobby para darle una contratación directa. No lo consiguieron,
y Sossa tuvo que convocar una licitación. Es aquí donde surgen las
preguntas.
La Prensa intentó sin éxito buscar
las respuestas con el director de Scales Biological Laboratory,
R. W. (Bo) Scales. Por ejemplo: ¿Cómo se había enterado de la licitación,
si solo se publicaron anuncios en diarios panameños? Tampoco dio
oportunidad para preguntarle cómo es que tenía una asistente —Inés
Mandujano— que vive a miles de kilómetros de su laboratorio, precisamente
donde Fairfax, su competidor, tiene su sede: Virginia.
Tras este intento, La Prensa habló
con el abogado que representó a Scales Biological Laboratory en
la licitación, Ariel Padilla. Este señaló que la mayor parte de
las veces, Mandujano lo llamaba, pero cuando él trataba de hablarle,
una contestadora automática recibía sus mensajes. Eso fue así hasta
que pasó la licitación, cuando ya no pudo comunicarse con ella.
Pero la semana pasada, Padilla localizó a
Scales y le preguntó por Mandujano, así como por el pago de sus
honorarios pendientes. Poco después, Mandujano lo llamó... desde
un teléfono público, según ella mismo le dijo.
Padilla la notó nerviosa y dudosa en sus respuestas.
Mandujano aseguraba que se había mudado y que no le daba su nuevo
número —a pesar de que Padilla insistía— porque no quería molestar
a su compañera de cuarto. Le dijo que si quería comunicarse con
ella, que lo hiciera a través de Scales.
La Prensa, no obstante, la llamó al
número donde la localizaba Padilla. Una voz masculina con acento
latino contestó: “She’s not here” (“ella no está aquí”), pero inmediatamente
dijo: “Wrong number” (número equivocado”).
La Prensa telefoneó después a Fairfax
en Virginia y preguntó por ella. El Departamento de Recursos Humanos
del Instituto de Genética y Fertilización in Vitro —del que el Laboratorio
de Identidad Fairfax es una división— respondió que Inés Mandujano
no aparecía en el directorio de empleados, pero inmediatamente informaron
de que Mandujano trabajaba en el departamento de “Citogenetics”.
Al día siguiente, el jueves 6 de diciembre,
La Prensa se comunicó nuevamente y preguntó por Mandujano.
Inmediatamente se exigió que la persona que preguntaba por ella
se identificara. Hecho esto, la llamada fue transferida a la oficina
de Relaciones Públicas y no a “Citogenetics”.
La Prensa hizo una nueva llamada —esta
vez para comunicarse con el departamento de “Citogenetics”. Contestaron
que no había nadie con ese nombre, y acto seguido la llamada fue
transferida nuevamente a Relaciones Públicas.
Allí, Suzanne Seitz, funcionaria de prensa,
aseguró que “Mandujano no es actualmente, y jamás lo ha sido, empleada
del Instituto... ni de los Laboratorios de Identidad Fairfax”.
Si hay contradicciones en las respuestas de
Fairfax y misterio en la actitud de Mandujano, las credenciales
del Scales Biological Laboratory son un verdadero enigma.
Vencido de antemano
Para empezar, llama la atención que nadie
de los Scales Biological Laboratory viajara a Panamá para participar
en el acto público, pese a que era una licitación de, al menos,
nueve millones de dólares.
Por otro lado, de haberse hecho una precalificación,
seguramente Scales habría tenido serios problemas. Por ejemplo,
Scales ni siquiera presentó un certificado en el que constara su
existencia legal en Panamá. Pero, en realidad ese era el menor de
sus impedimentos, porque la verdad era que este laboratorio incumplía
los mínimos requisitos para participar en la licitación.
Ello queda evidenciado cuando la comisión
técnica evaluadora de las ofertas de ambos laboratorios encontró
graves deficiencias en la propuesta técnica de Scales Biological
Laboratory: de los 20 puntos que evaluó la comisión, 16 de ellos
fueron calificados como deficientes. En cambio, Fairfax recibió
una puntuación perfecta en 19 de los 20 puntos (falló por 4 décimas
para obtener el puntaje absoluto de 100%).
Una de las más serias deficiencias de Scales
es que “no presentó acreditaciones en el área forense y de CODIS
(Banco de Datos Criminales), que es crucial en la propuesta que
estamos valorando”, señaló la comisión.
¿Cómo presentarse sin esos documentos si la
licitación era precisamente para ello? No sólo eso: los comisionados
dijeron que “el Laboratorio Biológico Scales no tiene estabilidad
financiera y económica”.
