Una carga “mínimamente mortal
Para la ACP continuar
con el paso de naves con material radiactivo es parte de la “transición
imperceptible” del Canal a manos panameñas
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
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Alberto Alemán Z., quien a nombre
de la ACP, rechaza el proyecto.
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Las autoridades del Canal de Panamá aseguran
que un accidente con un buque que transporte desechos radiactivos
en esta vía acuática es una posibilidad remota... aunque no imposible.
Pero, de ocurrir, ¿qué sucedería con más del millón de habitantes
del área metropolitana? ¿Sabrían todos lo que deberían hacer en una
emergencia de esta magnitud? ¿Está preparado el Estado panameño para
afrontar los daños personales, ambientales y económicos?
Para las últimas dos preguntas, las respuestas
parecen ser un no, mientras que para la primera, no parece difícil
imaginarlo. Entonces, ¿por qué, ante tanto riesgo, el Gobierno aún
permite el paso por el Canal de buques con desechos radiactivos?
¿Gobierno contra Gobierno?
El Gobierno parece no haber estado de acuerdo
en el pasado con el tránsito de naves con este tipo de cargas. Pero
las cosas son distintas ahora, precisamente cuando el Canal está
en manos de los panameños. De hecho, ni siquiera estuvo de acuerdo
con que cruzaran el Canal naves propulsadas con energía nuclear.
Y de eso hay constancias. Por ejemplo, en 1984 —cuando el Canal
era administrado por Estados Unidos— la Cancillería panameña envió
a la Embajada de Estados Unidos en esta capital una nota que, sobre
el tema, decía: “está en juego no solo la protección del medio ambiente
de la República de Panamá, sino también la subsistencia misma de
la nación panameña...”.
No fue esa la única vez. El 22 de diciembre
de 1992 la Cancillería envió otra protesta a la embajada estadounidense
en Panamá: “el Gobierno nacional tiene el deber de evitar el tránsito
por el Canal de Panamá de naves que por razón de su funcionamiento,
medio de propulsión, armamento o carga, representan un peligro para
la población, el medio ambiente o las instalaciones del mismo Canal,
ya que tal deber constituye un acto de legítima defensa que no puede
ser cercenado por ningún tratado...”.
Pero, algunos años después, lo que pareció
bueno entonces es malo hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores
mantiene un elocuente silencio frente a la postura del administrador
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta,
quien sostiene que parte de la llamada “transición imperceptible”
del Canal a manos panameñas consiste en no detener una práctica
que se remonta a veinte años atrás. En otras palabras, la costumbre
se convirtió en regla.
¿Qué provocó ese cambio de discurso?
Carga y ¿seguridad?
Por el Canal de Panamá transitan periódicamente
buques equipados para mover “combustible nuclear irradiado” o desperdicio
nuclear desde Japón —donde ha sido utilizado para generar energía
en sus plantas nucleares— hasta Inglaterra y Francia, donde se reprocesa.
Concluido el tratamiento, los desechos altamente irradiados deben
volver al país de origen, es decir, a Japón.
Transportar tan peligrosa carga no es nada
fácil para sus dueños. Cada vez es mayor la presión de la comunidad
internacional para evitar su trasiego.
Por ello, mantener abierta la ruta de Panamá
constituye una imperiosa necesidad, no solo para Japón, sino para
algunos países de Europa y sus respectivos gobiernos. Y hasta ahora,
no pueden quejarse de su éxito.
Para la ACP, la seguridad de tan peligrosa
carga no es problema. El argumento esgrimido es que las naves que
transportan la carga radiactiva cumplen con los más altos estándares
de seguridad.
La ACP menciona, por ejemplo, que satisfacen
las normas del “Código Internacional para la Seguridad del Transporte
de Combustible Nuclear Irradiado, Plutonio y Desechos de Alta Actividad
en bultos a bordo de buques”, preparado por tres agencias de Naciones
Unidas: la Organización Marítima Internacional; la Organización
Internacional de Energía Atómica y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
Otro argumento es que los envases empleados
para transportar estos desechos cumplen con los requisitos internacionales
de seguridad. Un reciente estudio de riesgo e impacto ambiental,
preparado por la comunidad internacional entre 1995 y 1999, concluyó
que las probabilidades de que un empaque para el transporte de material
radiactivo se dañe por motivos de colisión entre dos buques son
“mínimas”.
Según el informe —citado por la ACP— es poco
probable que los incendios dañen los empaques, y los riesgos al
ambiente marítimo y al público son también mínimos.
Pero un accidente no deja de ser una posibilidad
seria. De hecho, la Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL) —dedicada
al transporte marítimo de material radiactivo— asegura que en caso
de producirse un incidente, enviaría un equipo de salvamento que
podría estar en Panamá en un mínimo de once horas. Se trata de un
grupo de expertos nucleares que está en servicio las 24 horas, los
365 días al año.
