Lío de tierras en La Barqueta
Con una retroexcavadora
demolieron un albergue y arrollaron 28 nidos de tortugas, cada uno
con unos 50 huevos
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
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Un portón separa los terrenos del
Refugio de Vida Silvestre de Playa La Barqueta, de las instalaciones
del hotel Las Olas.
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Si hay algo que caracteriza a las tortugas, es
su lentitud al andar fuera del agua. Por eso es difícil imaginar a
alguien persiguiendo a una tortuga. Sin embargo, esto de ninguna manera
quiere decir que no sean perseguidas.
Playa La Barqueta, en la provincia de Chiriquí,
es un área importante de anidación de tortugas marinas. Tanto es
así que en 1986 el Comité Ambiental de Alanje y moradores de Guarumal
pusieron en marcha un programa de protección y conservación de las
tortugas marinas que llegaban a desovar al lugar.
El programa cobró tal relevancia que posteriormente
se creó el Refugio de Vida Silvestre de Playa Barqueta Agrícola
— mediante Resolución del 2 de agosto de 1994, emitida por el entonces
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE).
En el documento se establece que el Refugio tendría una extensión
de 5 mil 935 hectáreas.
Aunque la misma resolución que creó el refugio
autorizó al Comité Ambiental de Alanje a desarrollar sus actividades
bajo la dirección y supervisión del INRENARE (hoy reconvertido en
Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM), la relación entre ambas
partes no ha sido, precisamente, la mejor.
De hecho, los miembros del Comité se quejan
de haber sido desalojados a la fuerza del refugio y de que la ANAM
les impide el ingreso al lugar desde octubre del 2000. En consecuencia,
alega el Comité, nadie protege ni conserva el lugar para las tortugas
y sus nidos.
Euclides Araúz, presidente del Comité Ambiental,
acusó al director regional de la ANAM en Chiriquí, José María Rivera,
de haber ordenado la destrucción de las instalaciones y los criaderos
que el comité tenía en el refugio.
No obstante, la ANAM alegó que en ningún
momento se ordenó la expulsión del Comité, aunque Ricardo Anguizola,
administrador de la ANAM, reconoció que sí se desalojó a Eliécer
Solano Castro, la persona a quien el Comité le había encomendado
la tarea de cuidar los huevos de las tortugas. Según la ANAM, Solano
violó la ley que crea el Refugio, al dedicarse a la venta de huevos
de tortuga, por lo que se le impuso una multa de 500 dólares.
El alcalde de Alanje, Javier Contreras, ejecutó
personalmente —armado de una retroexcavadora— la orden de desalojo
contra Solano, el 12 de octubre del 2000, a solicitud del director
regional de la ANAM.
Araúz señaló que la misma retroexcavadora
utilizada por los funcionarios para demoler el albergue, fue empleada
después para arrollar 28 nidos de tortugas, cada uno con unos 50
huevos, que había en el lugar.
En el desalojo, añadió Araúz, también participó
Virgilio Morales, un trabajador de la familia Araúz Anguizola, fundadora
del hotel Las Olas, en La Barqueta, que actualmente opera el grupo
español Barceló. Es más, Euclides Araúz asegura que la acción emprendida
por la Alcaldía de Alanje y la dirección regional de ANAM obedece
a intereses particulares de la familia Araúz Anguizola, quien, según
el presidente del Comité Ambiental, se ha tomado, de hecho, terrenos
del refugio para incorporarlos a su hotel.
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| Salvador Cruz ingresa a los terrenos del
refugio, a pesar de que el Comité Ambiental de Alanje asegura
que tiene prohibida la entrada al lugar por instrucciones de
la ANAM. |
“El hotel está dentro de un área que perjudica
los derechos de la nación”, aseguró Noriel Santiago, abogado del
Comité Ambiental de Alanje.
Los Araúz Anguizola, por su lado, aseguran
tener los títulos de propiedad de esas tierras. El Comité Ambiental
dijo que esta familia se ha valido de esos supuestos títulos para
desalojar no solo al Comité, sino a varias familias que ocupaban
ranchos dentro del Refugio de Vida Silvestre.
“Cuando la familia Araúz Anguizola se queja,
los alcaldes y corregidores acuden con la policía, queman ranchos
y sacan a la gente del lugar”, dijo Euclides Araúz.
