Gobierno asumirá deuda millonaria de cooperativa bananera

Se informó que el Estado cancelará 19.5 millones de dólares que Coosemupar adeuda desde hace nueve años y se pagarán las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social para que se puedan jubilar.
2 mil 478 exmiembros de Coosemupar recibirán sus tierras a través de la Anati, con lo cual, señala el Gobierno, se premia el esfuerzo de estos hombres y mujeres que llevan años cultivando estas tierras. 2 mil 478 exmiembros de Coosemupar recibirán sus tierras a través de la Anati, con lo cual, señala el Gobierno, se premia el esfuerzo de estos hombres y mujeres que llevan años cultivando estas tierras.
2 mil 478 exmiembros de Coosemupar recibirán sus tierras a través de la Anati, con lo cual, señala el Gobierno, se premia el esfuerzo de estos hombres y mujeres que llevan años cultivando estas tierras.

El Gobierno anunció que asumirá las deudas que contrajo la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), que les otorgará a los extrabajadores títulos de propiedad sobre las tierras en las que han vivido y que cancelará la morosidad que mantienen con la Caja de Seguro Social (CSS), a fin de que puedan recibir su jubilación.

Las medidas, señala un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, son producto del acuerdo al que han llegado con miembros de la Coosemupar y sindicalistas, tras varios meses de reuniones.

El comunicado de la Secretaría de Comunicación indica que se cancelarán 19.5 millones de dólares que Coosemupar adeuda desde hace nueve años y que, tras la venta de las tierras, pagará la deuda por cuotas obrero patronales, cuyo monto no precisa.

No obstante, fuentes oficiales han señalado a Prensa.com que Coosemupar tiene deudas que suman 60 millones de dólares. Esas cuentas por pagar incluyen casas comerciales que le proporcionaban insumos (plásticos, agroquímicos), deudas de los trabajadores que se descontaban pero no se pagaron a los comercios, el servicio de electricidad a Unión Fenosa, las cuotas obrero-patronales y el préstamo con el Banco Nacional de Panamá (BNP).

Según las fuentes, la base de la deuda a la CSS son 9.7 millones de dólares, más intereses; en tanto que la deuda base del BNP son 19 millones, más los intereses generados. El comunicado no informa si el acuerdo ya fue firmado, quiénes lo habrían firmado y cuál es su base legal.

LOS DETALLES

“Con este acuerdo el Gobierno de Martinelli logra tres objetivos importantes que benefician a los extrabajadores de Coosemupar y a todos los residentes de Puerto Armuelles que reclamaban mejores días para ellos y sus familias: generación de empleo, cancelación de cuotas obrero patronales y tierras para el pueblo”, detalla el comunicado.

La nota de prensa cierra diciendo que: “El Gobierno Nacional ha cumplido con muchas de las peticiones del pueblo de Puerto Armuelles y los exmiembros de Coosemupar y confía en su compromiso de preservar el clima de paz que se requiere para el establecimiento de la empresa privada en el área y la consecución de este acuerdo”.

Con relación al acuerdo, Jaime Abdiel Guerra, delegado de Coosemupar, manifestó que “como está la situación en este momento, cualquier cosa es buena, porque en la zona hay hambre, miseria y una alta migración”.

Remarcó que como grupo están de acuerdo en que se reparta “equitativamente” las 2 mil hectáreas de terreno en donde ellos viven y tomando en cuenta la planilla de Coosemupar, de forma que no llegue alguien con “el juega vivo” diciendo que era trabajador bananero.

Según el comunicado, el Gobierno prevé que tras la cancelación de los 19.5 millones de dólares al BNP –ente que financió la compra de las tierras a Coosemupar– y la consiguiente liberación de las 24 fincas, el Ministerio de Economía y Finanzas pondrá en venta 

–mediante subasta pública– unas 3 mil 500 hectáreas de tierra. Con esto, dicen, se establecerán nuevas empresas en el área y se conseguirá la reactivación económica del distrito de Barú.

Para cumplir con lo acordado se creó una comisión especial interinstitucional, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el BNP, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Autoridad Nacional de Tierras. Estas entidades serán las responsables de ejecutar los puntos del acuerdo.

El Gobierno informó que la comisión ya está gestionando el “saneamiento de las fincas para que no haya ningún obstáculo al momento de venderlas y ha dispuesto trámites administrativos y legales que deben cumplirse para levantar una restricción de venta que tienen las tierras inscritas en el Registro Público”.

UN NEGOCIO FALLIDO

El distrito de Barú, provincia de Chiriquí, está sumido en una crisis económica y social desde la caída de la actividad bananera en la década de 1990 producto de medidas adoptadas por la Unión Europea que afectaron a los productores independientes, que representaban el 56% de la superficie cultivada, según los registros de la Dirección Nacional del Banano.

La situación tocó fondo luego de una huelga de 57 días que realizó el Sindicato de Trabajadores de la Chiriqui Land Company (Sitrachilco) –luego Coosemupar– en 1998, la cual provocó la pérdida de 800 hectáreas de cultivo y cientos de empleos, y el progresivo deterioro de lo que quedaba de la actividad.   

En 2001 la Chiriqui Land Company le dijo al Gobierno que quería quedarse solo con la comercialización de la fruta. Y para julio de 2003 Coosemupar, que agrupaba a los miembros del antiguo Sitrachilco, se convirtió en la dueña del negocio y los obreros en empresarios, productores y comercializadores del banano.

Para marzo de 2004 la cooperativa ya estaba intervenida por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) por anomalías administrativas, como la falta de los libros contables y las constantes irregularidades en la producción bananera. Los obreros, en tanto, se quejaban constantemente del atraso en los pagos de sus quincenas.

La actividad productiva de Coosemupar quedó paralizada desde el último trimestre de 2008 y el Estado se hizo cargo del pago de la planilla de los trabajadores y entregó subsidios millonarios a la cooperativa.

En su momento, la comisión liquidadora le presentó una propuesta al Ejecutivo para comprar los activos de Coosemupar, según la cual tendrían que desembolsar 13.8 millones de dólares, monto del cual se liquidaría a los trabajadores unos 9 millones de dólares en prestaciones. 

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