La ACP también asegura —en una carta del
16 de enero pasado dirigida a la legisladora Teresita de Arias,
proponente del anteproyecto de ley para evitar el paso de material
radiactivo por el Canal— contar con un “plan de contingencias para
el derrame de hidrocarburos y materiales peligrosos”. Menciona un
reciente plan para la atención de emergencias y desastres por accidente,
sabotaje, terrorismo, etc., coordinado, según la ACP, con el Servicio
Nacional de Protección (SINAPROC).
Pero el caso es que el director del SINAPROC,
Arturo Alvarado, parece no estar bien informado de esta coordinación.
En nota enviada el 12 de septiembre pasado al Defensor del Pueblo,
asegura que la institución “no es informada del tránsito por el
Canal de Panamá de los barcos que transportan material nuclear....”.
Pero, si así fuera, de poco valdría, ya que afirma que el SINAPROC
“no cuenta con el equipo necesario ni el personal capacitado para
hacer frente a un desastre de esa naturaleza...”.
La ACP también dice contar con una capacidad
de respuesta compatible con la del Departamento de Energía de Estados
Unidos. ¿Pero acaso esto debe tranquilizar a la población panameña
tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York
y Washington?
¿Daños mínimos?
Quienes se oponen al paso de las naves con
desechos radiactivos por el Canal alegan que su prohibición no significaría
una pérdida en términos económicos, ya que cada una de estas naves
paga menos de 9 mil dólares por tránsito por el Canal, cuando el
costo promedio es mucho mayor que esa cantidad.
De manera que no es un asunto meramente económico
para la ACP, más bien parece que fuera de tipo legal. Así es que
por lo legal es que será atacado el problema.
La sociedad civil —por medio de la Iniciativa
de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA) y a través de la legisladora
Arias— ha presentado a la Asamblea Legislativa una iniciativa a
fin de prohibir el tránsito de buques con su peligrosa carga por
el Canal.
No será fácil lograr que se apruebe el anteproyecto
de ley. La ACP ya ha hecho pública su oposición al proyecto con
los consabidos argumentos legales. Invoca, por ejemplo, la Constitución
y el Tratado de Neutralidad, que según dice, impide a Panamá discriminar
a las naves de un Estado en detrimento de otro; aunque aquí el problema
no es el pabellón de la nave, sino su carga.
También arguye la necesidad de cumplir con el principio
conocido como “paso inocente”, establecido en el artículo
17 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, que impide prohibir estos tránsitos.
Pero, ¿el paso —no solo por el Canal sino por aguas
territoriales panameñas e incluso por la zona económica
exclusiva de Panamá— de buques con carga radiactiva
puede considerarse como “paso inocente”?
Dudosa seguridad
A pesar de las alegaciones en torno a las rigurosas medidas de
seguridad que utiliza la industria, son muchos los que las ponen
seriamente en duda, y por ello citan el artículo 21 de la
misma Convención, que establece que “el Estado ribereño
podrá dictar, de conformidad con las disposiciones de esta
Convención y otras normas internacionales, leyes y reglamentos
relativos al paso inocente por el mar territorial”.
Raúl Escoffery, miembro del Comité Panameño
por los Derechos Humanos (CPDH), se interesó en el tema cuando
fue testigo de una evidente contradicción entre los que aseguran
que no hay peligro con este tipo de carga y los que sostienen lo
contrario.
La Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL) invitó al CPDH
a una presentación en Panamá —a principios del
2000—, en la que aseguró que no había peligro
alguno para la población panameña.
Tiempo después, Escoffery recibió la visita de miembros
del Nuclear Control Institute (NCI) —organización privada
sin fines de lucro con sede en Washington— que le aseguraron
exactamente lo contrario. Por ejemplo, dijeron que existen antecedentes
de incidentes graves; que hay discrepancias en las pruebas de los
factores que afectan la seguridad del recipiente, embalaje, barco
y condiciones de transporte; que los participantes del negocio nuclear
carecen de credibilidad; que las garantías financieras son
insuficientes y un largo etcétera.
Hoy, Escoffery es un convencido de que Panamá debe impedir
el paso de estas naves, porque constituyen una “amenaza”
contra la vida de las personas; contra la calidad de vida de toda
la población; contra la economía nacional (de haber
un accidente grave colapsaría la economía, con pérdidas
que se calculan en billones de dólares); y contra el ambiente
(habría daños irreparables por miles de años).
Su convicción lo llevó, incluso, a participar en
la elaboración del anteproyecto legislativo y a escribir
el libro Tránsito de Material Radiactivo por Panamá
que recoge la mayoría de los ángulos del problema
(www.geocities.com/raul_escoffery/pntl).
A pesar de los evidentes riesgos y peligros que entraña
mantener el tránsito de estas naves por el Canal, lograr
que la Asamblea apruebe el anteproyecto de ley será tarea
laboriosa.
Los legisladores deberán decidir si la llamada “transición
imperceptible“ del Canal a manos de los panameños significa
también mantener expuesta a la población al peligro
de un desastre sin parangón en la historia de este país.
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