¿Quién tiene la razón? ¿A quién pertenecen
las tierras del refugio? ¿Acaso las playas del país no son bienes
públicos e inadjudicables?
¿De quién son las tierras?
A pesar de que siempre se ha creído que las
playas son bienes de dominio público, el conflicto en La Barqueta
ha enfrentado a diferentes grupos por varios años.
Si bien el abogado Noriel Santiago aseguró
que “nadie hasta ahora ha podido presentar documentos que en forma
auténtica digan que eso les pertenece”, por muchos años, la familia
Araúz Anguizola ha reclamado la propiedad de decenas de hectáreas
de terreno ubicadas en el lugar.
“El problema aquí es que hay una familia
que se siente dueña de la ribera del mar y de la playa”, sostuvo
Santiago. Los Araúz Anguizola, añadió, sí tienen fincas en el área,
“pero no llegan hasta ese lugar”, refiriéndose al Refugio de Vida
Silvestre.
Pero parece que no todas las pretensiones
son infundadas. Los Araúz Anguizola tienen un certificado expedido
por la Dirección General del Registro Público en el que consta que
la sociedad Las Olas, S.A. es propietaria de la finca 1915, inscrita
desde el 14 de mayo de 1974 en el tomo 156, folio 322, de la sección
de propiedad de la provincia de Chiriquí. La finca tiene una extensión
de 56 hectáreas.
Las Olas, S.A. es una sociedad registrada
el 21 de marzo de 1973. Sus dignatarios son Juan Gabriel Araúz Anguizola,
presidente; Julio Antonio Araúz Anguizola, vicepresidente; María
Teresa Araúz de Cruz, tesorera, y Ana María Araúz Anguizola, secretaria.
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| Escombros es lo que queda de las antiguas
instalaciones del Comité Ambiental de Alanje en el Refugio de
La Barqueta. |
Aunque la resolución que crea el Refugio de
Vida Silvestre de Playa Barqueta no especifica que la finca 1915
esté comprendida dentro del área protegida, el abogado Bolívar José
Cano Cruz asegura que la referida finca “se encuentra enclavada
en las inmediaciones del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta
Agrícola”.
Cano Cruz es el defensor legal de Salvador
Cruz De León, un pescador de Guarumal sobre quien pesa una orden
de lanzamiento del refugio expedida por el alcalde Javier Contreras,
como consecuencia de una demanda presentada por Las Olas, S.A.,
que lo acusó de ocupar un globo de terreno en la finca 1915. (Ver
cuadro).
El Comité Ambiental de Alanje sostuvo que
mucho antes de que la familia Araúz Anguizola solicitara a la Dirección
de Reforma Agraria del MIDA la adjudicación de 176.80 hectáreas
en Playa La Barqueta y de 114.30 hectáreas en Boca El Hacha, estas
áreas fueron en gran parte insertadas dentro del Refugio de Vida
Silvestre. A Tomás Fernández, director de Asuntos Ecológicos de
la Defensoría del Pueblo, le dijeron que las tierras del Refugio
eran una donación de la familia Araúz Anguizola a la ANAM.
“Cuando fui al Registro Público, no aparecía
nada a nombre de la ANAM. Todo está a nombre de Las Olas, S.A.”,
señala.
La Defensoría del Pueblo maneja un expediente
sobre el tema, luego de que el 31 de julio del 2000, el entonces
defensor, Italo Antinori, acogiera una queja presentada por Euclides
Araúz y Teófilo Díaz, del Comité Ambiental de Alanje, contra el
director regional de la ANAM en Chiriquí, José Rivera. Los quejosos
manifestaron al defensor su “temor” de que se adjudiquen áreas de
playa “más allá del centro hotelero de la familia Araúz Anguizola”.
La Prensa intentó entrevistar a Julio Araúz
Anguizola, pero este se limitó a decir que no tiene ningún interés
en declarar sobre el asunto.
Y el legítimo dueño es...
La Procuraduría de la Administración, por
su parte, opinó que los terrenos comprendidos dentro del perímetro
del Refugio son inadjudicables.
