Entre seguridad y conveniencia
Prohibir el paso de material
radiactivo por el Canal no será tarea fácil. Habrá que sortear a
instituciones estatales panameñas, al Canal y a empresas y gobiernos
extranjeros
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
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Jorge Illueca y Fernando Manfredo
durante el debate de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea
Legislativa. |
El debate del proyecto de ley que prohibiría
el tránsito de material radiactivo por el territorio nacional, incluido
el Canal de Panamá, comenzó la semana pasada entre amenazas veladas
—y no tan veladas— y una severa oposición al contenido de este por
parte de entidades que representan al Estado panameño.
Paralelamente a la discusión del proyecto,
la semana comenzó con un gran ajetreo para los representantes de
la Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL), la naviera que se encarga
del trasiego de material radiactivo y sus desechos entre Japón y
Europa, pasando por el Canal de Panamá.
El pasado martes y miércoles participaron activamente
en las sesiones públicas de la Comisión de Medio Ambiente de la
Asamblea Legislativa, con motivo del primer debate del proyecto
de ley 58 que, de ser aprobado, prohibiría el paso de barcos con
material radiactivo por el territorio panameño.
Dos días después de haber empezado la consulta
pública del proyecto de ley, se les podía ver agitados y sudando
la gota gorda al dirigir múltiples giras con periodistas, legisladores
y todo aquel que estuviera interesado en la nave Pacific Sandpiper,
que, con sus bodegas vacías, fue abierto al público en el muelle
14 de Balboa para que sus dueños y permanentes usuarios pudieran
explicar todas las medidas de seguridad que utilizan para transportar
la carga radiactiva. Y mientras se hablaba de las extremas medidas
seguridad en esta nave, al otro lado del Canal, en el lago Gatún
—cerca de la esclusa del mismo nombre— el carguero “Diana Z” sufrió
una fisura en su proa, por lo cual la Autoridad del Canal envió
tres remolcadores para prevenir el riesgo de hundimiento.
Pero la semana terminó de forma más relajada.
El pasado viernes se celebró una recepción —en el exclusivo City
Club— ofrecida por la PNTL a funcionarios, periodistas y personalidades
nacionales.
Ahora, seguramente, continuará la labor silenciosa
de cabildeo con los legisladores; justo ahora cuando la institución
que representan y su actuar están bajo el escrutinio público.
Argumentos de todos los colores
Durante los días previos al debate de la
Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, mucho se habló de un
instrumento legal que es ley de la República desde 1996: la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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| El capitán M.L. Miller y el abogado Darren
J. Walsh de la British Nuclear Fuels, escu- chan atentos los
argumentos en contra del proyecto de ley. |
Para los defensores del paso de los buques
con material radiactivo, Panamá no puede impedir su paso por el
Canal, ya que el Convenio del Mar lo prohíbe al establecer el concepto
de “paso inocente”, que es el calificativo que utiliza la PNLT para
describir la travesía de sus buques y carga. Este argumento es sustentado por los representantes
de las navieras y de las empresas francesas, inglesas y japonesas
que producen el material radiactivo, así como por abogados de la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a la que también se sumó la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Así, según la AMP, “el proyecto de ley [para
prohibir el tránsito de esta naves por el Canal] es contrario a
las regulaciones internacionales sobre la utilización de espacios
marítimos, de las que la República de Panamá es parte contratante...”.
En su rechazo al proyecto, la Autoridad Marítima
cita el artículo 24 de la Convención sobre el Derecho de Mar, que
establece que “el Estado ribereño no pondrá dificultades al paso
inocente de buques extranjeros por el mar territorial”.
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| Tsutomu Yamamoto, de la Overseas Reprocessing
Commette, toma nota de la discusión. |
El representante de la AMP agregó que Panamá
“no puede imponer a los buques extranjeros requisitos que produzcan
el efecto práctico de denegar u obstaculizar el derecho de paso
inocente”.
Por su lado, la Autoridad del Canal, que
en el pasado ha expresado su desacuerdo con prohibir el paso de
buques con material radiactivo, suavizó su postura.
El director de Asesoría Legal de la ACP,
Alvaro Cabal, presentó sus argumentos con un lenguaje que comunicaba
más bien poco. Por un lado, recordó los compromisos internacionales
contraído por Panamá, mientras que por el otro lado —y con una soporífera
terminología legal— recalcó que la ACP está “sometida a la Constitución
y a las leyes”.
Este argumento sugiere, aparentemente, que
la Asamblea sí es competente para legislar sobre el controversial
asunto, porque en los días que antecedieron el debate, hubo quienes
argumentaron que la Constitución concedía a la Autoridad del Canal
exclusiva competencia para regular este tema, por lo que la Asamblea
estaba usurpando funciones que no le competían. Cabal puso punto
final a esas especulaciones.
El abogado subrayó que el problema que analiza
la comisión debe ser analizado en foros internacionales. ¿La razón?
Los ahora más estrictos requerimientos de seguridad para el tránsito
de buques con carga radiactiva han sido el resultado de la presión
de la comunidad internacional.
Ejemplo de ello —y como sustento al argumento
de que ese es el camino que debería seguir Panamá— Cabal citó a
los cancilleres del Grupo de Río, que reunidos en Chile en marzo
de 2001, expresaron su “preocupación por el tránsito de material
radiactivo y desechos peligrosos por rutas cercanas a las costas
o por vías navegables de los países miembros, dados los riesgos
de daño que ello trae aparejado con efectos nocivos para la salud
de las poblaciones ribereñas y para los ecosistemas del medio marino
y antártico....”.
Una virginidad perdida hace tiempo
La historia del paso de estos barcos por
Panamá y el Canal tiene un testigo de excepción, Fernando Manfredo.
Según relatara durante su participación en
la Comisión de la Asamblea, el primer barco con este tipo de carga
pasó por el Canal cuando él ejercía como subadministrador de la
vía acuática.
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| Félix Wing, vocero de la Iniciativa de la
Sociedad Civil para Ambiente (ISCA). |
Recordó que un día, el administrador Dennis
P. MacAuliffe, lo llamó a su oficina y, para su sorpresa, se encontraban
allí los representantes de las compañías transportistas de desechos
radiactivos, acompañados por el embajador británico. Manfredo se
preguntaba por qué el embajador tendría que interceder por estas
empresas, que son privadas y de responsabilidad limitada.
Los visitantes explicaron en ese entonces
que, debido a que las otras rutas eran muy peligrosas y que necesitaban
reducir los días de navegación, querían empezar a utilizar el Canal
de Panamá. Manfredo recuerda perfectamente su reacción: “nos estaban
traspasando el peligro a nosotros los panameños”.
Respecto a los alegatos del cumplimiento
a ultranza y sin limitaciones del concepto “paso inocente”, Manfredo
fue enfático: hace mucho tiempo que el Canal ha establecido limitaciones
a cargas prohibidas y que en el pasado Estados Unidos estableció
restricciones sin pedirle permiso a nadie.
Por eso, de forma muy gráfica, Manfredo señaló
que la Convención del Mar y su concepto de “paso inocente”, hace
ya mucho tiempo que había perdido su “virginidad”.
Para él, este mismo concepto rige con relación
al Tratado de Neutralidad, que también ha sido invocado por los
defensores del tránsito sin limitaciones.
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