| El
polémico acuerdo: Estado-Refinería
El acuerdo logrado con Refinería Panamá,
S.A. estimulará la competencia y provocará mejores precios, según
Jácome
MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
 |
|
Con el acuerdo cesarán todas las concesiones, exenciones y
beneficios que confiere el actual contrato entre el Estado
y Refinería Panamá, S.A. |
El convenio que espera aprobación del Consejo
de Gabinete, entre el Gobierno y la Refinería Panamá, S.A. ha provocado
la protesta de algunos sectores por el impacto económico de la cesación
del empleo de más de 200 personas al transformarse esa compañía en
un centro de importación de combustible.
Sin embargo, el gestor del acuerdo, el ministro
de Comercio e Industria, Joaquín Jácome, defendió ayer los beneficios
que tendrá para el país que a una empresa se le suspendan sus beneficios
fiscales y se elimine la tasa de protección, que dificultaba la libre
importación de combustibles.
Con el acuerdo cesarán todas las concesiones,
exenciones y beneficios que confiere el Contrato Ley No. 35 a
la Refinería Panamá.
Se eliminarán todas las ventajas que puedan
poner a la compañía por encima de sus competidores.
Jácome dijo que “es fundamental que se nivele
y esté en pie de igualdad la Refinería con las cinco empresas
distribuidoras”.
“Con la eliminación de la tarifa de protección
que actualmente está en un 11%, cualquier empresa que cumpla
con los requisitos que exige la ley puede importar combustibles
sin el encarecimiento que significar pagar esa tarifa”, afirmó.
Es decir, muchos agentes económicos que
están en el mercado pueden traer sus propios productos y otros
empresarios pueden sentirse motivados a invertir en Panamá.
Todo ello provocará un aumento del empleo.
Demanda millonaria
En el año 1999, el Gobierno de Ernesto Pérez
Balladares tenía un proyecto de acuerdo para otorgar un crédito
fiscal a la Refinería Panamá, S.A. por unos 40 millones.
Se trataba de compensar a esa empresa por
la violación al contrato Ley No. 35 de 1992, que según la compañía
se produjo cuando se promulgó una ley y un decreto en el año
1998, mediante los cuales el sector eléctrico podía introducir
combustibles exentos del pago de impuestos.
La Refinería alegó que redujo sus ventas
a las empresas generadoras de electricidad y la obligó a reducir
sus precios para mantenerlas como clientes.
Hubo también negociaciones para resolver
las diferencias pero fracasaron.
El Consejo de Gabinete del ex presidente
no lo aprobó y el Gobierno de Mireya Moscoso heredó el problema.
De acuerdo con el ministro de Comercio e
Industrias, la posición de la actual administración sobre ese
punto era no dar ningún dólar en compensación.
La contrademanda estatal
Los representantes del Estado presentaron
una contrademanda como parte del arbitraje por 120 millones de
dólares en contra de Refinería por perjuicios derivados de incumplimientos
del Contrato No. 35 y por daños ambientales.
En diciembre del 2000, ambas partes acuerdan
suspender el arbitraje e iniciar un proceso de negociación.
Igualdad de condiciones
La posición oficial ha sido terminar el
arbitraje sin efectuar pago alguno, cesar la actividad industrial
de la Refinería en una forma ambientalmente segura y liberar
el mercado de hidrocarburos para abrir la “posibilidad de que
los consumidores tengan ahorros importantes”.
Además, el Gobierno buscó levantar la tarifa
de protección y eliminar las exenciones y beneficios fiscales
que el Contrato Ley No. 35 confiere.
“Nosotros queremos que la Refinería pueda
realizar sus actividades de importación de hidrocarburos pero
en condiciones iguales o equivalentes al resto de las empresas
que operan en la actualidad”, explicó el ministro.
La empresa espera continuar gozando la condición
de zona libre de petróleo en forma ininterrumpida después de
la terminación del Contrato Ley No. 35.
Contratos en espera
Para alcanzar esos objetivos la Refinería
y el Estado suscribieron algunos contratos necesarios para que
se puedan llevar adelante las actividades de importación.
