Cuentas cruzadas y pagos en efectivo
Problemas legales y
complicadas maromas comerciales han caracterizado hasta ahora
la contabilidad del Consorcio San Lorenzo
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
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El mayor de los Rodin, Martin,
en cuyas empresas se maneja una contabilidad muy especial.
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Apesar de que las investigaciones de presuntos
sobornos a legisladores por parte del Consorcio San Lorenzo están
varadas –en espera de que la Corte Suprema resuelva un recurso interpuesto
por el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa–, el Ministerio
Público señaló el 25 de marzo pasado que existen “indicios graves
en contra de los directivos del Centro Miltimodal e Industrial de
Servicios (CEMIS)”.
Y es que las acusaciones de soborno a legisladores
coinciden con el trasiego de grandes cantidades de dinero en
efectivo que hicieron los representantes del CEMIS –Stephen Jones
y Martin Rodin– y cuyo destino final no han podido justificar
a cabalidad.
Las declaraciones del representante legal
del consorcio, Stephen Jones, ante la Procuraduría han dejado
en evidencia algunas inconsistencias, manejos poco ortodoxos
y explicaciones poco satisfactorias, que no han hecho más que
acrecentar las sospechas en su contra.
Un caso bastante gráfico es el pago en efectivo
hecho por Jones a la firma Arden & Price –subsidiaria del
Grupo Morgan y Morgan, dedicada a la consultoría empresarial– que
elaboró el Estudio de Impacto Ambiental para el consorcio.
El gerente de Arden & Price, Gerardo
García, en su declaración ante el Ministerio Público el pasado
26 de marzo, dijo que, aunque no es costumbre, esta empresa decidió aceptar
un pago en efectivo ofrecido por Jones.
Según García, Arden & Price aceptó el
efectivo porque Jones aseguró que no podía pagarles con un cheque,
debido a que las cuentas de las empresas en el Credicorp Bank
estaban secuestradas.
Maraña de empresas
Jones declaró al Ministerio Público que
la familia Rodin acostumbra crear diferentes sociedades por cada
nuevo negocio que emprende, por lo que la lista de ellas parece
interminable y sus operaciones, una maraña difícil de entender.
Por ejemplo, Jones admite que “todos los
empleados que trabajan para Martin [Rodin], pueden ser incluidos
en la planilla de una empresa, pero pueden trabajar para otra...”
Esta maraña empresarial, que pareciera tener
como fin evitar que los problemas legales o económicos de una
de ellas afecte al resto, no ha tenido éxito. Prueba de ello
es que Jones aseguró que los problemas económicos, los pleitos
familiares, las demandas de bancos y ex empleados hicieron que
las cuentas bancarias de casi todas las empresas de la familia
Rodin o de Martin únicamente, fueran secuestradas y sus líneas
de crédito anuladas.
Debido a ello, y a fin de continuar sus
operaciones mercantiles –incluso las que Jones denomina “costos
hundidos” en la operación de arranque del CEMIS– se creó la sociedad
Negociaciones del Mundo, que Jones define como una “empresa de
compensación”.
Según el ejecutivo, esta empresa no tiene
operaciones propias, salvo recibir y pagar dinero, para lo cual
se abrió una cuenta corriente en el Towerbank –en marzo de 2001– contra
la que se giraron numerosos cheques a nombre de empleados de
empresas de la familia, entre ellos, cheques que se cambiaron
en efectivo para el supuesto pago de proveedores del consorcio.
Además, el 25 de septiembre de 2001, los
máximos ejecutivos del consorcio –Jones y Rodin– abrieron una
cuenta corriente en el Primer Banco del Istmo a nombre de la
sociedad Centro Multimodal Industrial y Servicios (CEMIS), contra
la que se giraron también, a nombre de empleados, diez cheques –que
en total sumaron unos 600 mil dólares– para pagar supuestamente
a distintos proveedores en efectivo.