“La propiedad privada que aduce la familia
Anguizola sobre la Playa La Barqueta no tiene fundamento jurídico,
ya que todo el dominio de las playas revirtió al Estado en 1961,
eliminándose, a partir de esta fecha, la propiedad privada sobre
las mismas, por lo que carece de validez el título de propiedad
de esta familia que data de 1915”, explicó la procuradora de la
Administración, Alma Montenegro de Fletcher, a través de una nota
fechada el 7 de julio de 1995, en respuesta a una consulta formulada
por Juan Humberto Quintero, entonces alcalde de Alanje.
La Procuraduría de la Administración advirtió
que la Constitución de 1941 estableció que el derecho de propiedad
que el Estado reconoció a personas particulares sobre playas y sus
riberas, se extinguiría 20 años después, es decir, en 1961. Desde
entonces, se supone que todas las playas y riberas de la República
son del dominio público.
De hecho, el artículo 255 de la Carta Magna
dispone que “pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente,
no pueden ser objeto de apropiación privada: el mar territorial
y las aguas lacustres y fluviales; las playas y riberas de las mismas
y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes
son de aprovechamiento libre y común”.
En su opinión, Montenegro recalcó que la
familia Araúz Anguizola conserva los títulos de propiedad desde
10 metros hacia tierra firme, puestos estos fueron adquiridos en
los principios de la era republicana, conforme lo establece la ley.
¿Dónde empieza el Refugio?
Pero hay más inconsistencias. Resulta que
el 15 de enero de 2001, las autoridades y representantes de la familia
Araúz Anguizola, así como miembros del Comité Ambiental de Alanje,
realizaron una gira al lugar, en la que se percataron de que no
existe demarcación ni señalización física de los límites del Refugio
de Vida Silvestre de Playa La Barqueta.
Forzada por las circunstancias, la ANAM construyó
una cerca en los alrededores de lo que considera son los terrenos
del Refugio, “con el propósito de protegerlo y evitar la entrada
de personas no autorizadas al área protegida”, explicó Ricardo Anguizola.
La ANAM ha presentado un proyecto ante el
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) para la
demarcación y señalización física de tres áreas protegidas en la
provincia de Chiriquí, entre las que se encuentra el Refugio de
La Barqueta.
Aunque Euclides Araúz señaló que, entretanto,
nadie protege a las tortugas que anidan en el Refugio, Anguizola
replicó que durante el 2001, la ANAM logró colectar y liberar 2
mil 913 neonatos de tortugas marinas, producto de 4 mil 164 huevos
colectados y criados en los viveros que, para tales efectos, mantiene
la institución en las “oficinas administrativas y técnicas del Refugio
de Vida Silvestre”. No obstante, cuando La Prensa visitó el Refugio,
no encontró las referidas “oficinas”, sino un rancho, virtualmente
abandonado.
La lucha por la tierra
En mayo de 2001, Cano Cruz solicitó a la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que ordenara la suspensión
provisional de la orden de lanzamiento en contra de Salvador Cruz.
Salvador Cruz alega que la Alcaldía de Alanje,
mediante el Oficio 142 del 6 de junio de 1994, le concedió un permiso
para que se dedicara a la pesca y construyera una vivienda semipermanente
en un terreno —supuestamente inadjudicable— de unas cinco hectáreas,
colindante con la playa y dentro del Refugio de Vida Silvestre.
El permiso fue expedido por el alcalde de Alanje que en ese entonces
era Teófilo Díaz y no Javier Contreras.
El rancho que Cruz tiene dentro del refugio
está a nueve kilómetros del hotel Las Olas. Reconoce no tener título
de propiedad alguno que le adjudique los terrenos que ocupa, pero
sostiene que se trata de un área “inadjudicable”.
Vale resaltar que el terreno ocupado por
Cruz se encuentra comprendido dentro de un área solicitada en Título
de Propiedad del Estado, ante el Juzgado Quinto del Circuito Judicial
de Chiriquí, Ramo civil. Cruz presentó oposición a este proceso.
Para completar la maraña de demandas, reclamos
y acusaciones, Salvador Cruz presentó una querella criminal contra
el alcalde Contreras, a quien acusa del delito de falsedad de documento
público y corrupción de funcionario público.
Cruz alega que su expulsión del lugar se
debe a presiones de los propietarios del hotel Las Olas.
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