La empresa se compromete a que la reducción
de la fuerza laboral deberá realizarse con el otorgamiento de
beneficios y el pago de indemnizaciones “generosas que mitigasen
el impacto económico adverso” y calculado en 27 millones de dólares.
Entrarán a regir nuevos contratos que permitan
funcionar como una zona libre, utilizar un oleoducto de Nueva
Esperanza y seguir trabajando en los puertos.
Para ello, con la Autoridad Marítima de
Panamá, se redactó un documento para el uso de muelles y la prestación
de servicios marítimos.
También la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) dio su visto bueno a los planes ambientales para cerrar
de manera “ordenada” y “segura” la planta refinadora.
El mercado futuro
De acuerdo con Jácome, se está trabajando
para que a partir de la fecha que Refinería deje de operar como
una planta industrial, el suministro de hidrocarburos esté garantizado
en el mercado.
También, que la calidad de los productos
esté libre de especuladores.
Los nuevos inversionistas deben “tener trayectoria,
ser reconocidos y ser serios”.
“Haremos el esfuerzo de fijar normas técnicas
exigentes para que la calidad de los productos importados sea
de buena calidad, con buen manejo ambiental y precios competitivos”,
expresó Jácome.
De igual manera, para que los precios sean
los mejores se revisará la actual tabla de paridad, que regularmente
se da a conocer cada 14 días.
En la actualidad el precio de paridad está sujeto
al valor promedio de las refinerías del Caribe, que, según el
Gobierno, “refleja un precio artificialmente alto del producto
en Panamá”.
Lo ideal es que se utilice como precio de
referencia las cotizaciones del producto en mercados más competitivos,
como el área del Golfo de Estados Unidos.
“La diferencia entre el precio del Caribe
y el del Golfo y una mayor competencia pueden generar ahorros
importantes para la economía”, afirmó el ministro de Co-mercio.
Los derechos de la Refinería
Para que la Refinería Panamá, S.A. se pueda
mantener como una Zona libre de Petróleo dedicada a comprar combustibles
y reexportarlos o venderlos al mercado local, la empresa adquirirá algunos
derechos:
El Estado arrendará el oleoducto que corre
desde las instalaciones de Refinería hasta Monte Esperanza, en
la Provincia de Colón por un plazo de 15 años.
El valor de ese oleoducto es de 950 mil
838 dólares con 90 centésimos.
El canon promedio de arrendamiento anual
será de 99 mil 676.10 dólares.
Tendrá como incrementos un aumento del 10%
en el primer año de vigencia. Luego un aumento anual del 2% anual
a partir del decimosegundo año de vigencia y, por último un ajuste
por inflación al quinto y décimo año de vigencia del contrato.
Se espera un ingreso mínimo al vencimiento
del contrato de un millón 495 mil 141 dólares.
Concesión de tres muelles
Con la firma de un contrato de concesión
entre Refinería y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la empresa
tendrá la concesión de un área de ribera y un fondo de mar que
comprende tres muelles en un área de 432 mil 724 metros cuadrados,
por un plazo de 15 años.
El valor anual calculado es de un millón
595 mil 390 dólares, mientras que se calcula en 23 millones 930
mil 855 dólares el ingreso mínimo al vencimiento del contrato.
El canon fijo mensual será, a razón de 0.03
centésimos el metro cuadrado, de 12 mil 981 dólares, con un incremento
del 2% anual a partir del segundo año.
De igual manera, habrá un canon variable
mensual equivalente a multiplicar 0.09 centésimos por cada barril
neto de producto trasegado hacia la terminal, con un incremento
del 2% anual a partir del cuarto año.
Habrá un canon mínimo mensual de 20 mil
dólares, con un incremento del 2% anual a partir del segundo
año.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
tendrá la responsabilidad de asegurar el cierre ambientalmente
seguro de la planta industrial de REFPAN y el manejo ambiental
adecuado del resto de sus operaciones de zona libre. El costo
de ejecución de los mismos correrá por cuenta de la empresa.
|