Este movimiento de grandes sumas de dinero
en efectivo causó sospechas al Ministerio Público tras las denuncias
del legislador Carlos Afú sobre compra de votos. En teoría, la
cuenta del CEMIS en el Primer Banco del Istmo no tenía ningún
problema operativo, y en consecuencia de ella se podían girar
cheques a los acreedores, como es la práctica corriente. Sin
embargo, los cheques se giraron a nombre de empleados y los pagos
a acreedores se hicieron en efectivo.
El 21 de marzo, Jones trató de justificar
ante el Ministerio Público cheques de la cuenta de Negociaciones
del Mundo, S.A en el Tower Bank, girados también a nombre de
sus empleados y por altas sumas.
Los fondos de esta cuenta provienen, según
Jones, de los negocios que Rodin tiene en Cuba. Parte del producto
de sus negocios son remitidos a Panamá, pero las remesas “no
son consistentes en su frecuencia y cantidad”, por lo que “cuando
sabemos que vienen fondos en camino, emitimos cheques... y retiramos
sumas en efectivo, las depositamos en la caja fuerte y luego
las sacamos cuando el uso lo requiere...”
Al explicar los detalles de los pagos en
efectivo de esta cuenta –que esta vez llegó a casi un millón
de dólares– Jones enumeró el pago de planillas de las empresas
de Rodin, compra de sociedades anónimas, y pagos a PROIMAGEN,
Berkshire Financial Services, Luis Solá, El Universal, Publicuatro
y Arden & Price por servicios prestados al consorcio.
Uno de estos pagos destaca: el de Arden & Price,
ya que, de acuerdo con Jones, se le hizo un abono en efectivo
de 27 mil dólares con dinero que provino de la cuenta de Negociaciones
del Mundo. Quizá Jones olvidó que dos días antes había declarado
que se había hecho un pago en efectivo a Arden & Price por
la misma suma, solo que de la cuenta del CEMIS en el Primer Banco
del Istmo.
Esto contradice lo que declaró Gerardo García,
el gerente de Arden & Price, quien afirmó ante el Ministerio
Público que su empresa recibió solo un pago en efectivo en noviembre
de 2001.
Lo “normal” como evidencia
Jones explicó que el consorcio, cuando emitió sus
primeros cheques, no estaba operando aún y, en consecuencia, “no
había establecido sus políticas... por lo que hacer retiros para
pagos en efectivo no puede calificarse de irregular”. Para él,
este aparente embrollo contable es algo “normal”.
Tan normal era para él esta situación que
llegó a declarar que no existía ningún registro contable de estos
pagos en efectivo, solo las anotaciones de la chequera y la llamada “hoja
electrónica de control”. Solo cuando empiece a operar el CEMIS, “comenzará el
sistema de contabilidad”, dijo.
Sin embargo, lo que Jones califica de “normal” hizo
que Sossa decretara el pasado 25 de marzo la detención preventiva
de Jones, por lo que este se vio obligado a consignar una fianza
de excarcelación de un millón de dólares.
Sossa justifica su decisión en el hecho
de que existen “indicios graves en contra de los directivos del
Centro Miltimodal e Industrial de Servicios (CEMIS)...”, ya que “se
ha dispuesto de dinero en efectivo, cuya cuantía no ha sido justificada
hasta este momento”.
“Los hechos expuestos hasta este momento –subrayó– corroboran
la entrega de dinero en efectivo a legisladores de la República”,
quienes se mantienen reticentes a despojarse de la inmunidad
parlamentaria.
Y mientras esto sucede, el gerente de la
Zona Libre de Colón, Jorge Fernández, declaró la semana pasada
que “el proyecto no se ha hundido porque se sigue trabajando”.
De hecho, Fernández aseguró que los técnicos del CEMIS mantienen
constantes reuniones con Aeronáutica Civil, la Zona Libre y los
desempleados colonenses.
Es decir, pese a las graves acusaciones
contra los directivos del CEMIS, el Organo Ejecutivo sigue actuando
como si nada pasara. Y si Fernández habla en su nombre, se hace
evidente que la administración de Mireya Moscoso sigue apoyando
una obra cuyo origen parece marcado por graves signos de corrupción.
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