Uno de los temas a evaluar y que otorgaba
mayor puntaje (7%) eran sus publicaciones, pero Scales “no presentó
publicaciones”. Sólo obtuvo 1.3 puntos. Con ese espíritu, si lo
que quería Scales era vencer a Fairfax, las ganas les estaba haciendo
mucha falta. (Ver
recuadro),
Un banco llamado
Fairfax
Con todo, surgen algunas preguntas: ¿es necesario
un banco de datos de ADN en Panamá? ¿Por qué contratar un laboratorio
extranjero para hacer pruebas de ADN cuando el Instituto de Medicina
Legal (IMEL) ya cuenta con un laboratorio para realizarlas, inaugurado
por el que ha sido el mayor promotor de Fairfax en Panamá, y quien
fuera director administrativo del IMEL, Félix Luciani?
En la mayoría de los países, las bases de
datos de ADN han surgido de investigaciones judiciales, en las que
se han tomado muestras de criminales condenados; de víctimas; de
personas desaparecidas —sobre todo en países con historia de represión
y conflictos armados—, así como de sus familiares cercanos y soldados
que sirven a sus fuerzas armadas. En algunos casos se tienen archivos
de ADN de personas anónimas para determinar el perfil genético de
la población.
De acuerdo con algunos expertos consultados,
para hacer una base y banco de datos en Panamá no son necesarias
más de 3 mil muestras al año. Sin embargo, la Procuraduría pretende
procesar —de acuerdo con el pliego de cargos de la licitación— más
de 28 mil muestras anuales durante siete años.
¿Cuánto costaría procesar más de 28 mil muestras
al año? De acuerdo con el anexo II del pliego de cargos, unos 9
millones 63 mil dólares, suma que es bastante parecida a la que
planteaba el contrato que había presentado la Procuraduría para
hacer una contratación directa de los Laboratorios Fairfax: 9.4
millones de dólares.
Sin embargo, el contrato que firmó el procurador,
José Antonio Sossa, y el presidente de los Laboratorios de Identidad
Fairfax de Panamá, S.A., Daniel Demers, es por un monto de un millón
32 mil dólares anuales, que en un periodo de siete años —como lo
sugiere el pliego de cargos— representa egresos de 7.2 millones
de dólares. Pero, el contrato también deja claro que “el número
de muestras biológicas y exámenes forenses especiales que estipule
este contrato es indeterminado”.
¿De dónde saldrán tantos “voluntarios” para
dejarse sacar sangre y hacer una base de datos tan grande? Para
tener una idea, la base de datos del Reino Unido cuenta con unas
300 mil muestras, según el propio IMEL. Esa cantidad equivale al
0.5% de su población, que es de 60 millones de personas.
Panamá tendría una base de datos —de acuerdo
con las proyecciones— de unas 200 mil muestras, cifra que equivaldría
al 7.1% de la población actual del país y 14 veces más grande que
la del Reino Unido, respecto a su población.
Según la Ley 80 de 1998 —que da vida jurídica
a la base de datos de ADN— y al pliego de cargos del contrato, las
muestras serían colectadas entre todos los integrantes de la Fuerza
Pública (15 mil en total); de las detenciones preventivas (un promedio
de 4 mil al año); de la población penal (8 mil 500 el primer año
y otros 4 mil anuales) y de 4 mil 500 muestras “para investigaciones
criminales”.
Esas serían las muestras aportadas por el
Estado, mientras que por la parte privada, provendrían de las personas
que pidan permisos de trabajo; de los que soliciten la ciudadanía
y residencia (2 mil al año); de los integrantes de las agencias
de seguridad (7 mil el primer año y 700 en los siguientes); de los
que soliciten permisos para portar armas (2 mil al año), y de las
renovaciones de permisos ya concedidos para portar armas (7 mil
650 al año).
Pero el IMEL aspiraba, al menos en 1999, a
un poco más que eso. Los posibles candidatos para integrar una base
de datos de ADN, además de los mencionados, “podrían ser todos los
ciudadanos en un programa de identificación nacional”, citaba el
IMEL en un informe al respecto. Estas aspiraciones no han muerto,
precisamente. De hecho, el procurador Sossa desea que el Ministerio
Público cuente con una base de datos de todos los ciudadanos porque,
según dijo a La Prensa, “Panamá tiene derecho a estar a la
vanguardia de la investigación criminal”.
Este sería pues, la madre de todos los bancos
de ADN.
Y como se sabe, un examen de ADN revela algo
más que datos para una identificación. Con ellos se determinan problemas
genéticos, enfermedades e información sensible de cada individuo,
cuyo custodio será el IMEL.
¿Y es, acaso, el IMEL su mejor custodio? De
acuerdo con el pliego de cargos de la licitación, eso sería discutible.
Resulta que un estudio de la empresa Inverteg IGT (Consulting Group)
—citado en el pliego de cargos— señala que el IMEL sufre de algunos
inconvenientes: “pérdida de evidencias”, “poca privacidad en el
manejo de evidencias” y “contaminación de ambientes” entre otros
16 problemas.
Se supone que Fairfax los solucionará todos.
Pero las dudas nuevamente acompañan a Fairfax, especialmente cuando
entre sus responsabilidades —además de las ya señaladas— figuran
hacer pruebas de ADN mitocondrial, una especialidad en la que ha
fallado escandalosamente, como se verá a continuación.
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